Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 2020 que declaró inconstitucional el art.217 del código penal que prohibía la asistencia ‘comercial’ al suicidio, asociaciones como Dignitas o DGHS (Sociedad Alemana por una Muerte Humana) volvieron a operar. DGHS acaba de revelar que en 2022 ayudaron a 227 a morir (120 el año anterior). Según el presidente de la asociación, “la gente busca una salida de emergencia”. Atribuye el aumento de las cifras a dos causas: el mayor n-umero de equipos de asistencia -de 8 en 2021 pasaron a ser 16 en 2022- y el temor a que el Bundestag apruebe, a lo largo del presente año, una legislación muy restrictiva al respecto. En efecto, se han registrado tres proyectos de ley en el parlamento, uno de los cuales devolvería prácticamente a la situación anterior a la sentencia del Constitucional. De hecho, los diputados que apoyan los otros dos proyectos intentan acordar un texto de consenso para hacer barrera a la opción más restrictiva.
Falta de información a la ciudadanía, falta de transparencia en cuanto a los datos de aplicación, prohibición de hecho a que las asociaciones puedan actuar en procesos de ayuda al suicidio, importantes desigualdades regionales… La lista de críticas formuladas por la ÖGHL (Asociación Austriaca por el Derecho a una Muerte Humana) relativas a la aplicación de la ‘Ley federal sobre el otorgamiento de directrices anticipadas para la asistencia al suicidio’, al año de su entrada en aplicación, es muy larga.
El Ministerio de Asuntos Sociales, que declaró en un primer momento que sería ilegal comunicar datos con fines de divulgación, entregó finalmente un informe muy escueto según el cual se firmaron 111 directrices anticipadas para la asistencia al suicidio, se entregaron 90 dosis de medicamento letal en farmacias autorizadas y lo que llevó a la realización de 10 suicidios.
En Austria, la ley autoriza el suicidio asistido para las personas mayores de edad, competentes y con enfermedad grave e incurable o terminal. Con el informe de dos médicos que corroboran que cumplen los requisitos, las personas deseosas de morir pueden redactar ante notario un documento –las directrices anticipadas para la asistencia al suicidio– que acredita su voluntad de morir y da derecho, pasado un período de doce semanas –que se puede abreviar en caso de fallecimiento inminente– a adquirir una dosis de medicamento letal en una farmacia acreditada. La ley no regula ningún procedimiento posterior.
Al abordar el último tramo de la Convención Ciudadana organizada por el Consejo Económico y Social, el 84% de los 184 participantes ha expresado en una votación que el “marco del acompañamiento del final de la vida” no respondía a la diversidad de situaciones reales” y, cuando se les preguntó si se debía abrir el acceso a una “ayuda activa a morir”, el 75% respondió positivamente.
Sin embargo, las asociaciones que luchan por una ley de eutanasia expresan cierta inquietud sobre la firmeza de la voluntad del Gobierno de impulsar un cambio legislativo dada la falta de claridad de las últimas declaraciones oficiales. La Convención entregará un informe a finales de marzo. Por ahora, las asociaciones de muerte digna ofrecen su ayuda a las personas que desean morir organizando acompañamientos a Bélgica o Suiza.
En este contexto, el caso de una joven ‘youtuber’ con trastorno de personalidad grave que hizo pública su voluntad de acceder a la eutanasia en Bélgica ha contribuido a recrudecer el debate.
El parlamento irlandés admitió debatir de un proyecto de ley de Muerte Digna en 2021 y acordó la formación de un Comité Especial de 15 miembros encargado de examinar en qué condiciones se podría regular la muerte asistida. El diputado impulsor del proyecto acaba de hacer pública su frustración frente a la lentitud del proceso de nombramientos para este comité que una vez nombrado debería prolongar sus trabajos durante unos 9 meses, lo que vuelve poco probable la publicación de sus conclusiones en este año.
Paola, enferma de Parkinson de 89 años, accedió al suicidio asistido en Suiza, acompañada por militantes de Soccorso Civile, un programa creado por activistas de la Asociación Luca Coscioni decididos a utilizar la desobediencia civil para conseguir una ampliación de los derechos al final de la vida. Paola no podía acceder a la ayuda a morir en Italia ya que no cumplía con el requisito definido por el Tribunal Constitucional: depender de medida(s) de soporte vital. Los activistas se autoinculparon a su vuelta a Italia y se abrió una investigación. La fiscalía acaba de pedir el archivo de la causa, planteando en su alegato la necesidad de examinar la constitucionalidad del artículo 580 del código penal que castiga la asistencia al suicidio. De aceptarse la línea del fiscal, se sentaría un precedente importante para el derecho a la libertad de elección de aquellas personas que no son ‘mantenidas con vida mediante tratamientos de soporte vital’.
