Un británico jubilado de 75 años respondió a las súplicas de su esposa enferma terminal de leucemia y la ayudó a morir. La pareja vivía desde hace 20 años en Chipre. El juicio, fijado para el 5 de diciembre, ha sido descrito como un caso histórico para Chipre, donde la fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa alimenta una oposición férrea a la ayuda al suicidio, castigada penalmente con 25 años de cárcel. Los abogados defensores han conseguido llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que rebaja la acusación de asesinato a homicidio involuntario. Esperan que, como en muchos países del mundo, el tribunal pronuncie una condena leve, que no obligue a un nuevo ingreso en la cárcel.
El presidente francés, de vuelta de un encuentro con el papa a finales de octubre, parece haberse olvidado de sus promesas de regulación de la ayuda médica a morir para 2023, refiriéndose únicamente y de manera bastante vaga a la necesidad de un debate social en profundidad sobre las cuestiones relativas al final de la vida. La consulta ciudadana y las comisiones puestas en marcha conformarían entonces el enésimo debate sobre la cuestión, sin resultado tangible, a pesar del apoyo ampliamente mayoritario a la regulación de la ayuda médica a morir entre la ciudadanía.
Desconfiando del proceso político en marcha, Dignitas ha iniciado dos procedimientos judiciales ante el Consejo de Estado, uno que cuestiona la actual prohibición en Francia de cualquier forma de muerte asistida y el otro la prohibición del uso del Pentobarbital sódico en medicina humana.
Según reciente sentencia del Consejo Constitucional, de acuerdo con la vigente Ley Clayes-Leonetti, un médico no está obligado a respetar las directrices anticipadas formuladas por un paciente si son manifiestamente inapropiadas a la situación clínica de este último. En este caso no se lesionaría la dignidad de la persona ni su dignidad.
Este veredicto responde al recurso presentado por los familiares de un paciente que se encuentra en coma desde el pasado mes de mayo a consecuencia de un grave accidente. Sus directrices anticipadas indicaban que deseaba que le mantuviesen en vida en todas circunstancias. Juzgando su estado desesperado, el equipo médico había decidido colegialmente suspender las medidas de soporte vital: alimentación y ventilación.
Olivier Falorni, impulsor en 2021 de una proposición de ley de regulación de la ayuda a morir, ha sido nombrado presidente de la misión parlamentaria de evaluación de la ley Clayes-Leonetti sobre el final de la vida, en vigor desde 2016. Esta designación ha desatado una avalancha de críticas de los que se oponen a toda forma de ayuda a morir. La misión cuenta con 19 miembros pertenecientes a todos los grupos políticos presentes en la Asamblea. Analizarán la aplicación de la ley, su adecuación a las situaciones de final de vida y el grado de información de la ciudadanía al respeto.
La Asociación Luca Coscioni sigue con la estrategia de desobediencia civil para avanzar en el reconocimiento del derecho a la muerte asistida. En 2019, el Tribunal Constitucional había reconocido el derecho a recibir ayuda para morir en el caso de pacientes dependientes de medidas de soporte vital. Marco Cappato acompañó en agosto a Suiza a una mujer con cáncer de pulmón avanzado, y acaba de acompañar a un hombre de 82 años con Parkinson avanzado, autoinculpándose a su vuelta a Italia, en busca de un juicio que permita avanzar, eliminando el requisito de dependencia de medidas de soporte vital.
Conforme al nuevo plan estratégico 2022-2026 aprobado en su reciente asamblea general, la NVVE inicia con sus miembros el debate sobre la autodeterminación al final de la vida. Se ha programado una sesión de debate el 17 de diciembre en la cual se abordarán las siguientes cuestiones: ¿es deseable la libre disposición de producto letal? ¿a todas las edades? ¿se debe dar pruebas de la libertad de decisión? ¿Cómo prevenir posibles abusos?, etc.
Después de varios aplazamientos, parece que la aprobación en Comisión de la ley de eutanasia tendrá lugar el 7 de diciembre, y la votación en la Asamblea de la República, el viernes siguiente. Todo deja prever una mayoría de votos favorables. Queda la incógnita de la decisión presidencial, que puede vetar el texto o mandarlo al Tribunal Constitucional para su revisión, como pasó en 2021.
La ley británica establece que cualquier persona que ayude al suicidio o intento de suicidio de otra persona puede ser sentenciada con una pena de cárcel de hasta 14 años de prisión. Sin embargo, los datos de la fiscalía señalan que solo se investigaron cuatro casos que fueron finalmente archivados.
Una activista de la asociación My Death, My Decision (Mi muerte, Mi decisión) –asociación que milita por una ley de muerte asistida no limitada a pacientes terminales– pasó 19 horas detenida y fue investigada por la policía durante seis meses tras su vuelta de Suiza, donde había acompañado a una mujer tetrapléjica a la clínica de Dignitas para morir.
