El ministro de Sanidad François Braun, en reacción al informe de la Convención Ciudadana, expresó serias reservas sobre la aprobación de una ley de «ayuda activa a morir». «El debate sobre la ayuda activa a morir sigue abierto. Una ley en este sentido cambiaría profundamente nuestra sociedad y nuestra relación con la muerte. (…) Si la sociedad avanzara en la dirección de la ayuda activa a morir, sólo podría ser en casos muy concretos que tendrían que ser rigurosamente supervisados», dijo, después del anuncio por Emmanuel Macron de la presentación de un proyecto de ley sobre el final de la vida «para finales del verano».
El ministro añadió: «Sea cual sea la opción que pongamos sobre la mesa, hay que dar prioridad a reforzar lo que ya existe. Mediante una mayor utilización de las voluntades anticipadas, mediante profesionales sanitarios mejor formados, mediante un mejor uso de la sedación profunda y continua hasta la muerte: son herramientas que reforzaremos apoyando los cuidados paliativos”.
En un comunicado, la asociación Ultime Liberté saca conclusiones bien diferentes de la lectura del informe de la Convención Ciudadana.
Con seis meses de retraso, se ha reunido el Comité, compuesto por parlamentarios de las dos cámaras, que deberá examinar la posibilidad de regular la muerte asistida para pacientes terminales. Abordará cuestiones legales y éticas, y analizará cómo otros estados han implementado la muerte asistida, con especial atención a las legislaciones en vigor en el estado de Oregón y en los diferentes estados australianos. Tendrá que entregar un informe en marzo 2023.
El Comité Nacional de Control y Evaluación de la Eutanasia ha presentado su informe relativo a los años 2021-2022. Hubo 24 casos de eutanasia en 2021 (sobre 4489 fallecimientos en total) y 34 casos en 2022. Esto eleva el número total de casos entre 2009 (fecha de aprobación de la Ley de Eutanasia) y 2022 a 170. La ley requiere que la persona tenga un sufrimiento insoportable que no pueda ser aliviado.
“En la mayoría de los casos, muchos tipos de sufrimiento, tanto físico como mental, estaban presentes simultáneamente. Todos los sufrimientos han sido descritos como constantes, insoportables y sin perspectivas de mejora. Si bien ciertos factores objetivos pueden contribuir a la estimación del carácter constante, insoportable y sin perspectivas de mejora del sufrimiento, es en gran medida subjetivo y depende de la personalidad del paciente y de sus propias concepciones y valores”.
La ley permite la eutanasia de una persona inconsciente si esta lo ha solicitado en un documento de directrices anticipadas registrado previamente en la Comisión. Casi 5.000 personas han completado dichas directrices. Hubo cinco casos en 2021 y cuatro en 2022.
En su informe, la Comisión recomienda una mejor formación del personal sanitario, recuerda que la objeción de conciencia solo se puede ejercer de forma individual, reclama que todas las farmacias dispongan de kit de eutanasia, y considera que la ley permite el acceso a la eutanasia con enfermedad psiquiátrica, aunque todavía no haya habido ningún caso.
(NOTA: Luxemburgo tiene una población de 645.000 habitantes)
El partido liberal D66 se siente respaldado por una nueva encuesta sobre ayuda a morir en caso de vida completa: seis de cada diez holandeses creen que debería ser legalmente posible que las personas mayores que consideran sus biografías terminadas reciban asistencia activa para morir. Esta proporción se ha mantenido estable durante los últimos años.
La primera versión del proyecto de ley de vida cumplida se presentó en 2020, pero debido a la total oposición de los partidos confesionales que integraban la coalición de gobierno, se aparcó. Ahora D66 piensa retomarlo y presentarlo en el Parlamento antes de final de año. En las negociaciones para formar el actual gobierno de coalición, se acordó dejar las manos libres a los partidos en los temas éticos-médicos. Es difícil evaluar actualmente el apoyo parlamentario a esta proposición de ley, pero la gran novedad la constituye el BBB (Movimiento Campesino-Ciudadano, fundado en 2019) que tiene un diputado en el Parlamento, pero fue el partido más votado en las elecciones provinciales de este año. Su programa establece que ‘las personas que sienten que su vida está completa deberían poder acceder al suicidio asistido”.
