Revista de prensa internacional – 2ª quincena de enero de 2022

Actualmente, tres asociaciones proporcionan ayuda a morir, al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció el derecho a la autonomía al final de la vida en 2019: Dignitas Deutschland en Hannover, Verein Sterbehilfe en Hamburgo y DGHS (la DMD alemana) en Berlín. Han creado sus protocolos y se declaran contrarias a una regulación que podría restringir el acceso a la ayuda a morir. Un equipo formado por un médico y un abogado informa, asesora y evalúa la solicitud. Si embargo, la tramitación de la demanda es larga y muy costosa (entre 6 y 9.000 euros).Fuera de los sanitarios comprometidos con estas asociaciones, los médicos en general son bastante remisos a participar en procesos de ayuda a morir, sea por falta de formación, sea por la percepción de inseguridad jurídica debida a la ausencia de legislación. A estas dificultades hay que añadir los problemas planteados por el acceso al pentobarbital. El Instituto Federal del Medicamento de Bonn ha contestado negativamente a todos los pacientes que han solicitado el producto. Estos últimos -principalmente pacientes con cáncer o enfermedades neurodegenerativas- han presentado un recurso. Se espera sentencia a principios de febrero.

Se acaba de presentar un nuevo proyecto de ley de muerte asistida apoyado por diputados de todos los partidos a excepción del ultraderechista AfD. Paradójicamente, no se centra en el derecho a la autodeterminación reconocido por la sentencia del Tribunal Constitucional, sino en la prevención del suicidio, con el fin de evitar una hipotética pendiente resbaladiza. El texto es muy restrictivo: establece un proceso deliberativo con dos médicos, orientado a mostrar las alternativas al suicidio, e introduce un período de espera; por otra parte, prohibiría lo que llaman el “suicidio comercial” y toda difusión de información sobre ello, lo que condenaría al cierre de las asociaciones que ayudan actualmente a los pacientes que desean morir amparándose en la sentencia del Constitucional. Con este enfoque contrario a la disponibilidad de la propia vida, la DGHS la ha bautizado “Ley de Prevención del Suicidio 2.0”.

La ley permite solicitar la ayuda a morir a pacientes adultos y competentes, en etapa terminal de una enfermedad o padeciendo una enfermedad incurable e imposibilitante. Dos médicos -uno de los cuales especialista en medicina paliativa- deben confirmar la competencia del paciente y el diagnóstico. En caso de respuesta positiva, el solicitante, después de un período de espera de 12 semanas (solo dos en caso de enfermedad terminal) debe formalizar su solicitud ante notario o ante un defensor del paciente que emitirá una notificación que le permitirá adquirir la medicación letal en una farmacia. La ley excluye a los menores de edad y a los pacientes con enfermedad mental. La eutanasia sigue penalizada en Austria.

En Italia, las cosas avanzan paso a paso, pero los políticos levantan nuevos obstáculos a cada paso. Recordemos que en 2019 una sentencia del Tribunal Constitucional despenalizó la ayuda a morir en caso de paciente adulto, competente, con enfermedad irreversible, sufrimiento físico o psíquico intolerable y dependiente de medidas de soporte vital. En la misma sentencia, pedía al Parlamento legislar sobre la cuestión.Por otra parte, el año pasado, la asociación Luca Coscioni entregó al Tribunal Supremo más de un millón de firmas a favor de la celebración de un referéndum para modificar el art. 579 del código penal relativo al “homicidio consentido”; el 15 de febrero el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la conformidad de esta consulta con el texto constitucional.En una maniobra para intentar frenar la iniciativa de referéndum, dos diputados – uno del M5S y el otro del PD- han registrado un proyecto de ley en el Parlamento, que se debatirá a principios de febrero. Para colmo, este proyecto de ley representa un retroceso si se compara con la sentencia de 2019 e introduce además el requisito de terminalidad.

El Expertisecentrum Euthanasie es una entidad formada por 160 médicos y enfermeras que trata las solicitudes de eutanasia más complejas, de las cuales a menudo los médicos de familia no quieren encargarse. Sin duda, los casos más difíciles son los de pacientes con enfermedades psiquiátricas que muchos médicos de familia derivan a este Centro. Una de las dificultades de estos casos es que a menudo se trata de pacientes jóvenes. Sólo uno de cada diez consigue una respuesta positiva. La pandemia ha contribuido a complicar la situación, incrementando los períodos de espera. El año pasado, el Centro recibió una cantidad sin precedente de pacientes, debido a la sobrecarga de trabajo de los médicos de familia, con retrasos en la evaluación desde algunas semanas hasta dos años en los casos de enfermedades psiquiátricas.

En un artículo de opinión, Simon Groen, médico en el Expertisecentrum Euthanasie expone que la ciudadanía holandesa tiende a creer que haber redactado unas directivas anticipadas, que indican el deseo de recibir la eutanasia en caso de demencia, es una garantía de poder escapar al deterioro que supone el avance de la enfermedad. El problema es que, además de la directiva anticipada, se debe cumplir otro requisito: padecer un sufrimiento insoportable. Sin embargo, ese sufrimiento muchas veces ya no existe cuando la demencia ha progresado tanto que el paciente se encuentra incapacitado. Simplemente ya no sabe quién es. Se trata de una paradoja cruel: la demencia que tanto se teme roba la única condición necesaria para poder recibir la eutanasia cuando llegue el momento.

El domingo 30 de enero se celebraron elecciones en Portugal. En uno de los últimos mítines de la campaña, Catarina Martins, líder del Bloco de Esquerda declaró: Les quiero dar la garantía de que el Bloco de Esquerda presentará el proyecto de ley para despenalizar la muerte asistida el primer día de la próxima legislatura: con una formulación que cumpla con las exigencias de la Corte Constitucional, despejando todas las dudas y todas las ambigüedades”. «Será una ley muy meditada», «con profundo respeto por los que sufren» y «con la humildad de saber» que es necesario «escuchar y respetar el deseo último de todos y cada uno, se despenalizará la muerte asistida en Portugal».

