Solo ocho países han despenalizado la ayuda médica a morir. Su experiencia demuestra que es posible regular la eutanasia con seguridad y lograr que la ciudadanía pueda decidir en libertad sobre su propio final

Aunque la eutanasia es una práctica común en todo el mundo, solo Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Canadá cuentan con leyes que la regulan a nivel estatal. En Colombia la eutanasia es un Derecho Constitucional desde 1998 pero, sin embargo, no existe una ley que regule esta práctica con claridad, por lo que el acceso es realmente difícil.

La ley de muerte asistida del estado de Victoria, en Australia, entró en vigor en junio de 2019. Western Australia aprobó la suya en diciembre de ese mismo año y entrará en vigor a mediados de 2021. Nueva Zelanda aprobó en referéndum (octubre 2020) una ley de eutanasia que entrará en vigor en noviembre de 2021. Además, en muchos países desarrollados existen iniciativas para impulsar su despenalización.

Setenta millones de estadounidenses en nueve estados de EE UU –Oregón (1994), Washington (2008), Montana (2009, por decisión judicial),  Vermont (2013), Colorado (2016), California (2016) y Hawái (2018), Nueva Jersey (2019), Maine (2019) y la capital, Washington D.C. (2016)– tienen derecho a un suicidio asistido, aunque solo cuando su supervivencia esperada es de 6 meses o menos. Recientemente se han presentado propuestas de regulación en otros 19 estados.

Algunas asociaciones estadounidenses consideran que la ayuda médica para morir (MAiD, Medical Aid In Dying), la muerte médicamente asistida o la muerte digna no deben denominarse suicidio asistido. Además, afirman que es una práctica completamente ajena a la eutanasia. Detrás de este debate terminológico existe un tabú, el de la muerte voluntaria, que no ha afectado tanto a Europa.

Suiza no penaliza la asistencia al suicidio en algunas circunstancias y es el único país del mundo que acepta con normalidad que ciudadanos de otros países puedan viajar a morir dentro de sus fronteras.

En Alemania, el Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia de 2020 el derecho a la autodeterminación al final de la vida y anuló el artículo del Código Penal que prohibía la ayuda al suicidio, dejando la puerta abierta a que el Parlamento regule este derecho. Amparadas por esta sentencia, las asociaciones de muerte digna han vuelto a ofrecer su ayuda.

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Mesa redonda sobre la eutanasia celebrada en el Congreso de los diputados (2018)

Otros documentos

Asociaciones que ayudan a extranjeros (suicidio asistido)