El gobierno neerlandés va a regular de aquí a finales de año la “terminación activa de la vida” para niños de 1 a 12 años, con enfermedad grave sin curación posible y sufrimiento extremo. Sólo se aplicaría en la etapa terminal de la enfermedad. Esta regulación es producto de un largo proceso de debate entre los pediatras y también en el ámbito político. No se trata de una ampliación de la ley de eutanasia sino de una regulación específica, por lo cual no necesita ser validada por el Parlamento. Según el ministro de Sanidad neerlandés Ernst Kuipers, se trata de situaciones excepcionales que se producen “entre 5 y 10 veces al año”. La solicitud deberá ser formulada por los padres de los menores.
CLW, la Cooperativa del Final de la Vida, informa y denuncia las persecuciones judiciales en caso de acompañamiento o asistencia al suicidio, en aplicación del art. 294 del Código Penal Neerlandés. En su último boletín cuenta el caso de un médico de familia jubilado tratado como un criminal por la justicia por apoyar presencialmente en sus momentos finales a una mujer de 64 años con un largo historial de depresión que había adquirido por su cuenta un producto letal.
Tras el veto presidencial y la devolución del texto de la ley de muerte asistida al Parlamento, la Asamblea volverá a votar el texto el 12 de mayo, sin introducir ningún cambio. El presidente pedía aclarar quién evaluará si el paciente está físicamente incapacitado para autoadministrarse a sí mismo el fármaco letal porque, según la ley presentada, la modalidad de muerte asistida será siempre por auto administración, recurriéndose a la eutanasia propiamente dicha únicamente cuando el paciente sea incapaz de ingerir por sí mismo el fármaco.
Según la Constitución, después de un veto, si la ley se ratifica de nuevo en el Parlamento con los votos de la mayoría absoluta de los diputados, el presidente de la República tiene ocho días para promulgarla. El Ejecutivo dispondrá luego de un plazo de 90 días para publicar los decretos de aplicación, y la ley entrará finalmente en vigor un mes después.
“Llevé a mi madre a Dignitas, y apareció la policía”, cuenta Mandy Appleyard. Un derrame cerebral severo dejó a su madre paralizada del lado izquierdo, incapaz de caminar y con graves problemas del habla; le esperaba una vida de dependencia que no podía aceptar. Entre las dificultades planteadas por la época de pandemia y visitas de la policía a consecuencia de una denuncia, consiguieron organizar el viaje a Suiza. Pero a la vuelta de Suiza, la fiscalía abrió una investigación contra Mandy y su hermana: “Ser objeto de una larga investigación criminal era una tortura. Se interpuso en mi duelo y provocó ira y frustración cuando lo que anhelaba era algún tipo de paz.” El caso finalmente se archivó tras dos años de pesadilla.
¿Puede un médico prescribir una dosis letal de pentobarbital a una persona sana? Esta es la cuestión sobre la que tendrá que pronunciarse el Tribunal Federal, tras el recurso presentado por la fiscalía de Ginebra contra la absolución del antiguo vicepresidente de EXIT-ADMD Pierre Beck. El médico había recetado una dosis letal de pentobarbital a una octogenaria sana para ayudarla a morir en abril de 2017, al mismo tiempo que su marido gravemente enfermo con el que había concluido un «pacto de fidelidad». Pierre Beck fue absuelto de delito contra la ley del Medicamento después de recurrir al Tribunal Federal, y acaba de ser absuelto de delito contra la Ley de Estupefacientes por el Tribunal de Ginebra. La Fiscalía ha recurrido esta última absolución.
El defensor del Pueblo de Perú exige el respeto de las condiciones de acceso a la eutanasia fijadas en la sentencia del Tribunal Supremo pronunciada a favor de Ana Estrada en julio pasado: “Recordamos que el derecho a una muerte digna de Ana Estrada depende de la colaboración de EsSalud, que tiene obligación de conformar dos comisiones […], según el cronograma fijado en la sentencia. Esperamos la pronta ejecución y entrega de estos documentos”, exige el organismo en un comunicado. La abogada Josefina Miró Quesada, quien integró el equipo legal del caso, especificó que las comisiones se debían formar en siete días. Sin embargo, se tardó más de un mes en establecer la primera, que debe establecer el protocolo a aplicar, “y hasta ahora no cumple lo segundo [sobre la práctica de la eutanasia]”, añadió la letrada.
