En su fallo relativo al caso Mortier contra Bélgica, el TEDH precisa que su decisión no se refiere a la existencia o no de un derecho a la eutanasia en general sino a la compatibilidad con la Convención Europea de los Derechos Humanos de la eutanasia de la madre del demandante, belga de nacionalidad. El Tribunal valida el marco legal belga de la eutanasia como “capaz de garantizar la protección del derecho a la vida tal como exige el art.2 de la Convención”, y concluye que la eutanasia realizada cumplía con todas las exigencias de la ley. Solo critica la regulación del funcionamiento de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia, al no asegurar que se retire de los debates un médico cuando haya intervenido en el caso examinado, lo que obligará a una modificación de esta parte de la Ley de Eutanasia. Reprocha también a los tribunales belgas su tardanza en la investigación del caso.
Shanti De Corte, una joven de 23 años, padecía estrés traumático desde que sobrevivió al terrorista en el aeropuerto de Bruselas en 2016. Tuvo varios intentos de suicidio que desembocaron en episodios de internamiento psiquiátrico. Solicitó en varias ocasiones la eutanasia, pero recibió una respuesta negativa de los médicos. Más tarde, su estado se agravó y pudo finalmente acceder a la ayuda médica para morir. Falleció en mayo dejando un mensaje en Facebook: “Ahora me voy a ir en paz”.
En septiembre de 2020 se registró un proyecto de Ley de Muerte Digna que regulaba la muerte asistida para pacientes terminales. Fue aprobado en segunda lectura en octubre 2020 por 81 votos a favor y 71 en contra. A pesar de un apoyo mayoritario de la población a esta regulación –un 74% de los encuestados se declaran favorable a la legalización, según las encuestas–, en 2021 el Comité de Justicia del Parlamento expresó profundas inquietudes por supuestas faltas de garantías y dictaminó que el proyecto de ley debía ser examinado por un Comité Especial en el cual participasen todos los partidos. Muchos consideraron que se trataba de una medida dilatoria, sospecha que confirma el hecho de que, a día de hoy, este Comité Especial sigue brillando por su ausencia.
La ayuda al suicidio es delito en los Países Bajos, castigada con un máximo de tres años de cárcel. La Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) lucha por un cambio legal: “los Países Bajos han sido pioneros en lo que respeta al aborto, al matrimonio igualitario y la legalización de la eutanasia. Seremos pioneros ahora respecto a la autodeterminación al final de la vida”, declara su presidente, Jos van Wijk.
La Cooperativa y 29 personas más han presentado una demanda ante la justicia contra el Estado neerlandés defendiendo que la prohibición de la ayuda al suicidio es contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos, que protege el derecho al respeto de la vida privada, y no permite la injerencia de ninguna autoridad pública en el ejercicio de este derecho. La vista oral se celebró el 20 de octubre y se espera sentencia el 14 de diciembre.
La misma semana, el Ministerio Fiscal trasladó a un juez de instrucción su acusación contra diez personas vinculadas a CLW –entre las cuales Jos van Wijk y Petra de Jong, vicepresidenta de CLW– por ‘participación en banda criminal’ aduciendo la distribución de un producto letal en las reuniones organizadas por la Cooperativa.
Un grupo de 36 diputados respaldan la propuesta de regular la muerte asistida formulada por un diputado Demócrata Liberal, lo que permitirá registrar un proyecto de ley en el Parlamento a principio del año que viene. Una consulta pública sobre la cuestión recibió más de 14.000 respuestas, un 75% favorable a la regulación. El proyecto permitirá el acceso a la muerte asistida para pacientes terminales.
A mediados de octubre, el Partido Socialista, Iniciativa Liberal, el Bloco de Esquerda y el PAN han consensuado un texto de ley de eutanasia que se presentará por tercera vez a votación en plenaria. El proyecto prevé un plazo mínimo de dos meses entre la solicitud y la realización de la eutanasia, y plazo máximo de tiempo para cada paso de la tramitación de la eutanasia. Los partidos intentan diseñar una ley constitucionalmente inatacable, ya que el presidente de la República ya ha avisado que pediría una revisión constitucional en cuanto le llegase el texto aprobado por la Cámara.
El proyecto de ley, después de varios aplazamientos, se llevará finalmente al pleno de la cámara una vez aprobados los presupuestos.
En Julio 2020, el médico jubilado Staffan Bergstrom ayudó a morir a un paciente con ELA que tuvo que cancelar su viaje a Suiza debida a la pandemia. Decidido a dar visibilidad a la reivindicación del derecho a la ayuda a morir, Bergstrom, que fue el anterior presidente de la Asociación Sueca de Muerte Digna, se autoinculpó ante la policía y la inspección médica. La causa penal se archivó en 2021 porque en Suecia la ayuda al suicidio no está tipificada penalmente. Sin embargo, si es un profesional sanitario que presta la ayuda, corre el riesgo de que se le retire la licencia profesional. El organismo de Inspección Médica (IVO) denunció el caso ante la Junta Disciplinaria de los Servicios Sanitarios (HSAN) que acaba de retirar la licencia profesional al médico.
Bergstrom ha recibido muchos apoyos y está decidido a plantar batalla para forzar una clarificación de la situación y hacer avanzar los derechos efectivos al final de la vida. Prepara un recurso y está dispuesto a llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea de Estrasburgo.
Veinticinco años después de la sentencia del Tribunal Constitucional que despenalizó la muerte asistida e instó al Parlamento a regularla, la Comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca regular la eutanasia en el país. El proyecto, propuesto por el representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada, pasó con 25 votos a favor y tres en contra. Toca ahora esperar la programación del debate en plenaria.
El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), organización que acompañó a Martha Sepúlveda, milita por que el debate permita mejorar el proyecto de ley actual, en particular regulando no solo la eutanasia sino también el suicidio médicamente asistido, y limitando estrictamente la objeción de conciencia al médico que tenga que realizar la prestación.
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el 27 de octubres el proyecto de ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido con 57 votos a favor sobre un total de 96. El debate se traslada ahora al Senado donde se prevé una tramitación más difícil.
El texto aprobado fusiona las propuestas del centroderechista Partido Colorado (integrante de la coalición oficialista) y del izquierdista Frente Amplio (oposición). Podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, capaces, que padezcan «una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables». Durante los debates en la cámara baja se acordó agregar que los solicitantes deben estar en la «etapa terminal» de la enfermedad, con la única excepción de las personas con tetraplejias.
La Ley de Muerte Voluntaria Asistida aprobada en junio 2021 entrará en vigor a finales de enero 2023. El gobierno del estado acaba de nombrar una comisión de ocho miembros compuesta por médicos, juristas y especialistas en ética. Dirigida por una siquiatra, establecerá los protocolos y procedimientos antes de que la ley entre en vigor, realizara un control a posteriori de las prestaciones realizadas, promoverá mejoras en la aplicación de la ley y garantizará el cumplimiento de los requisitos y protocolos. Se está trabajando en la instalación de un nuevo sistema informático y en la capacitación de los médicos.
Cuando se implementó la Ley relativa a los Cuidados al Final de la Vida en Quebec, se crearon Grupos Interdisciplinarios de Apoyo (GIS en sus siglas en francés), para acompañar a todos los profesionales, no solo sanitarios, involucrados en la ayuda médica a morir. Se acaba de publicar un informe que identifica y describe las prácticas de los GIS, y a través de un análisis crítico formula recomendaciones destinadas a homogeneizar y mejorar la práctica de la muerte médicamente asistida.
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