La ley de eutanasia se aprobó en Luxemburgo en 2009 pero se aplica poco: 104 eutanasias entre 2009 y 2020, 20 en 2021 y 20 en 2022. El presidente de la asociación ‘Maï Wëllen, Maï Wee- Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad’ atribuye esas cifras a la falta de información tanto entre la ciudadanía como entre los profesionales y lamenta que la muerte siga siendo un tabú.
En el marco de la Semana de la Eutanasia organizada a principios de febrero, la NVVE ha habilitado una web interactiva que permite explorar, a través de vídeos y testimonios escritos, los caminos hacia la eutanasia en caso de cáncer, enfermedades crónicas, demencia, polipatologías de la vejez y sufrimiento sicológico, así como redactar un testamento vital y que sea útil. La federación de asociaciones médicas, KNMG, informa a sus miembros del evento en su página web y ha colgado una checklist para facilitarles el mantener conversaciones con pacientes que solicitan la eutanasia.
Con ocasión de esta Semana de la Eutanasia, la prensa publica extensos testimonios, en particular sobre un tema que suscita mucho debate: el de la eutanasia en caso de enfermedad siquiátrica, tratándose a menudo de personas jóvenes. Según una encuesta reciente el 73% de las más de 34.000 personas representativas de la sociedad neerlandesa interrogadas apoya que se pueda acceder a la eutanasia con una enfermedad mental.
Se realizaron 7666 eutanasias en 2021, de las cuales 115 fundamentadas en el sufrimiento insoportable ocasionado por un trastorno siquiátrico. Las tres cuarta partes se realizaron en el Centro de Expertos de la Eutanasia donde las listas de esperas son cada vez más largas.
Madres de jóvenes diagnosticadas con enfermedad mental tratadas durante largos años sin éxito que accedieron a la eutanasia han creada una fundación llamada IN LOVE LETTING GO que participa en la Semana de la Eutanasia.
Bert Keizer es filósofo y médico, y colabora con el Centro del Experto de la Eutanasia. Escribe una columna semanal en el periódico TROUW. Las más recientes versan sobre la dificultad de acceder a la eutanasia en caso de demencia, incluso cuando se ha redactado un testamento vital, y sobre lo que llama la ‘depresión anti-eutanasia’. Esta nueva categoría de depresión en la cual se centra el artículo, en un tono muy irónico, apareció, como explica Keizer, porque “a los médicos les gusta pensar en una depresión para que la eutanasia no pueda llevarse a cabo”.
Un miembro de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) está siendo juzgado por haber ayudado al suicidio de 10 personas proporcionándoles un producto letal a través de una plataforma de internet. Se le reprocha también el blanqueo de 90.000 euros y el dirigir una empresa mayorista de venta de medicamentos sin licencia y sin ser farmacéutico. Han empezado las vistas orales y se espera la sentencia para el mes de julio próximo.
El Centro Neerlandés de Información sobre Venenos (NVIC) ha informado que el producto letal llamado Medio X para no publicitar su nombre real, anunciado por CLW como susceptible de provocar una muerte dulce se está utilizando con más frecuencia: recibieron 5 informes de suicidio con este producto en 2021, y 16 en 2022.
El suicidio asistido no está regulado por ley en Suiza sino que es posible si se respetan las tres condiciones fijadas por el Código Penal: que la solicitud formulada por un adulto capaz de discernimiento sea personal y voluntaria, y que la persona que ayuda no lo haga por un motivo egoísta.
En 2017, Pierre Beck, exvicepresidente de EXIT-ADMD, recetó pentobarbital a una mujer sana de 86 años que quería morir junto a su esposo enfermo. Después de una odisea judicial que dura desde 2018, la justicia le absolvió de infringir la Ley del Medicamento en 2021, y la Ley de Estupefacientes hace unos días. La sentencia recalca sin embargo que la ausencia de represión penal no significa que un médico no comprometa su responsabilidad civil si actúa fuera de las directrices elaborada para la asistencia al suicidio por la Academia Suiza de Ciencias Médicas (ASSM) y el Colegio de Médicos: “todo médico que viola estas reglas se expone a importantes sanciones disciplinarias”.
Algunos sectores temen que esta sentencia abra la posibilidad de un ensanchamiento de las condiciones de acceso al suicidio asistido. Por su parte, las asociaciones como EXIT-ADMD temen que se reabra un debate sobre la falta de garantías y la necesidad de una ley que podría imponer condiciones más restrictivas que las actuales.
