La ley entró en vigor el 1 de enero 2022 y permite el acceso a un producto letal a personas con enfermedades terminales o con enfermedades crónicas graves e incurables. El solicitante debe consultar con dos médicos, uno de ellos especialista en cuidados paliativos, que deben confirmar su capacidad de tomar decisiones, que cumple con los requisitos clínicos y que su decisión de morir es voluntaria y constante. Con el informe de los médicos, el paciente puede solicitar el acta notarial que le permite comprar el producto letal en una farmacia.
El proceso es largo y complicado. El solicitante debe buscar a los médicos, lo cual es difícil ya que solo existen listas de médicos dispuestos a ayudar en la ciudad de Salzburgo. Una vez salvado esta primera etapa, solo 150 notarías extienden el documento necesario, mediante pago, y de las 1500 farmacias existentes, solo 300 acceden a suministrar el producto letal. Estas dificultades explican que, en el primer año de vigencia de la ley, se han emitido apenas 110 documentos notariales y 90 personas compraron el producto letal. Finalmente menos de diez lo utilizaron.
Después de una ligera caída en las eutanasias registradas en 2020 (probablemente debido a la pandemia de Covid-19), el número de eutanasias registradas aumentó en 2021 en un 10,4% en comparación con 2020, volviendo así al nivel del año 2019: se registraron 2445 eutanasias en 2020 y 2700 en 2021. Son principalmente los pacientes de los grupos de edad de 60, 70 y 80 años los que solicitan la eutanasia (77%). El mayor grupo de pacientes corresponde al grupo de edad entre 80 y 89 años (28,3%). No se registró ninguna declaración relativa a la eutanasia de un menor. Desde 2020 ha aumentado el número de eutanasias realizadas en el domicilio (54,3%), mientras disminuye el número de eutanasias realizadas en hospitales y unidades de cuidados paliativos (30,4%). Menos del 1% de los casos de eutanasia correspondieron a pacientes inconscientes que hicieron una declaración anticipada.
En la gran mayoría de los casos (85,6%), el médico consideró que la muerte del paciente era previsible a corto plazo. Los pacientes cuya muerte claramente no se esperaba a corto plazo padecían principalmente pluripatologías. El grupo de pacientes oncológicos sigue siendo el grupo más numeroso (64,3%). Las solicitudes de eutanasia por trastornos mentales y del comportamiento (en este grupo se incluyen los trastornos de la personalidad y los trastornos cognitivos como la enfermedad de Alzheimer) siguen siendo marginales (1,9% de todas las eutanasias).
La ‘convención ciudadana’ sobre el final de la vida, reunión de unas 180 personas representativas de la población del país, ha empezado a andar el 9 de diciembre y ha definido diez ejes principales de reflexión que abarcan tanto el desarrollo de los cuidados paliativos, la lucha contra los llamados “desiertos médicos” (zonas rurales en particular donde no se instalan médicos), como la regulación de alguna forma de ayuda médica a morir. Deberá entregar sus conclusiones al gobierno en marzo. Lo cierto es que hay voluntad política -por lo menos a nivel parlamentario-, y una fuerte demanda ciudadana desde hace mucho tiempo, para avanzar hacia un cambio legislativo. El interrogante sigue siendo si el gobierno estará dispuesto a dar este paso.
Paralelamente el gobierno ha encargado a un grupo de expertos presidido por el político y escritor Erik Orsenna para trabajar sobre el léxico relacionado con el final de la vida con el fin de ‘acompañar la reflexión de los franceses’ y también ‘enfrentar el tabú y el miedo a la muerte’.
Dignitas, considerando que las disposiciones legales francesas desconocen “el derecho a la vida, al respeto de la vida privada y familiar, así como a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ” presentó dos recursos ante el Consejo de Estado, recursos que acaban de ser desestimados. A diferencia de lo que acaba de ocurrir en Francia, las acciones interpuestas por la asociación en Austria y Alemania en 2020 tuvieron un resultado favorable. En estos dos países, las Cortes Constitucionales han dictaminado que el derecho a poner fin a la propia vida forma parte del derecho fundamental de la persona y de su dignidad.
Dignitas piensa recurrir ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Dos activistas italianas pertenecientes a la Asociación Luca Coscioni, acompañadas por Marco Cappato y Filomena Gallo, respectivamente tesorero y secretaria general de la asociación, acudieron a una comisaría de policía en Florencia para autoinculparse por acompañar a un hombre de 44 años con esclerosis múltiple a morir en Suiza. Esta estrategia de desobediencia civil trata de conseguir por vía judicial la eliminación del requisito de dependencia de medidas de soporte vital para poder acceder a una ayuda médica a morir.
