En Alemania, la eutanasia está castigada penalmente. Sin embargo, el Tribunal Supremo Federal (BGH) ha revocado la sentencia condenatoria pronunciada por un tribunal de rango inferior en el caso de una mujer, enfermera jubilada, que ayudó a su esposo postrado en cama a suicidarse inyectándole una sobredosis letal de insulina después de que el hombre hubiese ingerido una gran cantidad de pastillas.
El tribunal ha pronunciado una sentencia absolutoria fundamentada en que el hombre había expresado claramente su deseo de morir, pero se encontraba en la imposibilidad de realizar su deseo sin ayuda dado las limitaciones impuestas por la enfermedad. El tribunal consideró la conducta de la mujer como ‘suicidio asistido impune’. Las asociaciones de pacientes han criticado la sentencia.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional Federal (BVerfG) sobre el suicidio asistido, la asociación “Verein Euthanasia” busca médicos en Alemania que asesoren a las personas que quieren morir y preparen los informes requeridos. La asociación ha publicado un anuncio en el Deutsches Ärzteblatt (Gaceta Médica).
Busca especialistas en psiquiatría y psicoterapia, que puedan elaborar informes psiquiátricos y visitar a los miembros que deseen morir en sus domicilios. Este anuncio ha provocado fuerte críticas de parte del sector de paliativos y de las asociaciones médicas que lamentan la implicación de los médicos en los procesos de ayuda al suicidio.
Marco Cappato, de la Asociación Luca Coscioni, se autoinculpa de nuevo después de acompañar a morir a Suiza a una mujer, enferma de microcitoma pulmonar y no dependiente de medidas de soporte vital. Este acto de desobediencia civil está encaminado a avanzar por la vía judicial en la regulación de la ayuda a morir dado el bloqueo parlamentario.
Para Cappato se trata de una nueva acción de desobediencia civil tras los casos del músico Fabiano Antoniani y de Davide Trentini, ambos acompañados a Suiza para acceder al suicidio asistido en 2017.
En ambos casos, Cappato fue investigado, juzgado y finalmente absuelto. El caso de Antoniani, desembocó en una importante sentencia que consideró lícito ayudar a morir en respuesta a la petición de un paciente adulto consciente y capaz, dependiente de tratamientos de soporte vital y con una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos o psicológicos que considera intolerables. Con esta nueva autoinculpación se trata de avanzar un paso más, consiguiendo la supresión del requisito de dependencia de medidas de soporte vital.
La vista pública de la demanda de CLW (Cooperativa de la Última Voluntad) contra el Estado neerlandés se celebrará el 10 de octubre próximo en La Haya. La asociación denuncia la vulneración del derecho a la autodeterminación en el país y considera este juicio como un posible primer paso hacia un cambio en el Código Penal.
Un hombre de 73 años fue declarado no culpable de asesinato después de ayudar a morir a su esposa que padecía intensos sufrimientos provocados por un cáncer en fase terminal. El juzgado validó que la pareja había hecho un pacto en este sentido. Se le condenó con dos años de libertad condicional después de que el jurado le declarase culpable de homicidio involuntario.
Al aprobar la sentencia, el juez señaló que el hombre había actuado «bajo una inmensa presión emocional» y que estaba «totalmente convencido» de que se trataba de “un acto de amor”. Al salir del juzgado, el hombre reclamó públicamente un cambio legislativo: “nadie debería tener que pasar por lo que pasamos nosotros. Desafortunadamente, hoy mi esposa no está aquí. No debería haber tenido que morir en circunstancias tan bárbaras, pero no tuvimos otra alternativa”.
La Federación Suiza de Médicos (FMH) aprobó en mayo una revisión de las directrices médico-éticas “Actitudes frente al final de la vida y frente a la muerte”. Se están incorporando al código deontológico de la Federación Médica Suiza (FMH), lo que abre la posibilidad de sanciones hacia los médicos que no las respeten.
Los cambios introducidos en las directrices conciernen la asistencia al suicidio, exigiendo que el médico tenga por lo menos dos entrevistas exhaustivas con el paciente, con un plazo de al menos dos semanas entre las dos y que formule un diagnóstico y un pronóstico precisos para fundamentar su decisión de ayuda a morir. Por otra parte, la ayuda a morir a personas con buena salud se considera injustificable desde un punto de vista ético.
Las organizaciones de ayuda al suicidio rechazan categóricamente la nueva reglamentación. La “regla de las dos semanas” plantea un problema financiero serio para los pacientes que vienen del extranjero, y la exigencia de diagnóstico y pronóstico preciso “favorece una definición médica y diagnóstica del sufrimiento y relega a un segundo plano la voluntad de la persona”, en palabras de Dignitas.
EXIT, la mayor de las organizaciones de ayuda al suicidio ha declarado que “la reglamentación ignora que factores psicosociales pueden también contribuir a justificar de manera comprensible un deseo de morir”. No aplicará las nuevas directrices.
Para descargar las directrices “Final de vida y Muerte”:
El Partido Nacional intenta obstaculizar de todas las formas posibles la tramitación de la ley de eutanasia, actualmente en la Cámara de Representantes. Pretende sustituir la votación del texto –programada para el 6 de septiembre– en la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, por la comparecencia de los autores de cinco informes, anteriores a la presentación del texto, emitidos por diversos departamentos del Ministerio de Salud Pública, que enumeran los supuestos peligros que provocaría la aprobación de la ley y preconizan el desarrollo de los cuidados paliativos.
