Tras más de 35 años luchando por la aprobación de una norma que regule la eutanasia en España, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha conseguido, de la mano del PSOE y Unidas Podemos que hace dos semanas el Congreso de los Diputados diera luz verde a la tramitación de la ley de eutanasia. Nunca habían estado tan cerca de su objetivo.

Una vez se apruebe tras el proceso de enmiendas en el que se encuentra en estos momentos, uno de los propósitos de DMD será velar por la correcta aplicación de la ley. Su presidente, Fernando Marín, reconoce que le «preocupa» qué pueda pasar en la Región.

P ¿Cuántas personas calcula que están esperando la eutanasia en España?

R Miles, es difícil de saber porque no es legal. La experiencia de otros países nos desvela que, en el primer año de la ley, el 1% de los fallecimientos son por muerte voluntaria, por suicidio asistido, esto equivaldría a cuatro mil personas al año. Aparte están las peticiones, que podrían ser el doble o el triple. Gran parte de ellas en Bélgica, Países Bajos o Canadá, por ejemplo, no se aceptan porque no reúnen los requisitos o porque las personas mueren durante el proceso de tramitación.

P ¿Y en la Región de Murcia?

R Suponiendo que las eutanasias son el 1% de los fallecimientos, en Murcia nos salen ocho solicitudes y dos eutanasias a la semana.

P En Murcia gobierna el PP y Vox ganó las elecciones del 10N. ¿Creen que la aplicación de la eutanasia será problemática?

R Lo creemos y nos preocupa mucho. Ahora, en el trámite de enmiendas, queremos que quede claro cuáles son los plazos de la Comisión de Control y Evaluación. Imaginemos que tenemos a dos personas, una en Murcia y otra en Cataluña, ambos con cáncer de páncreas y a la que les dan diez meses de vida con tratamiento. Deciden que no quieren recibirlo, que quieren descansar con su familia y poder morir cuando ellos consideren. Podría ocurrir que en la comisión de Murcia dijeran que esa solicitud no es coherente porque primero ha de recibir los cuidados paliativos. Sin embargo, en Cataluña sí podrían aceptar la voluntad del paciente.

P Teme que en Murcia, para evitar eutanasias, podrían intentar alargar el trámite.

R Claro. No dirían que no, pero tampoco que sí. Seguro que habrá médicos dispuestos, pero eso no evita un posible bloqueo de la Comisión de Control. En DMD hemos planteado a la Comisión de Justicia que tramita la ley una enmienda para que se establezca un plazo cerrado para que la Comisión de Control tenga la obligación de responder en unos quince días, y que si no contesta, el silencio administrativo sea positivo.

P Esta Comisión de Control la nombra cada Gobierno . ¿Puede colocar a quien desee?

R Sí. Algunas autonomías son muy celosas de sus competencias. Esto puede llevar aparejado que gobiernos como el de Murcia nombre a personas con fuertes convicciones religiosas contrarias a este derecho. Los solicitantes de eutanasia murcianos tendrían que irse a Albacete a morir. Cuidado con esto, porque la Región podría enfrentarse a un delito de prevaricación. En DMD intentaremos que no haya sesgo ideológico y vamos a fiscalizar que la ley se cumpla.

P Algo así ocurría con el aborto en algunas comunidades.

R Efectivamente. En Navarra, donde el lobby del Opus Dei es fuerte, durante muchos años, las mujeres tenían que irse a San Sebastián. Esto el PSOE lo ve como un mal menor.

P ¿Les preocupa que haya un número alto de objetores de conciencia?

R No, en las encuestas que han hecho cuatro colegios de médicos sobre este asunto vemos que hay un 70% de sanitarios a favor de la medida, en torno a un 20% no está totalmente convencido y entre un 5 y un 6% está en contra. Al final, cada médico de cabecera tendría que llevar a cabo una o dos eutanasias al año.

P ¿Qué requisitos han de cumplirse para pedir la eutanasia?

R Solamente hay dos requisitos y ambos comparten el sufrimiento intolerable, aunque por circunstancias distintas. Una es una enfermedad grave con expectativa de vida limitada, y otro caso es por una enfermedad degenerativa, es decir, cuando hay un deterioro de la calidad de vida que implica una dependencia.

P ¿A quién debería dirigirse un murciano que sí que cumpla con estos requisitos?

R Lo ideal es que las eutanasias las practicara el médico de cabecera, que conoce al paciente, ya sabe si tiene cáncer o una enfermedad crónica, si tiene testamento vital, conoce sus valores y su forma de entender la vida.

P ¿Qué medicación se usa para el suicidio asistido?

R Normalmente se utilizan barbitúricos, el pentobarbital. Aunque, en menor medida, se pueden usar relajantes musculares.

P ¿Qué enfermedades suelen provocar que una persona no quiera seguir viviendo?

R Fundamentalmente, las terminales, por el alto número. En segundo lugar, degenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el párkinson o la esclerosis múltiple, que son muy impactantes. El 70% de las eutanasias en el Benelux son por cánceres terminales; enfermedades terminales cardíacas, el 5%; respiratorias, el 3%; hígado y riñón... Y luego hay un grupo mucho más reducido que son las ELA, párkinson, esclerosis múltiple, que están entre un 5 y un 6% de los casos. Hay un cajón de sastre, que son los ancianos con pluripatologías, personas que tienen secuelas de un ictus y se han quedado muy dependientes, o demencias, que no llegan al 2%. Al final, en torno al 90% son terminales, personas a las que le queda muy poco tiempo.

P ¿No habría bastado con una Ley de Cuidados Paliativos?

R Los paliativos y la muerte voluntaria circulan por vías paralelas, pero no son lo mismo. Los paliativos alivian el sufrimiento físico, algo que es necesario, evidentemente. Pero las razones para morir tienen que ver con la propia vivencia de la dignidad, con poder realizar actividades satisfactorias, con la voluntad firme de no ser cuidados, de no querer que les cambien un pañal. Esto no tiene que ver con los paliativos.

P ¿Qué sentido tiene DMD con la ley aprobada?

R Asociaciones como la nuestra en otros países han crecido exponencialmente tras la aprobación de la ley. Una manera de boicotear la eutanasia es no hacer absolutamente nada: no nombrar una comisión, no informar a los médicos ni a la población, etc. Si pasa, la gente no va a llamar a su propia Comunidad, que es la que no hace nada, sino a nosotros que, además de controlar, facilitaremos a los solicitantes todo lo que necesiten. Esperemos que no haya que recurrir a la Justicia.