En este vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, la NVVE, asociación neerlandesa de muerte digna, ha creado los’ Diálogos Els Borst’ (del nombre de la ministra de sanidad que impulsó el proyecto de ley en su momento): se trata de fomentar una reflexión conjunta entre público, expertos y médicos para buscar las vías que permitan generalizar esta ‘conversación’ con el médico generalista, normalizándola en la práctica. Lo que representaría un gran paso para mejorar la calidad de la etapa final de la vida y de la muerte misma.
Así define la NVVE la sentencia pronunciada por un tribunal de La Haya, contraria a la demanda presentada por la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) contra la prohibición del suicidio asistido. El tribunal rechaza el argumento de los activistas según el cual la prohibición viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El “derecho a decidir sobre el final de la propia vida está efectivamente protegido” por la convención, reconoce el tribunal. Sin embargo, el Estado tiene también el deber de proteger a las personas vulnerables. La actual legislación neerlandesa, según el tribunal, ha alcanzado un perfecto equilibrio.
La NVVE está profundamente decepcionada por la sentencia, y se pregunta por qué “la gente tiene que morir de una manera terrible. Y por qué nos basamos en una legislación obsoleta, hecha cuando la autodeterminación al final de la vida era todavía ‘pecaminosa’”. Según ella, los Países Bajos están perdiendo su posición pionera dado que “Alemania y Austria nos están alcanzando en lo que respecta a permitir el suicidio asistido por un médico bajo ciertas condiciones”.
El parlamento aprobó el 9 de diciembre una ley de eutanasia con 126 votos a favor, 84 en contra y 4 abstenciones. Era la tercera vez que el parlamento aprobaba una ley de eutanasia: en marzo de 2021 el texto fue rechazado por el Tribunal Constitucional por imprecisiones conceptuales y a finales de noviembre de 2021, el presidente de la República vetó una nueva versión del texto. Esta vez, superadas diferentes tentativas de obstrucción de parte de conservadores y extrema derecha, la versión oficial del texto se mandó finalmente al presidente de la República el 4 de enero. No tardó ni un día en solicitar su revisión por el Tribunal Constitucional, “por una cuestión de seguridad jurídica”, como declaró a la prensa. Además de denunciar que no se ha tenido en cuenta a los parlamentos de las regiones autónomas de Azores y Madeira, el presidente portugués señala sus dudas en cuanto a la adecuación de los cambios realizados en el texto de la nueva ley para cumplir con los requerimientos del Tribunal Constitucional formulados en su sentencia de marzo 2021.
Cuando se pronuncie el tribunal, la ley será devuelta al presidente que tiene la última palabra.
La comisión de Salud y Atención Social del parlamento lanza una investigación sobre la posible regulación de la muerte asistida. Se propone estudiar el papel de los profesionales médicos, el acceso a los cuidados paliativos, qué salvaguardas serían necesarias y los requisitos para acceder a la muerte asistida. Los parlamentarios también analizarán lo que se puede aprender de las experiencias internacionales.
El 1 de diciembre, el parlamento anunció la apertura de una consulta ciudadana de 8 semanas de duración sobre la muerte asistida para pacientes en etapa terminal de una enfermedad grave e incurable, como consecuencia de un voto anterior favorable a la elaboración de un borrador de ley. El proyecto de ley tomará en cuenta los resultados de esta consulta y podría estar redactado para mayo de 2023.
Un tribunal acaba de condenar al ex presidente de la Asociación de Muerte Digna sueca por infringir la ley del medicamento. Esta condena se añade a la retirada de su licencia profesional pronunciada anteriormente por la inspección médica. Bergström contó a la prensa que la fiscalía no dudó en afirmar en el juicio que sus acciones “podrían equipararse con las de un proxeneta que le da drogas a un adicto en la calle”. Recordemos que Bergström se autoinculpó por ayudar a morir a un paciente con ELA que tuvo que cancelar su viaje a Suiza durante la pandemia.
El ministerio de salud cubano (MINSAP) presentó a los diputados de la Asamblea Nacional de Poder Popular un anteproyecto de Ley de Salud Pública que incluye el reconocimiento de la eutanasia como un derecho de las personas a acceder a una muerte digna. Entre enero y marzo del 2023 se divulgará el anteproyecto de ley que «deberá a continuación ser aprobado por los diputados».
