La plataforma se llama Infopunkt.Sterbehilfe y ofrece información completa sobre la autodeterminación al final de la vida. “Para nosotros es especialmente importante presentar los derechos básicos al final de la vida de forma clara y comprensible para que todos los ciudadanos estén informados sobre sus opciones», declaran sus promotores.
En un comunicado publicado a principios de agosto, la asociación Verein Sterbehilfe (Asociación de Ayuda para Morir) pide a sus miembros y simpatizantes en los landers del este del país (Brandeburgo, Sajonia y Turingia) que no votasen en ningún caso por candidatos de la ultraderechista AfD (Alternativa por Alemania) en las próximas elecciones locales. La asociación anunció también que en el futuro no prestará asistencia para el suicidio en estos estados federados si existiera un gobierno «con ministros de extrema derecha o un gobierno minoritario que dependa de la extrema derecha«. La asociación ya había incluido en sus estatutos en 2023 que no aceptaría como miembros a personas comprometidas con la AfD.
Dos militantes de Ultime Liberté han sido detenidos por “intento de suicidio asistido” a un nonagenario e imputados por “ejercicio ilegal de la profesión de farmacéutico”, pero también “por haber provocado el suicidio de la víctima proporcionándole diferentes productos que no habían surtido efecto debido a la regurgitación por parte de la víctima”, explicó el fiscal. Son también sospechosos de haber “hecho propaganda y publicidad a favor de productos, objetos o métodos recomendados como medio para suicidarse”. La asociación Ultime Liberté también es objeto de los dos últimos delitos, ya que el fiscal considera que la organización «practica un activismo ofensivo promoviendo los medios para suicidarse”.
Una mujer de 71 años, hospitalizada en cuidados paliativos en un centro de Lyon, falleció después de que un tercero le inyectara voluntariamente el contenido de una jeringa de morfina. Una de las hijas de la septuagenaria admitió haber suministrado el producto para poner fin al sufrimiento de su madre con el consentimiento de sus hermanos. Los tres hijos de la mujer fueron detenidos y la fiscalía ha abierto una investigación por “homicidio contra un ascendiente”.
¿Ha ido demasiado lejos la aplicación de la ley de eutanasia en los Países Bajos? Es lo que sostiene un grupo de 14 psiquiatras en una carta dirigida a la Fiscalía en la que solicitan una “investigación exploratoria” para determinar si se está traspasando los límites de la legalidad. El motivo de la carta es la eutanasia realizada en 2023 a una joven de 17 años por problema de salud mental y avalada posteriormente por la Comisión Regional de Revisión. La madre de la chica ha concedido entrevistas en los medios de comunicación para explicar que respetaba y apoyaba la decisión de su hija dado el sufrimiento «desesperado» que padecía. La carta ha provocado la reacción airada de profesionales. Por otra parte, la abogada de la NVVE señala que es un sinsentido pedir a la Fiscalía que investigue una eutanasia avalada por la Comisión de Revisión.
Un hombre de 79 años, miembro de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW), está acusado de «incitación al suicidio» por haber facilitado el producto letal y acompañado en el suicidio fallido de una mujer de 91 años. La mujer vomitó el preparado y el hijo, en un principio favorable a la decisión de su madre, llamó a la policía.
“¿Por qué dejamos sin solución a las personas que no son elegibles para la eutanasia o el suicidio asistido según la legislación actual? ¿Por qué tienen que recurrir a un circuito ilegal con todos los aspectos turbios que eso conlleva? ¿Por qué no aceptamos que no todo el mundo quiere morir de muerte natural?”. Son las preguntas formuladas por la directora de la NVVE (Asociación por la Muerte Voluntaria) en una columna de opinión en la que llama a los políticos a enfrentar el problema. Además recuerda, para apoyar su reivindicación, que el juez del caso contra los militantes de la Cooperativa de la Última Voluntad, al pronunciar una sentencia benigna no recurrida por la Fiscalía, habló de “personas para quienes el ideal de autonomía a la hora de determinar su propia muerte ha sido primordial». Señala también el apoyo mayoritario de la ciudadanía, según las encuestas, a avanzar más allá de la Ley de Eutanasia, hacia una Ley de Vida Cumplida.