La paciente y su acompañante sufrieron previamente acoso telefónico de parte de la policía y de los servicios sociales británicos durante el viaje a Suiza, debido a la denuncia de los cuidadores de la paciente. La policía británica alertó a la policía suiza, que se personó en las instalaciones de Dignitas, pero pudo comprobar que todo se estaba desarrollando conforme a la legislación suiza. El caso abierto en el Reino Unido fue finalmente archivado.
La ayuda al suicidio no es ilegal en Suecia: cualquiera que no sea un profesional sanitario puede ayudar sin riesgo penal a alguien que quiere morir. Los profesionales sanitarios, sin embargo, se arriesgan a perder su licencia profesional, como le pasó a Staffan Bergström, médico y anterior presidente de RTVD, la asociación sueca por el derecho a morir dignamente.
A principio de 2022, seis partidos parlamentarios que suman el 64% de los escaños indicaron a RTVD que apoyaban la creación de una comisión parlamentaria para investigar la posible regulación de la muerte asistida. La cuestión es saber si esta posición de principio se acabará traduciendo en hechos.
“EXIT. Acompañamiento con corazón. Asóciese”. Cartelitos con este mensaje se han colocado durante dos semanas en los tranvías de Basilea, Berna y Zurich en una campaña de sensibilización puesta en marcha por la asociación EXIT. Es la primera vez que la asociación realiza una campaña de este tipo, y que busca visibilidad en un medio de transporte que utiliza una gran cantidad de personas. La empresa de transporte –que ha recibido apenas cuatro quejas– defiende que esta campaña sufragada por la asociación, está protegida por la libertad de expresión.
El Gran Consejo del cantón de Zurich aprobó, con un solo voto de diferencia, una “excepción a la reglamentación” que permitirá a las residencias privadas, incluso si se benefician de una financiación pública, negarse a la práctica del suicidio asistido en sus instalaciones. Las instituciones podrán prohibir la entrada a las voluntarias de asociaciones como EXIT o DIGNITAS, y las residentes que deseen recurrir a un suicidio asistido deberán abandonar las instalaciones. En consecuencia, EXIT reclama transparencia a las instituciones en cuanto a su política relativa al suicidio asistido.
Por el contrario, los hospitales públicos del cantón de Ginebra acaban de revisar sus directrices internas para permitir la realización de suicidios asistidos en sus instalaciones, y en el cantón de Valais, los ciudadanos han aprobado una ley que impide la objeción de conciencia de las residencias de ancianos.
El departamento de salud neozelandés ha publicado los datos relativos al primer año de aplicación de la “ley de elección al final de la vida: se han presentado 596 solicitudes, 294 han recibido una respuesta favorable, y se han realizado 214 eutanasias lo que representa aproximadamente un 0,66% del total de fallecimientos. Un total de 312 médicos y 11 siquiatras conforman el grupo SCENZ de profesionales sanitarios especialmente formados para responsabilizarse de los procesos de muerte asistida. Un dato importante: 1/3 de las solicitudes fueron rechazadas porque el paciente no tenía el pronóstico de vida inferior a 6 meses exigido por la ley. Los activistas a favor de la muerte asistida reclaman ya la eliminación de esta limitación. Está previsto una revisión de la ley en 2024.
Todos los estados de Australia ya han legalizado la eutanasia. Sin embargo, los territorios –el Territorio del Norte y la capital, Canberra– tenían prohibido legislar sobre este tema desde 1997 a consecuencia de un veto impuesto por la Commonwealth para desactivar la primera ley de muerte asistida del mundo puesta en marcha en el Territorio del Norte, un año antes. La votación del 1 de diciembre en el Senado Federal ha revertido por fin esta prohibición, abriendo el camino para que los dos territorios pueden debatir y legislar libremente sobre la muerte asistida. Tres intentos anteriores de revocación del veto fallaron: en 2008, 2010 y 2018. El jefe de gobierno de la capital ha anunciado inmediatamente que abrirá un debate sobre la muerte asistida a principio del año que viene con viso a aprobar una regulación de la muerte asistida a finales de 2023 o principio de 2024.
El Centro Anscombe de Bioética (Anscombe Bioethic Centre) –un centro católico de investigación en bioética de Oxford– acaba de publicar una investigación titulada “Legalisation of assisted suicide is a threat to suicide prevention” (La legalización del suicidio asistido es una amenaza para la prevención del suicidio).
Este argumento en contra de la legalización de la eutanasia o del suicidio asistido está tomando mucha fuerza tanto en Francia –donde el debate sobre una posible regulación está a la orden del día– como en Canadá, donde se podrá acceder a la muerte asistida en caso de enfermedad mental a partir de marzo 2023, y donde ya se debate una posible ampliación de la ley a menores de edad o a persona que han perdido la capacidad de expresarse, pero han otorgado un testamento vital. Muchos medios conservadores lo están manejando.
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