La Ley de Disposiciones sobre la Muerte austriaca entró en vigor a principio de 2022, pero a día de hoy no existe ningún informe oficial sobre su aplicación. En el marco de una conferencia celebrada en la Sociedad Jurídica de Viena, se ofrecieron sin embargo algunos datos. Desde la entrada en vigor, se habrían redactado 481 actos notariados autorizando la entrega de producto letal después de la evaluación médica del solicitante. Y en 2023 habría habido 98 suicidio asistidos, un 15% en residencias. Recordemos que debido a las dificultades para tener acceso a la prestación, la ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la prohibición de la ayuda al suicidio en ciertas circunstancias en una sentencia de diciembre 2020.
Un texto sobre el fin de la vida será examinado en la Asamblea Nacional entre el 3 y 10 de febrero 2025. El gobierno aún no ha decidido si propondrá un «nuevo proyecto de ley» o si aceptará el texto registrado por Olivier Falorni (grupo centrista MoDem), firmado por unos 220 diputados, que recoge las enmiendas aprobadas en el debate truncado que se celebró en la anterior legislatura.
La Cooperativa de la Última Voluntad (NVVE, por sus siglas en neerlandés) ha presentado un plan para introducir el uso del dispositivo Sarco en los Países Bajos con todas las garantías de seguridad, y ha invitado a Philip Nitschke a presentar el aparato en su tumultuosa última asamblea anual. Ha lanzado también una petición dirigida a los políticos para intentar conseguir un acuerdo que permita que las personas que deseen morir y no cumplan los requisitos clínicos exigidos por la ley de eutanasia puedan acceder a un suicidio apacible. La NVVE, aunque haga hincapié en que todavía implantar Sarco en los Países Bajos es ilegal, estima que «esta iniciativa demuestra una vez más que la ciudadanía necesita medios seguros, fiables y dignos para tomar sus propias decisiones sobre su propia muerte. La ley de eutanasia ofrece una solución para las personas que sufren de forma intolerable y sin esperanza debido a una condición médica, pero esto no ayuda a todos. Varios estudios han demostrado recientemente que una gran mayoría de la población cree que el suicidio asistido debería ser posible. La NVVE cree que debería existir una forma de morir legal y regulada por el gobierno. La NVVE apoya toda iniciativa que dignifique la muerte autodeterminada de forma responsable. Según la NVVE, la propuesta de crear un campo de pruebas con el Sarco parece ofrecer garantías suficientes contra los suicidios impulsivos. La asociación espera que esto sirva de estímulo adicional para que los políticos impulsen finalmente en una forma legal de morir».
Después de cinco horas de debate en el parlamento de Westminster, el pasado 29 de noviembre los diputados admitieron a trámite, con 330 votos a favor y 275 en contra, el proyecto de ley de muerte asistida presentado por la diputada laborista Kim Leadbeater, que permitiría a los adultos con enfermedades terminales con un pronóstico de menos de seis meses de vida acceder al suicidio asistido una vez que su solicitud haya sido validada por dos médicos y un juez. La diputada impulsora del proyecto de ley afirma que contiene “las protecciones y salvaguardas más estrictas de cualquier legislación en cualquier parte del mundo”. Esta ley, de ser aprobada se aplicaría en Inglaterra y Gales. Según las encuestas más recientes, un 75% de la ciudadanía la apoya. Se prevé un proceso de tramitación largo: después de una fase de debates y enmiendas en comisión volverá a la Cámara de los Comunes que se pronunciará sobre las enmiendas adoptadas e irá luego a la Cámara de los Lores para volver a los Comunes para su aprobación definitiva. El texto estipula un período de implementación de dos años.
Con ocasión de la admisión a trámite de la ley de muerte asistida, The Guardian ha reproducido el artículo publicado en 1935 dedicado al primer proyecto de ley de muerte asistida presentado en el país y su editorial correspondiente. Según los promotores de la propuesta: “El proyecto de ley ha sido cuidadosamente pensado y establece un procedimiento estricto que debe seguirse para que el paciente pueda anticipar la muerte. La administración estará en manos del Ministro de Salud. “Estamos pidiendo que se permita a los pacientes elegir entre una muerte rápida e indolora y una muerte prolongada. Estamos pidiendo el ‘derecho a morir’, pero no estamos pidiendo el ‘derecho a matar’, que es una propuesta muy diferente, que plantea cuestiones muy distintas”. En 1936, el proyecto de ley sobre la eutanasia voluntaria fue derrotado en la Cámara de los Lores, con 35 votos a favor y 14 en contra.
