Revista de prensa internacional – 2ª quincena de noviembre de 2021

La prensa alemana se ha hecho eco de un caso judicialmente difícil: un preso con dos condenas de prisión a perpetuidad y que ya ha pasado 35 años en la cárcel solicita poder tener acceso a un producto letal, amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho a la autodeterminación. Alega el sufrimiento intolerable provocado por su falta de perspectivas vitales ya que no puede tener acceso a ninguna medida de rehabilitación. Su solicitud, denegada por todas las instancias intermedias, llegó al Tribunal Constitucional que invalidó las diferentes sentencias pronunciadas por defectos en la argumentación y devuelve el caso al tribunal de primera instancia del cual depende la cárcel.

A consecuencia de una denuncia por “eutanasia ilegal”, la fiscalía de Flandes Oriental investiga a un médico del hospital de Gante. Se le acusa de “envenenamiento”, el mismo delito por el cual fueron juzgados en 2020 –y posteriormente absueltos– tres médicos, también en Gante, por la eutanasia de Tine Nyss, una mujer joven con problemas psiquiátricos. En este último caso, la familia recurrió la absolución del médico principal por motivación deficiente y el juicio está actualmente pendiente de la respuesta del Tribunal Constitucional a dos preguntas prejudiciales. Este juicio por un caso de eutanasia ha sido el primero que se celebra en Bélgica desde la aprobación de la ley en 2002 y desgraciadamente sus consecuencias se notan en el “aumento de la reticencia de los médicos respecto de la eutanasia”, según Wim Distelmann, presidente flamenco de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia.

Macron estima que “sería mal método abordar la cuestión del final de la vida al final de la legislatura”. En visita a Roma donde se entrevistó con el Papa, declaró “reflexionar sobre el tema” y no oponerse a la idea de una “convención ciudadana” en caso de ganar las próximas elecciones presidenciales, programadas para el próximo mes de abril. Reconoce que es un tema muy presente en la sociedad y en su opinión “tendría sentido pedir a los ciudadanos que nos iluminen” (sic).

En el mes de julio pasado la cámara baja del parlamento mandó a la Comisión de Justicia para su revisión un proyecto de Ley de Muerte Digna que hubiese permitido a pacientes adultos con enfermedades terminales acceder al suicidio asistido. Dicha comisión reprochó la imprecisión del texto presentado y preconizó la creación de un Comité parlamentario integrado por miembros de las dos cámaras. Este comité funcionará durante nueve meses a partir de enero 2022 y tendrá que emitir recomendaciones en cuanto a una posible regulación de la muerte asistida. El diputado impulsor del proyecto de ley postergado estima que en Irlanda, como en todos los países, “la ciudadanía va muy por delante del parlamento” sobre esta cuestión.

Un paciente tetrapléjico, inmovilizado desde hace diez años, acaba de ver reconocido por las autoridades sanitarias de su región su derecho a acceder a un suicidio asistido. Renunció a viajar a Suiza y llevó una intensa batalla legal, apoyado por la Asociación Luca Coscioni. Las autoridades sanitarias regionales primero denegaron la autorización, decisión que fue recurrida en los tribunales. Tuvieron finalmente que reconocer que el paciente cumple con los requisitos definidos en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 en el caso DJ Fabo/Cappato: paciente adulto y competente, con patología crónica e irreversible que causa un sufrimiento intolerable. Queda ahora por determinar de qué manera se llevará a cabo el procedimiento. Este caso, siendo el primero, sienta un importante precedente.

Marcelo Rebelo de Sousa ha devuelto a la cámara la ley de eutanasia modificada, conforme a las indicaciones del Tribunal Constitucional, con la introducción de una serie de definiciones destinadas a definir claramente los conceptos y requisitos. En su escrito a los diputados, les reprocha el hecho de “aprovechar la oportunidad para agregar nuevas normas que plantean perplejidades inesperadas”: ampliar el requisito de terminalidad introduciendo el de enfermedad grave y/o incurable, lo que conllevaría una radicalización de la propuesta legislativa para la cual, según él, la sociedad portuguesa no está preparada.El Bloco de Esquerda acusa al presidente de vetar la ley por razones puramente ideológicas, interpretación apoyada en una carta abierta publicada por un grupo de juristas eminentes.

La asociación médica neerlandesa KNMG acaba de publicar un importante documento titulado “Decisiones relativas al Final de la Vida”, que sustituye a los documentos publicados en los años anteriores. Merece especial atención un capítulo dedicado a la eutanasia en casos de demencia avanzada, una traducción práctica de la sentencia del Tribunal Supremo que, en abril de 2020, absolvió a una geriatra que había practicado la eutanasia a una paciente con demencia avanzada respetando sus voluntades anticipadas, expresadas en una fase preliminar de la enfermedad. Este nuevo documento de KNMG representa un importante cambio: en su posicionamiento de 2012, la asociación aconsejaba no realizar la eutanasia en casos considerados complejos. En el documento actual reconoce que “los médicos a veces deciden no realizar la eutanasia en situaciones complejas sobre la base de sus valores personales, aunque la ley lo permita. Sin embargo, juzga importante apoyar a los médicos que estén dispuestos a considerar la eutanasia en estas situaciones”, y ofrece orientaciones.

