Tanto la eutanasia como el suicidio asistido son delitos en España. La ley castiga con cárcel a quienes ayuden a morir a una persona, aunque esta lo haya pedido libremente aquejada de un sufrimiento insoportable e irreversible

El Código Penal prevé condenas de varios años de prisión para cualquier persona que actúe como cooperadora necesaria en la muerte de otra, aunque esta última lo haya pedido libremente a causa de un sufrimiento irreversible e insoportable.

Sin embargo, en España y en todo el mundo se practican eutanasias clandestinas a menudo. Un estudio de la OCU en el 2000 reveló que alrededor de uno de cada diez médicos en España reconoce haber ayudado a morir a sus pacientes.

Todas las encuestas revelan que una amplia mayoría de la ciudadanía apoya que se despenalice la muerte asistida y se regule con garantías. Las más reciente, de Metroscopia (en 2019) y de Ipsos (en 2018), elevan el apoyo al 87% y 85% de la población, respectivamente. Una encuesta europea elaborada por Ipsos Mori para The Economist (en 2015) cifró este apoyo en un 78%.

En noviembre de 2018, el Colegio de Médicos de Bizkaia publicó una encuesta entre sus colegiados, la única de este estilo en España, que lleva el apoyo a la eutanasia entre estos profesionales al 86%. Además, dos de cada tres aseguraron que no se acogerían a la cláusula de objeción de conciencia.

En abril de 2019, el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja presentó los resultados de una encuesta entre sus colegiados sobre la eutanasia. En este caso el apoyo a despenalizar la muerte asistida también es abrumador. El 81% de las personas consultadas se mostró a favor de legalizar la eutanasia.

En 2018, por primera vez, se admitieron a trámite dos proyectos de despenalización de la eutanasia en el Congreso de los Diputados. Y aunque contaban con suficiente apoyo para ser aprobadas, el filibusterismo parlamentario de los grupos conservadores bloqueó su tramitación hasta que la convocatoria de elecciones hizo que decayesen.

Código Penal. Art. 143
  1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
  2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
  3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
  4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.