“Esta demora le resta seriedad y cuidado a un tema tan complejo. No solo se trata de mí, sino de la dimensión y el avance en la conquista de un derecho fundamental”, declaró Ana Estrada en un mensaje por la misma red social.
La Ley de Opciones al Final de la Vida de California se aprobó en 2015 y permite a pacientes mayores de edad con enfermedad grave, incurable, en etapa terminal (pronóstico de 6 meses o menos) acceder a un producto letal después de la evaluación por dos médicos independientes. Varias asociaciones de personas con discapacidad han presentado una demanda para conseguir la derogación de la ley: la asociación de veteranos paralizados United Spinal Association; la asociación provida Not Dead Yet; el Instituto para los Derechos de los Pacientes que lucha contra las desigualdades de acceso al sistema sanitario; y las Comunidades de Vida Independientes y Libres. Argumentan que, dado el sistema sanitario estadounidense privado, a las poblaciones más pobres se les ofrecerá acceso al suicidio asistido antes que otro tipo de tratamientos o cuidados.
Un proyecto de ley registrado en la Cámara de Representantes del Estado eliminaría, de ser aprobado, algunos de los obstáculos al acceso al suicidio asistido en Hawái: se recortaría el período de espera para conseguir el producto letal de 20 días a 5 o menos en caso de muerte inminente; las enfermeras especializadas podrían extender recetas de producto letal; y los terapeutas matrimoniales y familiares con licencia podrían realizar la evaluación de capacidad mental de los pacientes.
Los senadores de Nevada han aprobado, por 11 votos a favor y 10 en contra, un proyecto de ley de suicidio asistido para pacientes mayores de edad en etapa terminal de una enfermedad (pronóstico de 6 meses). La totalidad de los senadores republicanos votaron en contra. Falta ahora la aprobación por el Parlamento del Estado y la firma del Gobernador.
Se está proyectando actualmente en los cines una película japonesa, una distopía basada en sucesos y declaraciones ministeriales reales: “Plan 75” que obtuvo la Cámara de Oro con Mención Especial a la mejor ópera prima en Cannes.
La película presenta Japón en un futuro cercano. El envejecimiento de la población se acelera y el gobierno, con la convicción de que los mayores son una carga inútil para la sociedad, dicta el Plan 75. La idea es programar un acompañamiento logístico y financiero que les ayuden a poner fin a sus vidas.
“En Japón pesa mucho la responsabilidad sobre uno mismo, no se puede molestar a otras personas. El gobierno piensa que las personas más débiles deben cuidarse por ellas mismas, no hay ayudas para nadie. Esta historia es algo vinculado con la tradición del suicidio, su legado, es un pensamiento típico de Japón», dice la cineasta, que cuenta esta historia a través de tres personajes: una anciana, un funcionario que vende el Plan 75 a la población y una cuidadora filipina.
Serie documental en DISNEY+ (en países francófonos) en cuatro episodios sobre el caso Vincent Lambert – a partir del 10 de mayo.
Como lo indica el título, la serie trata de la batalla judicial que enfrentó durante 11 años los familiares de Vincent Lambert, paciente en coma vegetativo después de un accidente de coche. Su esposa solicitaba la retirada de las medidas de soporte vital frente a la férrea oposición de los padres y gran parte de los hermanos, apoyados por la fundación integrista Jérôme Lejeune. Vincent Lambert no tenía testamento vital.
Publicación de un artículo en el periódico de la Asociación Médica Canadiense CMAJ, que resume los debates en curso en el país relativos a la Ayuda Médica a Morir (AMM): acceso a la AMM con enfermedad mental; acceso para menores maduros; interpretación del concepto de ‘sufrimiento intolerable’; necesidad o no de agotar los tratamientos posibles; condiciones de acceso con solicitud anticipada.
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