Las cifras de la eutanasia aumentan paulatinamente en Colombia. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, se han realizado 99 eutanasias en 2022. Estas cifras solo toman en cuenta las eutanasias realizadas por instituciones sanitarias y no las que se han podido realizar en el ámbito del domicilio. La plataforma DescLAB publica un extenso informe sobre el desarrollo de la eutanasia en el país. “A medida que pasa el tiempo, que el tema se posiciona en los medios de comunicación y en la opinión pública y las personas tienen conversaciones familiares sobre el tema, más personas están interesadas en tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”, argumentan. Una parte importante del informe está dedicada al análisis de las numerosas barreras todavía existentes que en muchos casos obstaculizan el ejercicio de un derecho reconocido por el Tribunal Constitucional en 1997.
Tras un arduo proceso de más de tres años cuyo último episodio lo constituyó la objeción de conciencia de una juez que se negó a aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que permite al Ministerio de Salud y a la seguridad social (EsSalud) elaborar el protocolo de eutanasia para Ana Estrada, el 10 de febrero pasado el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó ejecutar dicha sentencia. EsSalud deberá conformar dos comisiones para elaborar el plan que tendrá que ser presentado ante otra Comisión Médica creada por el Ministerio de Salud para su aprobación. El documento precisa que, una vez aprobado el protocolo, la eutanasia debería ser realizada en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha en la que Ana Estrada exprese su voluntad de poner fin a su vida.
Enlace al blog de Ana Estrada donde escribe desde hace varios años sobre su lucha para el derecho a morir: https://anabuscalamuertedigna.wordpress.com/
Según la ley C7 aprobada en marzo 2021, el acceso a la ayuda médica a morir para personas con enfermedad psiquiátrica debía abrirse el 24 de marzo 2023. Durante los dos años de plazo se debían ir elaborando los protocolos y salvaguardas adicionales a aplicar en estos casos. Frente a las numerosas presiones, el ministro federal de justicia ha registrado en el parlamento un proyecto de ley para aplazar un año más esta ampliación de la ley, y según las informaciones publicadas, todos los partidos representados en el parlamento apoyarían la iniciativa. Sin embargo, una encuesta muestra que un 82% de la ciudadanía apoya la posibilidad de acceder a la eutanasia sobre la base de una enfermedad mental.
Por otra parte, la Ley C7 estipulaba la creación de una comisión parlamentaria mixta Cámara/Senado para estudiar los puntos siguientes: las directrices anticipadas de eutanasia, el acceso de los menores a la muerte médicamente asistida, la protección de las personas con discapacidad y el desarrollo de los cuidados paliativos. Este informe acaba de publicarse.
El debate sobre la ayuda médica a morir sigue su propio camino en Quebec. La provincia se señala desde siempre por sus posiciones progresistas sobre el acceso a la ayuda médica a morir. Recordemos que implementó su Ley de Cuidados al Final de la Vida que incluía la ayuda médica a morir, amparada por una sentencia del Tribunal Constitucional, antes de que se aprobase una ley en este sentido a nivel federal. Actualmente, si la tasa de eutanasias sobre el total de fallecimientos fue de 3,3% en 2021 en todo Canadá, los datos que se refieren exclusivamente a la provincia indican que en Quebec alcanzó el 5,1% entre marzo 2021 y marzo 2022. La prensa publica que en 2023 esta tasa podría alcanzar el 7%.
A mediados de febrero el gobierno de la provincia ha presentado un proyecto de ley que regula la solicitud de ayuda médica para morir a través de directrices anticipadas. De aprobarse, permitiría también a las enfermeras especializadas responsabilizarse de procesos de ayuda a morir y obligaría a todas las instituciones de cuidados paliativos sin excepción a ofrecer la prestación.
“Los médicos o enfermeras que deliberadamente rechazan una atención quedan protegidos de ser demandados, despedidos o enjuiciados, incluso si no les dicen a los pacientes cuáles son sus opciones. Sin embargo, no hay preocupación por los médicos que tienen razones igualmente morales para brindar servicios que su hospital o estado restringen. Esta asimetría estigmatiza selectivamente a los profesionales y lleva a los pacientes a la clandestinidad. Las prácticas impugnadas abarcan una amplia gama: desde el aborto hasta la ayuda a morir, …”
Dov Fox, un experto en derecho de la salud y bioética, publica en la Harvard Law Review un artículo contra la objeción de conciencia. Su argumento básico es que “las razones para acoger ciertas demandas pueden ser tan noble como las razones para rechazarlas”. Cita a numerosos médicos que sienten que su conciencia les obliga a infringir la ley para practicar abortos o proporcionar opioides para aliviar el dolor: “estos profesionales respetan los deseos de sus pacientes que los que se niegan en aras de su conciencia anulan”, escribe. “Proteger las denegaciones de atención, al tiempo que se castiga su aceptación sin excepción, no solo carece de fundamentos”.
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