Piden, además, que la modificación del código deontológico de los médicos en caso de aprobarse la ley se haga a través de un plebiscito entre los profesionales.
Y finalmente, tercera pata de esta ofensiva, están preparando un proyecto de ley alternativo mucho más restrictivo que el proyecto actualmente a debate, ya que restringiría el acceso a la eutanasia a pacientes en estado terminal de una enfermedad grave e incurable.
Un grupo de médicos de la Asociación Cristiana de Médicos y Dentistas solicitó la suspensión cautelar de la ley de suicidio asistido de California. Argumentan que violenta su conciencia.
Actualmente, los médicos en California que no desean recetar los medicamentos letales utilizados en los procedimientos de suicidio asistido deben informar al paciente de su negativa, anotarlo en el expediente médico y derivarle a otro médico.
Alliance Defending Freedom (ADF) apoya esta demanda. Recordemos que este grupo fundamentalista está presente en Europa e interviene en el “Caso Mortier” abierto contra la ley belga de eutanasia en el Tribunal Europeo de Derechos de Estrasburgo e intentó en su momento revertir judicialmente la decisión de la academia médica británica de adoptar una posición neutral respecto a la ayuda médica a morir.
Se ha publicado el tercer informe sobre la aplicación de la ley que regula la AMM en Canadá, aprobada en 2016 y modificada en 2021, ampliando el acceso a esta prestación a los pacientes cuya muerte no era “razonablemente previsible” en aplicación de la sentencia judicial que declaró este requisito inconstitucional.
El número de canadienses que recurren a la AMM aumenta rápidamente: en 2021, 10.064 personas han recurrido a la prestación, lo que representa un 32% más que en 2020, y el 3,3% del total de fallecimientos, con importantes diferencias territoriales. Las cifras van del 1,2% de los fallecimientos en Terra Nova al 4,8% en Columbia Británica y 4,7% en Quebec, dos provincias que presentan tasas más altas que Bélgica o Países Bajos.
Según el informe, el 81% de las solicitudes son aprobadas. Frente a las críticas que asocian estas cifras a un sistema demasiado laxo, numerosas voces hacen hincapié en la excelente información sobre los criterios de acceso a la AMM difundida entre profesionales y público que tiene como consecuencia que la mayoría de las solicitudes cumplen con los requisitos legales.
Enlace al informe (en inglés y francés):
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir/rapport-annuel-2021.html
¿Está la eutanasia fuera de control en Canadá? ¿Está el gobierno canadiense acabando con los pobres con la ley de eutanasia? Estas preguntas, formuladas por los grupos opuestos a la eutanasia, encuentran eco en los medios en un momento en que se están estudiando ampliar el acceso a la eutanasia a los menores de edad y, para los pacientes adultos, a través de directrices anticipadas, y cuando faltan solo siete meses para que pacientes con trastorno mental la puedan solicitar.
Una intensa campaña mediática difunde la idea que la eutanasia está “fuera de control”. El caso mundialmente comentado de las pacientes aquejadas de hipersensibilidad a los productos químicos que los oponentes a la ley manipularon para desarrollar la idea de que el gobierno canadiense ofrecía eutanasia en vez de apoyo social o, más recientemente, la historia de un veterano aquejado de estrés post-traumático al que supuestamente le propusieron la eutanasia en una consulta de salud mental alimentan esta campaña.
Se trata de una asociación muy comprometida con las personas con trastornos psiquiátricos que solicitan ayuda para morir.
En una reunión celebrada entre expertos de la Asociación Médica Mundial (AMM) a mediados de agosto en Washington D.C. (EE. UU.) se redactó una propuesta relativa a cambios en el Código Internacional de Ética Médica. Actualmente las políticas de la AMM estipulan que “ningún médico debe ser obligado a participar en la eutanasia o el suicidio asistido, ni debe ser obligado a tomar decisiones de derivación del paciente para este fin”.
La propuesta que levantó más polémica fue la de volver obligatoria la derivación: obligar a los médicos que se oponen a la eutanasia y otros procedimientos controvertidos a derivar a otro médico más receptivo. Esta propuesta encontró una fuerte oposición. Se llegó finalmente a un compromiso que se presentará en la Asamblea General de la AMM en Berlín, en octubre: un médico objetor tendrá que informar inmediatamente al paciente; deberá también informarle de su derecho a consultar con otro médico y asegurarse de que el paciente recibe información suficiente para iniciar dicha consulta. Sin embargo, este compromiso no incluye la obligatoriedad de derivación del paciente hacia otro médico no objetor.
Una investigación canadiense explora los motivos por los que los sanitarios canadienses no quieren participar en procesos de ayuda médica a morir. La autora del trabajo publica este artículo divulgativo sobre sus resultados.
El artículo científico puede leerse en: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10497323211027130
El documental se ha rodado en la consulta ‘Final de Vida’ de un hospital público en Bélgica. Un médico recibe a los pacientes: hombres y mujeres, a menudo acompañados por un familiar.
La mayoría de ellos están gravemente enfermos, lo saben y quieren poder decidir cómo y cuándo terminar sus vidas. Enviados por su médico de cabecera o un especialista, han venido a hablar de su situación al final de la vida y a averiguar si cumplen con los requisitos legales para acceder a la eutanasia.
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