La fiscalía del Reino Unido propone un cambio de criterios en los casos llamados “homicidios piadosos”. Las personas que responden a la petición de morir de un ser querido aquejado de una dolencia grave y de gran sufrimiento tendrán menos probabilidades de ser juzgadas por asesinato, según la nueva orientación legal propuesta. «No estamos despenalizando ningún delito», declara el fiscal general, “pero en casos trágicos nacidos únicamente de la compasión, a veces hacer justicia es no procesar”. En un borrador de directrices actualmente en discusión, se indica que no se debe llevar a juicio los casos en que la “víctima haya pedido ayuda para poner fin a su vida, tomando esta decisión de manera voluntaria, clara, reflexionada e informada”, entre otros factores. “Nuestros fiscales están lidiando con circunstancias muy emotivas… En muchos casos, se encuentran con familiares que han visto con angustia a su ser querido sufrir durante años por enfermedad grave. Es importante que seamos sensibles en estos casos”.

El 6 de enero Victor Escobar, enfermo de EPOC, pudo acceder a la eutanasia y el día siguiente Marta Sepúlveda, enferma de ELA, pudo también ejercer su derecho a una muerte medicamente asistida. La historia de Marta Sepúlveda tuvo mucha repercusión mediática en el mundo entero cuando la institución sanitaria de la que dependía suspendió la eutanasia el día antes de la fecha programada, por haber reconsiderado el diagnóstico de la paciente. Una intervención del Tribunal Constitucional recordando su sentencia del año pasado que eliminó el requisito de terminalidad hasta ahora vigente, obligó a reprogramar la intervención, en nombre de “los derechos fundamentales a morir dignamente, la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana”. Estas dos eutanasias han tenido muchas repercusiones en Latinoamérica, donde proyectos de ley de eutanasia están en debate en los Parlamentos de Chile, Argentina y Uruguay y el Tribunal Constitucional de Perú está considerando la demanda de Ana Estrada que solicita ayuda para morir.

Un número creciente de canadienses recurren a la AMM desde que se legalizó en 2016. El Instituto de Estadísticas canadiense ha publicado recientemente en un informe los datos relativos a la AMM en los últimos años. Hubo 2.838 fallecimientos en 2017, 4.478 en 2018 y 5.425 en 2019. En 2020 se practicaron 7.383 AMM -un aumento notable del 36% en relación al año anterior- que representaron el 2,4% de todos los fallecimientos. Tres cuartas partes o el 75,5 % de las personas que presentaron una solicitud en 2019 y 2020 “pudieron acceder a la AMM”, indica el informe. “Los aumentos observados en las muertes médicamente asistidas coinciden con los observados internacionalmente en jurisdicciones donde alguna forma de muerte asistida es legal”, indica el informe.

En marzo de 2022, un panel de expertos independientes entregará un informe al Parlamento canadiense con recomendaciones sobre las condiciones en las cuales se podría permitir el acceso a la muerte médicamente asistida a las personas con enfermedades mentales como única condición médica subyacente. En marzo de 2023, se levantará la exclusión de estos pacientes. Actualmente hay un gran debate alrededor de esta cuestión y aumenta la presión de los partidarios de revertir esta ampliación y hacer que la exclusión sea permanente. y, suponiendo que eso no suceda, se deberán tomar decisiones sobre la orientación clínica de la MMA para enfermedades mentales. En esta perspectiva, la Asociación Canadiense de Psiquiatría ha realizado una encuesta entre sus miembros, de los cuales alrededor de 40% responden positivamente a la apertura de la ayuda médica a morir a pacientes psiquiátricos.

La ley aprobada en 2016 en el estado de California permite acceder a una medicación letal a pacientes adultos con un pronóstico de vida de menos de 6 meses. El Senado de este estado aprobó en octubre pasado una serie de medidas que han entrado en vigor a principios de 2022: las instituciones sanitarias tienen que explicitar su política relativa a la muerte asistida en sus páginas web; el médico tiene la obligación de inscribir la primera solicitud de ayuda morir del paciente en el historial médico, aunque no vaya a responsabilizarse del proceso de evaluación; se reduce de 15 días a 48 horas el período entre las dos solicitudes orales exigidas por la ley. Son pequeños pasos ciertamente positivos en una ley muy restrictiva, como todas las de muerte asistida aprobadas en los Estados Unidos.

El capital privado se está volcando en el sector de los cuidados paliativos, anteponiendo claramente los beneficios económicos a la calidad de los cuidados. Algunos de los primeros hospicios creados en los Estados Unidos en los años 70 se han transformado ahora en gigantescas empresas en busca de ganancias. Opacidad, choques entre equipos de marketing y equipos médicos, fraudes a la administración, así como malos tratos a los pacientes, están a la orden del día.

En el marco de la Ley de Terminación de la Vida a Petición Propia y Evaluación del Suicidio Asistido, la ayuda médica a morir también es posible en pacientes con un trastorno mental. Existe un consenso en la sociedad neerlandesa, así como entre los especialistas, de que se debe tener especial precaución cuando la base de una solicitud es principalmente un trastorno psicológico. Esta guía tiene como objetivo delinear un procedimiento actualizado, cuidadoso y útil que corresponda a los estándares éticos de la profesión médica y de la sociedad y que pueda implementarse en la práctica contemporánea.

‘Por su propio bien’: una respuesta a los argumentos populares en contra de permitir el acceso a la ayuda médica a morir cuando la enfermedad mental es la única condición subyacente”