- El Registro de Voluntades Anticipadas suma 24.739 documentos
- El testamento vital, que puede incluir un representante legal, puede revocarse
A las puertas de una nueva legislatura que podría alumbrar leyes y medidas olvidadas durante meses por el bloqueo político, la Asociación Derecho a Morir Dignamente atisba con esperanza una nueva oportunidad para la ley de la Eutanasia. El caso de Ángel Hernández, el jubilado madrileño que el pasado mes de abril fue procesado por ayudar a suicidarse a su esposa, María José Carrasco, que sufría esclerosis múltiple, consiguió poner en el foco de atención pública el apoyo a la regulación de la eutanasia en nuestro país.
En la actualidad la eutanasia es ilegal en España, tal y como lo recoge el artículo 143 del Código Penal, que regula la inducción al suicidio y la cooperación con el suicidio de otras personas. El rango de penas va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja penal si existe una petición expresa de la víctima o si ésta padece una enfermedad grave.
El caso de Ángel Hernández provocó un movimiento ciudadano que a través de una plataforma virtual hizo llegar más de un millón de firmas de ciudadanos para poner de manifiesto a los partidos políticos del Congreso la urgencia en regular un ley de la eutanasia que permita la libertad de elegir morir dignamente.
El eco sobre esta ley también ha llegado a la provincia de Castellón, donde el verano pasado se gestó la agrupación local de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Integrada por una decena de personas y respaldada por las agrupaciones de la Comunidad Valenciana, donde alrededor de medio millar de ciudadanos luchan por defender este derecho, la agrupación trabaja para difundir las herramientas que de momento existen para defender la libertad, la autonomía personal y el derecho a decidir sobre cómo y cuando se quiere morir.
Tal y como explica Paco de Val Pardo, uno de los integrantes de la agrupación local de Castellón, «entre estas herramientas que refuerzan derechos que normalmente no ejercitamos destaca el testamento vital, un documento legal desde el año 2002 pero desconocido para muchos ciudadanos, en el que la persona manifiesta su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que desea recibir o rechazar en el caso de que, por el deterioro irreversible de su salud, llegue a una situación en el que ya no pueda expresarse».
Registro de Voluntades Anticipadas
Con este documento, que se registra ante el Registro de Voluntades Anticipadas de la Conselleria de Sanidad, las personas pueden evitar, según De Val, «mucho sufrimiento cuando están enfermas y también evitar que sus familiares sufran». Así, a través de este testamento vital las personas pueden renunciar a recibir alimentación artificial o distintos tratamientos.
Tal y como destacan los datos del Registro de Voluntades Anticipadas (VOLANT) registradas en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública desde su puesta en funcionamiento en el año 2006 hasta el primer semestre de 2019 en la Comunidad Valenciana se han registrado un total de 24.739 testamentos vitales.
Por provincias, en el periodo citado desde Castellón se han registrado un total de 2.770 testamentos vitales, cifra que representa un 4,1% del total de ciudadanos que pueden optar a realizar el testamento vital ya que en la actualidad tienen este derecho los mayores de 18 años (que en la provincia suman 420.732) y los menores anticipados.
Por su parte, en la provincia de Valencia se han registrado un total de 11.779 documentos, mientras en Alicante se han presentado 10.190 documentos.
El Registro de Voluntades Anticipadas también permite actuaciones sobre las Voluntades Anticipadas registradas previamente como, sustituirlas por otro contenido diferente, revocarlas en cualquier momento, así como cambiar el representante o realizar cualquier modificación o inclusión de nuevos criterios.
Tomando como modelo otros países europeos como Bélgica, Holanda o Suiza, que disfrutan de una legislación más avanzada en esta cuestión, la Asociación Derecho a Morir Dignamente apuesta también porque los médicos informen directamente a las personas enfermas de su enfermedad. «La Administración hace una ley pero no la pone en práctica y no forma a los profesionales para que así lo hagan», indica De Val al respecto, asegurando que es el enfermo y no la familia la que debe estar informado de su enfermedad para poder decidir sobre los tratamientos a aplicar.
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