Como informamos en la anterior revista de prensa, la asociación Last Resort utilizó Sarco (el aparato creado por Philip Nitschke) por primera vez en Suiza para una ayuda a morir el pasado 23 de septiembre. El director de la asociación, Florian Willet, permanece en prisión preventiva desde entonces y el tribunal rechazó la solicitud de puesta en libertad a pesar de que Willet ofreció colaborar en todo momento. Hay rumores de que la fiscalía investiga unas hipotéticas huellas de estrangulamiento en el cuello de la mujer que utilizó Sarco, pero son rumores, a día de hoy no se han hecho públicas ninguna prueba. Siete semanas después de los hechos, el abogado de Florian Willet denuncia no tener acceso a los documentos o indicios manejados por la fiscalía como los informes forenses, en flagrante violación del derecho de la defensa. En un podcast publicado en la web de Exit International, Nitschke explica el desarrollo de los hechos desde el 23/09. La fiscalía suiza rechazó su ofrecimiento de colaboración.
El testamento vital en Brasil no está respaldado por una ley sino solo a través de una resolución del año 2012 del Consejo Federal de Medicina. Permite a los pacientes rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida, siempre que respeten los límites éticos y legales de la medicina brasileña. Desde 2020 se puede realizar ante notario por videoconferencia. Actualmente hay más de 8.100 testamentos vitales registrados, lo que es una cifra más que modesta. Pero el reciente suicidio asistido en Suiza del poeta Antonio Cicero, con amplio eco en los medios, ha reabierto el debate sobre las decisiones al final de la vida
Una paciente con cáncer avanzado buscó el amparo del alto tribunal al ver su solicitud de eutanasia denegada. En su sentencia, el tribunal plantea que acceder a la eutanasia no debe convertirse en un suplicio adicional al sufrimiento que ya enfrentan las personas con enfermedades graves e incurables y conmina al Ministerio de Salud a actualizar las resoluciones relativas a la eutanasia y levantar los obstáculos administrativos que impiden ejercer el derecho a esta prestación para la cual no se exige en ningún caso estar en la fase terminal de la enfermedad ni estar en cuidados paliativos. El tribunal critica también la interpretación del consentimiento que solo lo consideraría válido en caso de ser expresado de manera ajena al sufrimiento extremo experimentado por el paciente. Y una vez más, el tribunal exhorta al Congreso a legislar.
Los votantes de Virginia Occidental aprobaron por un estrecho margen una enmienda relativa a la prohibición del suicidio médicamente asistido en la Constitución del Estado. La enmienda fue aprobada con el 50,5% de los votantes a favor y el 49,5% en contra. Se añade la siguiente frase al texto constitucional: “Ninguna persona, médico o proveedor de atención médica en el estado de Virginia Occidental participará en la práctica del suicidio médicamente asistido, la eutanasia o la muerte por piedad de una persona”. Precisa a continuación que nada prohíbe dar una receta de medicamentos para aliviar el dolor o el malestar, rechazar o retirar un tratamiento de soporte vital, y nada tampoco impide que el Estado aplique la pena capital.
La Ley de Muerte Voluntaria Asistida del Estado de Australia Occidental entró en vigor en julio 2021. Un panel de expertos acaba de presentar en el Parlamento sus conclusiones relativas al funcionamiento de la ley. Su informe denuncia que la objeción de conciencia está ‘socavando’ la ley, critica la falta de información a la ciudadanía y la dificultad de acceso a la prestación fuera de los grandes núcleos urbanos.
El Ministerio de Salud neozelandés ha realizado la primera revisión, preceptiva según la legislación del país, de la ley que legaliza la muerte asistida que entró en vigor el 7 de noviembre de 2021; las conclusiones las ha presentado en un informe publicado el pasado 20 de noviembre. El Ministerio considera que la ley funciona de manera eficaz y logra los objetivos previstos y formula recomendaciones sobre los cambios que podrían introducirse para mejorar su eficacia. Entre otras recomienda modificar la ley para que los profesionales de la salud puedan hablar de la muerte asistida a una persona como parte de una conversación sobre sus tratamientos al final de la vida.
Comparte este artículo