Tanto la eutanasia como el suicidio asistido son delitos en España. La ley castiga con cárcel a quienes ayuden a morir a una persona, aunque esta lo haya pedido libremente aquejada de un sufrimiento insoportable e irreversible

El Código Penal prevé condenas de varios años de prisión para cualquier persona que actúe como cooperadora necesaria en la muerte de otra, aunque esta última lo haya pedido libremente a causa de un sufrimiento irreversible e insoportable.

Sin embargo, en España y en todo el mundo se practican eutanasias clandestinas a menudo. Un estudio de la OCU en el 2000 reveló que alrededor de uno de cada diez médicos en España reconoce haber ayudado a morir a sus pacientes. Además, aclara que la mayoría del personal sanitario desea una despenalización de la eutanasia siempre que se haga acompañada de normas y protocolos claros. 

Todas las encuestas revelan que una amplia mayoría de la ciudadanía apoya que se despenalice la muerte asistida y se regule con garantías. La más reciente, de Metroscopia (en 2017), eleva el apoyo al 84% de la población, uno de los más altos de Europa. Una encuesta europea elaborada por Ipsos Mori para The Economist (en 2015) cifró este apoyo en un 78%.

En 2018, por primera vez, se han admitido a trámite dos proyectos de despenalización de la eutanasia en el Congreso de los Diputados.

Código Penal. Art. 143
  1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
  2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
  3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
  4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.