Revista de prensa internacional – abril de 2022

“La lucha contra la administración es lo peor” declaró Andrea Mielke cuando le preguntaron sobre la tramitación de su solicitud de muerte asistida solicitada conforme a la ley que entró en vigor el 1 de enero. “El Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos y todos los organismos involucrados te dan la misma respuesta: “No damos información”. Una de las salvaguardias incluida en la ley es que no se puede “publicitar” la muerte asistida, y parece que todos estos organismos están cumpliendo a rajatabla con la prohibición. Mielke pudo sin embargo encontrar a dos médicos que certificaron su capacidad a tomar decisiones y su enfermedad grave e incurable, lo que le permitió acceder al medicamento letal y fallecer como lo deseaba a mediados de abril.

En 2020 se celebró en Gante el primer juicio penal en Bélgica contra tres médicos que habían participado en el proceso de eutanasia de Tine Nys, una mujer de cuarenta años con un largo historial de trastornos psiquiátricos. Demandados por la familia, fueron finalmente absueltos, pero la familia presentó una demanda en contencioso-administrativo contra el médico responsable. Las audiencias se acaban de celebrar y se espera sentencia en octubre. “Veo con inquietud multiplicarse las acciones de familiares contrarios a la eutanasia de su padre, de su madre, de su hermano. Ejercen presiones sobre los médicos para obstaculizar los procedimientos. (…) Lo que se quiso evitar al legislar -la judicialización de las cuestiones del final de la vida- está ocurriendo actualmente”, declara Jacqueline Herremans, presidenta de la asociación ADMD-Bélgica.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de desestimar la demanda interpuesta por un médico danés, Sven Lings, condenado en su país a 60 días de cárcel e inhabilitado profesionalmente por haber ayudado a tres personas a morir. La sentencia avala la condena confirmada por el Tribunal Supremo danés dado que la ayuda al suicidio es ilegal en Dinamarca. El tribunal recuerda que la Convención Europea de Protección a los Derechos Humanos (CEPDH) no reconoce el derecho al suicidio asistido ni el derecho a difundir información al respecto dentro del catálogo de derechos que asiste a los ciudadanos europeos.Sven Lings fundó en 2015 la asociación “Médicos a Favor de la Ayuda a Morir” que abogaba por la legalización del suicidio asistido y difundía información sobre métodos para un suicidio apacible. Declaró en 2017 en televisión que había ayudado a diez pacientes a morir. Los tribunales daneses fundamentaron su condena en tres casos en los cuales pudieron probar su intervención.Texto de la sentencia

Jacqueline Jencquel, que fue durante años vice-presidenta de ADMD-Francia, se ha suicidado a finales de marzo. Murió cuando quiso, en libertad. Hacía años que militaba por lo que llamaba la IVV-Interrupción Voluntaria de Vejez. Hace cuatro años, hizo pública su intención de terminar su vida de manera voluntaria, en Suiza: fue un pequeño escándalo mediático. Escribió un libro para contar su vida y explicar sus años de militancia en favor de la muerte voluntaria. Mantenía un blog con el título “La vejez es una enfermedad incurable” en el periódico suizo Le Temps. En la última entrada del blog explica su decisión y también el miedo y la rabia de tener que morir sola por culpa de unas leyes que no respetan la dignidad y la libertad de las personas. Es un texto muy bello y conmovedor.

El 25 de abril, para celebrar los veinte años de la ley de eutanasia, la asociación NVVE organizó una conferencia para debatir de la situación actual. Estuvo presente el actual ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, que pertenece al partido liberal D66. La directora de la asociación reflejó en su intervención la gran inquietud reinante en la asociación y entre los profesionales sanitarios por las declaraciones amenazantes del Fiscal General del Estado que repitió en varias ocasiones que los médicos harían bien en “pensar tres veces” antes de responder favorablemente a una solicitud de eutanasia. El ministro defendió que son los médicos y los comités de revisión quienes tienen la competencia para interpretar la ley de eutanasia, y que el argumento según el cual una interpretación más restrictiva de la ley protegería mejor a los médicos de la acción de la justicia era inaceptable. “Manos fuera de la ley de eutanasia” tituló uno de sus comunicados de prensa final la NVVE:

En la anterior legislatura, el texto de ley de eutanasia aprobado fue devuelto dos veces al parlamento, por el tribunal constitucional primero, y por el presidente de la república después. Pedían más precisión y coherencia en la definición de los requisitos para acceder a la muerte médicamente asistida. El parlamento surgido después de las elecciones del 30 de enero, en el cual el Partido Socialista tiene mayoría absoluta, permite albergar esperanzas razonables de que se apruebe nuevamente una ley de eutanasia. El Bloco de Esquerda ya ha registrado un proyecto de ley, y el nuevo portavoz socialista en el parlamento ha declarado que su partido “quiere hablar de la eutanasia lo antes posible”. Si todo va bien, un texto consensuado podría votarse antes de mediados de septiembre. Queda la incógnita de la posición que adoptará esta vez el presidente de la República.

La atención al final de la vida en el Reino Unido -cuna de los cuidados paliativos- se está deteriorando. En teoría, el Servicio Nacional de Salud (NHS) toma a su cargo los cuidados paliativos para pacientes en situación de rápido deterioro que pueden estar entrando en fase terminal de su enfermedad pero… el organismo retira este apoyo si el paciente vive más allá del tiempo pronosticado, según informa la BBC.El medio cita un caso digno de una película de Ken Loach: el de una enferma que fue diagnosticada con demencia en etapa terminal y fue ingresada en una residencia especializada del NHS. Su caso fue revisado al cabo de unos meses por una comisión pluridisciplinar constituida por médicos y trabajadores sociales: “Nos trataron como si estuviéramos intentando estafar al sistema,” declaró la hija de la paciente. “Sentí que su objetivo era recortar los fondos para cumplir con los presupuestos». Al término del proceso de evaluación se retiró el apoyo público y la familia tuvo que trasladar a la paciente a una residencia privada.