Ante una solicitud del Partido Socialista relativa al avance del proceso de reglamentación de la ley de muerte asistida, aprobada hace más de un año, el jefe de gabinete del ministro de Sanidad contestó que se encontraba “actualmente en fase de preparación”. La noticia inquietó a los diputados del CDS-Partido Popular quienes a su vez se dirigieron al gobierno preguntando si esta respuesta era un “error de comunicación” del ministro y si se mantenía el compromiso de esperar el veredicto del Tribunal Constitucional, ante el que se han presentado dos solicitudes de inspección de la ley de eutanasia. Los jueces no tienen ningún plazo obligatorio para pronunciarse y el gobierno se había comprometido a esperar el veredicto antes de elaborar el reglamento. Cuestionado por periodistas, el ministro de la Presidencia negó que el gobierno esté trabajando sobre el reglamento de la ley.
La asociación My Death, My Decision analiza en su página web lo que ha cambiado tanto a nivel político como socialmente en Reino Unido desde 2015, cuando fue derrotada en el parlamento una ley de suicidio asistido. El apoyo social a un cambio legislativo ahora es muy grande, y la composición del parlamento también favorable. El laborista Lord Falconer ya presentó un proyecto de ley en la Cámara de los Lores antes del verano. Parece probable que se presente un texto en los Comunes de aquí a finales de año.
Sean Davison fue fundador y presidente de Dignity SA (la asociación sudafricana por la muerte digna) y presidente de la World Federation of Right to Die Societies. Condenado hace años en su Nueva Zelanda natal por haber ayudado a su madre a morir, más tarde fue condenado a tres años de reclusión domiciliaria en Sudáfrica por haber ayudado a morir a tres personas. Al cumplir esta última condena se instaló en Inglaterra y dirigía el programa de Exit International dedicado al asesoramiento y acompañamiento a Suiza de personas que solicitaban un suicidio asistido. El motivo de la actual detención es haber acompañado a una persona a la asociación Pegaso de Basilea. Sean Davison había cancelado su colaboración con Exit International en abril pasado y estaba a punto de asumir la dirección de Pegaso cuando le detuvieron.
Durante todo el mes de agosto la prensa suiza se hizo eco de una intensa polémica alrededor del primer uso, a través de la recién creada asociación The Last Resort (TLR), del dispositivo Sarco creado por Philip Nitschke, director de la organización Exit International. La persona seleccionada para el primer uso del aparato falleció finalmente con la ayuda de la asociación Pegasos, después de denunciar públicamente la supuesta mala gestión de su caso por TLR, que publicó a su vez un artículo desmintiendo las acusaciones en su página web. Según declaró Fiona Stewart, miembro de la junta directiva de TLR, con Sarco el usuario pierde el conocimiento tras unas pocas inhalaciones y la muerte se produce en cuestión de minutos por hipoxia, es decir, insuficiencia de oxígeno. El coste de la operación es de 18 francos suizos (18,60 euros) y corresponde al precio del nitrógeno inyectado. En el proceso solo interviene un médico para certificar la capacidad de decisión de la persona que desea morir.
El diario económico Hospodárské Noviny dedica un editorial a la petición de abrir un debate sobre la eutanasia formulada por el presidente de la República Petr Pavel, pocos días después de la muerte del actor Karel Heřmánek, que se quitó la vida. «Creo que toda persona libre debería tener derecho a decidir cómo quiere terminar con su vida si se encuentra en una situación desesperada», declaró en Facebook, antes de agregar que debería tener lugar un debate social sobre este tema. El diario agrega que el 73% de los checos se muestran favorables a legislar sobre la cuestión, aunque los políticos prefieran en general no abordarla.
La Academia Pontificia para la Vida acaba de publicar un ‘Pequeño léxico del final de la vida’ en el cual sigue expresando su oposición rotunda a la eutanasia, declarando que “la libertad implica siempre la exigencia de ser responsable de la vida: de mí mismo y del otro, indisolublemente. Una perspectiva que ciertamente no coincide con una concepción individualista, que tiende a reducirla a la soledad de la autodeterminación”. Por otra parte, en un ínfimo avance, reconoce la necesidad de encontrar “un punto de mediación aceptable entre posiciones diferentes” en relación con el suicidio asistido (rechazado) y la posibilidad de suspender la alimentación y la hidratación de pacientes en fase terminal (en algunos casos).
