Revista de prensa internacional – 1ª quincena de diciembre 2020

De cara a las elecciones de 2021 se está creando un partido -llamado New Democracy- que tiene en su programa la “pildora de la última voluntad para las personas que piensan sus vidas cumplidas”. (En el artículo: link a una entrevista de su fundador).

Sean Davison escribe a la primera ministra de Nueva Zelanda solicitando el “perdón” : había sido condenado en Nueva Zelanda por ayudar a su madre a morir en 2012. Ahora está cumpliendo una pena de reclusión domiciliaria de 3 años en Sudáfrica, país donde vivía desde 2012, por haber ayudado a tres hombres a morir. Sean Davison es presidente de la WFRTDS. Se piensa que otros condenados por los mismos delitos, ahora que se acaba de aprobar la ley de ayuda médica a morir, solicitarán el perdón

Filibusterismo parlamentario por parte de los conservadores para bloquear la modificación de la ley de ayuda médica a morir impuesta por un tribunal quebequense que declaró el requisito de “muerte natural razonablemente previsible” anticonstitucional.
A pesar de su obstrucción, el proyecto de ley, presentado en el mes de febrero por el gobierno, ha sido finalmente aprobado por el parlamento por 212 votos a favor y 107 en contra el 10 de diciembre.
Ahora lo tiene que aprobar el senado, en teoría antes del 18 de diciembre, límite del segundo plazo acordado al gobierno por el tribunal de Québec para modificar la ley.

El 11 de diciembre, el gobierno federal ha solicitado finalmente una ampliación del plazo hasta el 26 de febrero al tribunal superior de Québec

Análisis muy completo (y crítico) en formato FAQ del proyecto de modificación de la ley de muerte asistida presentado por el gobierno (ley C7) hecho por la asociación Dying with Dignity

El mayor de los problemas planteado por esta obstrucción de los conservadores a la adopción de la ley C7 es el vacío jurídico provocado: según la sentencia del tribunal de Québec, el requisito de terminalidad ya no es obligatorio en la provincia, pero hay contradicción con la ley federal que no lo ha derogado. Se crea así una situación de inseguridad jurídica y los pacientes serán los principales perjudicados como denuncia la AQDMD

La ley canadiense (C-14) que se aprobó en 2016, recoge como paso necesario en el proceso, que dos testigos independientes verifiquen la firma de solicitud por escrito por parte del paciente. Esta fórmula planteada como medida protectora, pronto se convirtió en un obstáculo para su desarrollo. Muchas personas no encontraban los dos testigos necesarios, especialmente las personas mayores que permanecían aisladas. En respuesta se puso en marcha un programa de voluntariado que, desde la Columbia Británica, se ha extendido por todo el país. Si se aprobara la ley C-7, solo sería necesaria la presencia de un testigo. La función del testigo es verificar la identidad del paciente y estar presente mientras firma. Sin este paso el proceso no puede seguir adelante.

Este artículo expone cómo funciona el acompañamiento al suicidio en Suiza. Las personas de las asociaciones que acompañan son en general jubilados, pero no son simples voluntarios: reciben honorarios:

“Los asistentes al suicidio de EXIT son autónomos. Por cada caso reciben CHF650 ($ 730). Además de eso, reciben una asignación básica para gastos como llamadas telefónicas y viajes al lugar del fallecimiento. “Por regla general, un asistente suicida dedica unas 20 horas a cada caso. Eso equivale a una tarifa por hora de 35 a 40 francos por hora, aproximadamente el equivalente a la retribución de trabajos de enfermería”.

El número de suicidios asistidos se ha triplicado en 10 años. Representa el 1,8% de los fallecimientos anuales. Una proporción algo inferior al de Bélgica y aproximadamente la mitad que la de Países Bajos

El 11 de diciembre, el tribunal constitucional austríaco dictaminó que la prohibición legal de la ayuda al suicidio viola el derecho a la autodeterminación. Según la sentencia es inconstitucional prohibir cualquier tipo de asistencia al suicidio sin excepción. Sin embargo, matar a pedido sigue siendo un delito. El derecho a la libre autodeterminación engloba «tanto el derecho a desarrollar la propia vida como el derecho a una muerte digna».

Por primera vez el gobierno presenta un proyecto de ley de eutanasia: para pacientes mayores de 18 años o menores de más de 12 años con salvaguardas reforzadas; estado terminal (pronóstico de menos de 6 meses); estar en cuidados paliativos. Un comité formado por un médico especialista en la patología presentada por el paciente, un abogado y un siquiatra o sicólogo son los que dan la conformidad.

Una diputada del partido Les Républicains (conservadores) presentará próximamente, con el apoyo de la ADMD, un proyecto de ley sobre el acompañamiento al final de la vida, los cuidados paliativos y el suicidio asistido

Tasmania podría ser el tercer estado de Australia en aprobar una ley de muerte médicamente asistida. Recibió, en segunda lectura, 17 votos favorables y 7 en contra. Sólo permite el acceso a la muerte asistida a pacientes con un pronóstico de menos de 6 meses. La votación final se prevé en marzo 2021. No entraría en vigor antes de 2022.

Texto del proyecto de ley presentado en este Estado

Una encuesta realizada en Massachusets por The Globe Spotlight muestra que la mayoría de los residentes en el estado están de acuerdo en aspectos relacionados con el tema de la muerte. Los encuestados dicen que la sociedad sería mejor si se hablara más abiertamente y creen que los enfermos terminales deberían tener más opciones para poder elegir cuándo y cómo morir.

Mayores y sutiles diferencias se ponen de manifiesto si se toma como referencia género, raza, educación… La encuesta muestra diferencias en los tipos de enfermedades que la gente más teme, cómo la religión afecta al punto de vista sobre la muerte y cuándo detener un tratamiento en el fin de la vida.

Entre afroamericanos e hispanos es más probable que las creencias religiosas guíen sus deseos relacionados con el final de la vida. Los primeros, con mayor frecuencia que otros grupos, quieren continuar tratamiento en caso de tener una enfermedad incurable y debilitante, probablemente reflejando antiguos miedos de no recibir tratamiento debido a la discriminación.

La encuesta muestra también que las mujeres, más que los hombres, consideran que hablar públicamente sobre la muerte es bueno.

En Malta está creciendo el debate acerca de la eutanasia. Incluye tres aspectos diferentes: las directivas anticipadas, el suicidio asistido y la eutanasia. La eutanasia no es legal y el suicidio asistido es un crimen castigado con penas de hasta 12 años de prisión. Los pacientes pueden rechazar el tratamiento. Las voluntades anticipadas no están reguladas. La eutanasia cuenta cada vez con mayor aceptación, especialmente por parte de los jóvenes.