Como consecuencia de la opinión mayoritariamente favorable expresada por un jurado ciudadano, el parlamento de la isla ha dado un apoyo mayoritario –36 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones– a la legalización condicionada de la muerte asistida en una sesión histórica el 25 de noviembre pasado. El Consejo de ministros deberá redactar un proyecto de ley que se someterá a votación en el parlamento a finales de 2022. Según las propuestas acordadas, sólo podrían acceder a la muerte asistida –eutanasia o suicidio asistido– pacientes mayores de 18 años, con una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida no superior a seis meses o con una condición grave e incurable con sufrimiento imposible de aliviar. La isla de Jersey, como dependencia de la Corona, puede legislar sobre este tema independientemente de Westminster, abriendo así la vía a la regulación de la muerte asistida en el Reino Unido.

Philip Nitschke, presidente de Exit International, es conocido por sus críticas a las regulaciones de la eutanasia que someten la libre voluntad del paciente a una decisión médica. Con el fin de evitar esta intermediación médica, ha diseñado una cápsula-ataúd llamada SARCO, que se puede imprimir en 3D y permite una muerte pacífica sin necesidad de emplear ningún medicamento letal. El paciente se instala en la cápsula y, después de responder a una serie de preguntas de seguridad, puede desbloquear un mecanismo que libera nitrógeno; perderá el conocimiento en unos treinta segundos y el fallecimiento se producirá sin dolor, por falta de oxígeno. Se están desarrollando negociaciones con organizaciones suizas para intentar implementar este nuevo sistema en el país en 2022.

Hasta la fecha, la Comisión Europea no se ha pronunciado nunca sobre los cuidados al final de la vida, considerando estas cuestiones de relevancia exclusivamente nacional. Una eurodiputada neerlandesa del grupo Renew Europe, junto con Marco Cappato, como presidente de la plataforma ciudadana europea Eumans, dirigen una carta a la Comisión para “pedirle que actúe para garantizar la dignidad y el derecho a la autodeterminación de todos los ciudadanos europeos, independientemente de sus creencias y opciones personales”. Formulan en la carta una serie de líneas de trabajo para luchar contra el tabú que rodea el final de la vida, pidiendo recopilar datos, financiar proyectos, regular la portabilidad del testamento vital, por ejemplo. Se puede acceder al texto de la carta en la página web de Eumans, una plataforma ciudadana europea de fomento de políticas sociales y democráticamente sostenibles.

Un diputado de la Unión Cívica Radical ha presentado un proyecto de ley para legalizar la eutanasia en el Congreso, y un senador del mismo partido está a punto de presentar un proyecto similar en el Senado. Los dos proyectos, con leves diferencias, pretenden “que las personas que sufren una enfermedad terminal o un sufrimiento incontrolable por la enfermedad que padecen puedan decidir sobre el final de su vida.”En la conferencia de prensa para presentar el proyecto, estuvo presente Daniel Ostropolsky, jurista, que padece ELA y ha manifestado públicamente su deseo de poder elegir cuándo acabar su vida.

El Tribunal Constitucional de Colombia reconoció en 1997 el derecho constitucional a la eutanasia, directamente derivado del reconocimiento de los derechos a la dignidad y la libertad individuales en el texto constitucional, e instó al Congreso a legislar. A pesar de esta sentencia, desde 1997 el Congreso ha tumbado los tres proyectos de ley presentados, el último el 17 de noviembre pasado. Presionado por el alto tribunal, el Ministerio de Sanidad ha ido publicando resoluciones para permitir el acceso a la eutanasia. Sin embargo, sigue siendo difícil acceder a esta prestación. Hemos conocido el caso de Marta Sepúlveda cuya eutanasia se canceló la víspera del día programado y ahora se conoce el caso de un paciente con EPOC y hemiparesia que inició un proceso judicial hace dos años y cuya solicitud acaba de ser rechazada, después de un fallo favorable posteriormente impugnado, obligándole a reiniciar todo el proceso desde cero. El Tribunal Constitucional tiene ahora que examinar una demanda pidiendo la despenalización del suicidio asistido que no está incluido en la sentencia del 1997 y sigue penalizado en Colombia.

El parlamento del estado australiano de Nueva Gales del Sur acaba de aprobar una ley de muerte voluntaria asistida. Después de tres días de intensos debates en el cual tanto el primer ministro del estado como el líder laborista en la oposición se pronunciaron en contra del proyecto de ley, pero dieron libertad de voto a los diputados de sus grupos respectivos, el texto recogió 53 votos favorables contra 36 votos negativos. Como en los demás estados, el procedimiento para acceder a la prestación, limitado a pacientes adultos y con enfermedad con pronóstico limitado, es excesivamente garantista y burocratizado. Quedan ahora por debatir unas 160 enmiendas presentadas tanto por partidarios como opositores a la ley.Todos los estados australianos han aprobado ya leyes de muerte voluntaria asistida. Sólo quedan el Territorio del Norte y el distrito de la capital, que luchan por levantar la prohibición a legislar sobre la cuestión impuesta por el parlamento federal a finales del siglo pasado.

La televisión francesa ha estrenado hace unos días un documental muy conmovedor sobre los meses finales de la escritora Anne Bert, enferma de ELA, durante los cuales protagonizó una intensa campaña mediática a favor de la eutanasia y publicó un libro “El último verano”, en el cual cuenta su experiencia y las razones que la han llevado a elegir la eutanasia. La película se titula “J’ai décidé de mourir” (He decidido morir) y sigue sus pasos a lo largo de la primavera y el verano que precedieron su muerte por eutanasia en Bélgica en octubre 2017.