Ana Estrada, psicóloga peruana de cuarenta años enferma de polimiositis, enfermedad que la mantiene postrada en la cama la mayor parte del tiempo acaba de conseguir el derecho a morir cuando su situación se le haga insoportable. “Soy libre. Mi lucha siempre fue la defensa del derecho a elegir. Hoy lo he conseguido”, declaró Ana Estrada al conocer la sentencia. El Defensor del Pueblo apoyó su demanda formulada contra los ministerios de Sanidad y de Justicia y contra la Seguridad Social, que no recurrirán la sentencia. “He luchado para recuperar mi tiempo y decisiones sobre mi vida y mi cuerpo. Hoy me han concedido el derecho a elegir cuándo morir”, recalca Estrada. La sentencia, publicada a principios de marzo, despenaliza la eutanasia exclusivamente en el caso de Estrada, y establece plazos para la creación, por las administraciones demandadas, de comisiones de seguimiento del caso. Se mantendrá en secreto la identidad de los médicos que las integren. Una vez creadas, la Seguridad Social tendrá diez días para atender la solicitud de Ana Estrada cuando decida morir.

El Parlamento uruguayo examina actualmente un proyecto de ley de eutanasia presentado por el diputado colorado Ope Pasquet. A la hora de medir las posibilidades de éxito de la propuesta, una encuesta realizada por el periódico El Observador indica que tendría los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara de Diputados. En el Senado tendría a día de hoy 13 votos favorables, pero se necesitan 16. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, del partido Blanco, tiene el poder de vetar la ley si se aprueba en el Parlamento, pero todavía no ha desvelado cuál sería su posición.

En la ley de Opciones al Final de la Vida de California, como en todas las leyes de suicidio asistido americanas, un médico, una vez establecido que el paciente cumple los requisitos -es decir está en fase terminal de una enfermedad incurable- emite la receta del producto letal que la persona podrá tomar por su cuenta en el momento que le parezca oportuno. Este sistema discrimina a las personas que no tienen la capacidad de tomar por sí mismas la medicación. Un Tribunal Federal está examinando la demanda presentada por varios pacientes según la cual esta ley constituiría una violación de los derechos de los pacientes con discapacidad. Una sentencia favorable -que parece posible- constituiría jurisprudencia a escala nacional.

La ley, aprobada en referéndum en 2020, entró en vigor en noviembre pasado. A finales de marzo, el Ministerio de Sanidad neozelandés ha publicado el primer informe. Según la ley, los informes a partir de ahora se publicarán trimestralmente. En estos primeros cinco meses, 206 personas han solicitado la ayuda médica para morir. 66 han podido llevar la tramitación a término y han fallecido en el marco de la ley. 59 personas están todavía en el proceso, 81 no cumplían los requisitos, han renunciado o han fallecido antes por su enfermedad. El 80% de las personas que consiguieron la ayuda médica para morir estaban en cuidados paliativos, y el 73% falleció en su domicilio.

Acaba de salir en las librerías canadienses “La última semana” (Last week, en inglés), un libro infantil ilustrado que presenta la muerte asistida a través de los ojos de un niño. El niño cuenta atrás, literalmente, los últimos días de vida de su abuela: “»Me quedé despierto. Hice los cálculos. En cuatrocientos treinta y dos mil segundos, esta última semana habrá terminado” dice el niño mientras reflexiona sobre la situación. El escritor, Bill Richardson considera que, a medida que la ayuda médica a morir se vuelva más común, más niños tendrán que enfrentar este tipo de situaciones en la cual “cambia hasta la forma en que lloramos”. Richardson brinda una mirada hermosa y clara de cómo puede ser el duelo cuando alguien ha elegido esta ruta. La Dra. Stefanie Green, pionera de la muerte médicamente asistida en Canadá y cofundadora y presidenta de la Asociación CAMAP-Asociación Canadiense de Asesores y Proveedores de Muerte Médicamente Asistida ha escrito el epílogo del libro.

El director argentino afincado en Francia Gaspar Noé presenta en “Vortex” la vida cotidiana de una pareja de ancianos: él, antiguo crítico de cine, prepara un libro dedicado a los sueños y el cine. Ella, una antigua psiquiatra, padece la enfermedad de Alzheimer. El director se inspiró en el final de vida de su propia madre, y dedica la película a “las personas cuyo cerebro se descompondrá antes que el corazón”. El espectador asiste al dolor y a la pesadilla de un final de vida minado por la vejez y la demencia.

El investigador holandés Martijn Hagens ha publicado su tesis sobre la asistencia al suicidio no punible al margen de la ley neerlandesa de eutanasia. La tesis parte de los antecedentes históricos y jurídicos de la asistencia al suicidio en los Países Bajos. La jurisprudencia ha aclarado que, al margen de la ley de eutanasia, la asistencia al suicidio no es punible cuando esta asistencia se limita a (1) tener conversaciones sobre el deseo de poner fin a la vida, (2) ofrecer apoyo moral (incluida el acompañamiento con la condición de que no se ofrezca una asistencia activa), y (3) proporcionar información general sobre los métodos para terminar con la propia vida. Varias organizaciones holandesas ofrecen esta asistencia no punible en caso de suicidio en forma de asesoramiento no directivo. Martijn Hagens investiga las características de esta asistencia al suicidio, y las características de las personas que la buscan.