Dos médicos –uno jubilado y enfermo de cáncer, otro urgentista y dispuesto a responder a solicitudes de morir formuladas por pacientes en estado terminal– presentaron una demanda en los tribunales de Massachussetts contra la prohibicion del suicidio asistido. El fallo del tribunal superior de justicia del estado dado a conocer a mediados de diciembre reconoció la “importancia primordial y el profundo significado de todas las decisiones sobre el final de la vida”, pero sentenció que la Declaración de Derechos de Massachusetts no llega tan lejos como para proteger el suicidio asistido por un médico. Demandantes y Tribunal estuvieron de acuerdo en señalar que sólo un proceso legislativo podía modificar la situación: “Es mejor dejar estas preguntas al proceso democrático, donde su resolución puede ser informada por un debate público sólido y una investigación reflexiva por parte de expertos en el campo”.
La actualización de la legislación federal sobre la asistencia médica para morir que se aprobó en la primavera de 2021 (Ley C7) incluyó una disposición para excluir temporalmente -hasta el 17.03.2023- a las personas con enfermedades mentales. Grupos de presión conservadores y religiosos, además de médicos, investigadores y académicos cuestionaron esta ampliación de la ley y pusieron en dudas la existencia de garantías adecuadas para asegurar la protección de ‘las personas con trastornos mentales o que viven en la pobreza’ así como la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a este cambio. Por otra parte, se viene desarrollando desde hace unos meses una extensa campaña en los medios de comunicación en contra de la ampliación de la ley a las enfermedades mentales en los medios de comunicación.
A mediados de diciembre, el Gobierno cedió ante las múltiples presiones. El ministro de Justicia anunció que buscaría los mecanismos para retrasar la ampliación de la ley a las personas con enfermedades mentales. Será necesario enmendar la legislación existente. El ministro espera poder conseguir un amplio apoyo en la Cámara de los Comunes y entre los senadores. Habrá que esperar a finales de enero, momento en que las cámaras reanudarán sus trabajos.
A principio de diciembre, la Comisión sur les Soins de Fin de Vie quebequense ha publicado las cifras de la ayuda médica a morir (AMM) en el período que cubre desde abril 2021 hasta finales de marzo 2022 en la provincia. Se han registrado 3663 AMM –contra 2426 en el período anterior– lo que represente el 5,1% de los fallecimientos, más que en Bélgica o Países Bajos, como recalca el presidente de la comisión, que atribuye este hecho a que en Quebec la AMM forma parte del conjunto de los “cuidados al final de la vida”, como los cuidados paliativos. El 95% de los pacientes tenían un pronóstico terminal.
Se observa, sin embargo una gran desigualdad según los territorios. El informe recalca también un aumento importante de médicos dispuestos a proporcionar la AMM (+26%). Se prevé un aumento de las cifras de AMM en el período 2022-2023. “El aumento en el número de AMM podría explicarse por el amplio consenso social establecido en Quebec desde 2014. Los quebequenses y los médicos parecen estar cada vez más cómodos con este cuidado que parece estar en línea con los valores y expectativas de los quebequenses con respecto al final de la vida”, concluye el presidente de la comisión.
El Parlamento del estado de Queensland aprobó la ley de muerte voluntaria asistida en septiembre de 2021. A partir del 1 de enero de 2023, las personas con una enfermedad, un padecimiento o una condición médica avanzada, progresiva y terminal con un pronóstico de menos de un año, podrán solicitar la muerte médicamente asistida (eutanasia o suicidio asistido). Queensland es la quinta jurisdicción australiana en legalizar la muerte voluntaria asistida, después de Victoria, Australia Occidental, Australia Meridional y Tasmania.
Más del 20 por ciento de la población coreana tiene más de 65 años. En una sociedad tan envejecida, el derecho a terminar voluntariamente con la vida adquiere un mayor significado, y muchos exigen la legalización del suicidio asistido por un médico o de la eutanasia. El 15 de junio se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permitiría el suicidio asistido por un médico. Al día siguiente, el Sindicato de Mayores y el Club Mi Última Donación, integrado por personas mayores de 70 años, exigieron la legalización de la eutanasia. Según una encuesta dirigida por el profesor Yoon Young-ho y su equipo de investigación del Departamento de Medicina Familiar del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, tres de cada cuatro encuestados estaban a favor de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido por un médico. Un 61,9 por ciento estaba totalmente de acuerdo con esas ideas y un 14,4 por ciento se declaraba simplemente de acuerdo; un 21,7 por ciento no estaba de acuerdo.
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