El estado canadiense de Quebec sigue siendo pionero en los avances en derechos al final de la vida. Su parlamento aprobó con amplia mayoría una ley que permite el acceso a la ayuda médica a morir a través de un testamento vital. El problema es que esta ley entra en conflicto con el código penal federal, lo que crea una gran inseguridad jurídica para los profesionales. El gobierno quebequense ha exigido a Ottawa que incorpore una exención en el código penal que establezca que Quebec tendrá la posibilidad legal de desviarse de él en materia de muerte médicamente asistida. Frente a la oposición del gobierno federal, Quebec ha decidido aplicar su ley y confiar en que sus fiscales no inicien procedimientos contra los médicos que realicen ayuda a morir apoyándose en las directivas anticipadas del paciente. “Una vía totalmente posible, según los expertos constitucionales, pero que no entraña un riesgo nulo, ya que la ayuda médica a morir está ahora regulada en el código penal.”
Una reciente encuesta realizada por Gallup muestra que el 71% de los estadounidenses piensan que los médicos deberían tener “autorizado por ley poner fin a la vida del paciente por algún medio indoloro si el paciente y su familia lo solicitan”. Y el 66% piensa que los médicos deberían “estar autorizados por ley a ayudar al paciente a suicidarse” en el caso de pacientes terminales que viven con dolor intenso y lo solicitan. El suicidio asistido por un médico recibe un apoyo ligeramente menor, probablemente porque el “suicidio” conlleva un estigma social y religioso (solo un 22% de los estadounidenses considera el suicidio como moralmente aceptable). Los demócratas (79%) son más propensos que los republicanos (61%) o los independientes (72%) a estar a favor de legalizar la eutanasia.
La asociación Go Gentle Australia acaba de publicar su Informe Anual sobre el estado de la muerte asistida voluntaria que recopila y analiza los datos relativos a la muerte voluntaria asistida en los estados australianos donde está regulada y en Nueva Zelanda. El informe recalca la existencia de numerosas barreras para acceder a la prestación, como la ‘cláusula mordaza’ que impide que los médicos hablen de la muerte asistida si el paciente no inicia la conversación, o la prohibición de abordar el tema a través de cualquier medio de comunicación. En cuanto a los datos, hasta la mitad de todas las personas que comenzaron el proceso de solicitud y evaluación de muerte voluntaria asistida no lo completaron, y aproximadamente una de cada cinco consideradas elegibles murió antes de recibir el producto letal. “Las tasas de no finalización sugieren que el proceso de solicitud de muerte voluntaria asistida puede ser demasiado complejo y que muchos solicitantes comienzan el proceso demasiado tarde”, dice el informe. En promedio, los solicitantes tardaron entre dos semanas y un mes en avanzar en el proceso de solicitud y aprobación. El informe concluye que las disposiciones destinadas a servir de salvaguarda están funcionando como barreras.
La ley de eutanasia de Nueva Zelanda entró en vigor el 7 de noviembre 2021 y solo permite el acceso a la prestación a los enfermos en etapa terminal. Se acaba de publicar el informe correspondiente al período entre el 1 de abril 2023 al 31 de marzo 2024. En ese tiempo se han recibido 834 nuevas solicitudes y realizado 344 eutanasias. La duración media del proceso fue de 16 días. En el 69% de los casos, la enfermedad que motivó la solicitud era el cáncer.
La Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en febrero de 2024 y en junio el Ministerio de Salud publicó el reglamento de aplicación que precisa los requisitos y procedimientos. La prensa informa ahora de la primera solicitud presentada oficialmente presentada por un hombre que padece esclerosis lateral amiotrófica. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, acatando la sentencia de la Corte, ha presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que, de ser aprobado, permitiría el acceso a la eutanasia a niños y adolescentes.
El Tribunal Supremo rechazó conceder la petición de una pareja de ancianos de permitir la eutanasia para su hijo de 30 años, que lleva 11 años en coma en su casa tras caerse del cuarto piso de un edificio. El paciente no depende de ninguna medida de soporte vital con excepción de la alimentación artificial. El tribunal considera que se trataría de una «eutanasia activa», que está prohibida en la India.
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