Con el pretexto del actual debate sobre una ley de muerte asistida en el parlamento británico, Politico, medio conservador de origen norteamericano, pero propiedad del grupo alemán Springer desde 2021, analiza la evolución europea de las legislaciones sobre muerte asistida en Europa. Habla de una “práctica controvertida pero cada vez más popular” cuya expansión considera «inevitable». Incluye una intervención del teólogo neerlandés Theo Boer: «No he visto ninguna jurisdicción en la que esta práctica no se haya expandido, ni una sola jurisdicción. Si imponemos criterios realmente estrictos podemos frenar la expansión… pero no impedirán su expansión«.
En Alemania, una sentencia del Tribunal Constitucional reconoció el derecho a la autodeterminación al final de la vida en 2020. Desde entonces y en ausencia de una ley, varias asociaciones ofrecen la ayuda a morir a sus miembros que lo desean, en particular la DGHS (Asociación para una Muerte Humana). ¿Con esta asociación, es posible obtener ayuda cuando la solicitud se fundamenta en el ‘cansancio vital’? Según este artículo parece que sí: “El que solicite acompañamiento en caso de suicidio es trasladado primero a Berlín, donde se examina la solicitud. Luego, el caso pasa a un abogado que realiza la entrevista inicial y un médico se hace cargo de una segunda entrevista. Si en ambas conversaciones se llega a la conclusión de que el deseo de morir no surge simplemente de una emoción espontánea, sino que se basa en una decisión racional, duradera y libremente responsable, se puede concertar una cita.”
Después de varias demandas presentadas en 2023 por la Asociación por una Muerte Humana (ÖGHL), dos personas gravemente enfermas y un médico, el Tribunal Constitucional volvió a examinar el procedimiento definido en la ley, aprobada en 2021, que permite en condiciones extremadamente estrictas acceder a un producto letal. El alto tribunal ha invalidado dos puntos: el límite de validez a 12 meses de la autorización de acceso a un producto letal en caso de solicitudes aprobadas, y la interpretación de la prohibición de publicitar la ayuda al suicidio que no se debe traducir en prohibición de informar.
A finales de noviembre, la propuesta de ley regional «Liberi Subito» (Libres Ahora), promovida por la Asociación Luca Coscioni ha recibido el apoyo de los concejales de los grupos mayoritarios en el Consejo Regional de la isla. “Ya hoy una persona puede pedir que la ayuden a morir si es un paciente que padece una patología irreversible que le causa un sufrimiento insoportable y que se mantiene con vida mediante tratamientos de soporte vital”, explica Marco Cappato, tesorero de la asociación. “Lo que falta es fijar reglas y plazos para que el servicio de salud responda”, añade sobre las carencias que subsanaría la aprobación de esta ley.
Malta debería empezar a debatir una ley de muerte médicamente asistida “en el nuevo año”, y el proyecto de ley actualmente debatido en el Reino Unido debería servir de modelo, afirmó el ministro de Salud, Jo Etienne Abela, miembro del Partido Laborista, que se comprometió a iniciar un debate nacional sobre la muerte asistida en su manifiesto electoral para las elecciones generales de 2022.
En Países Bajos, casi el 80% de todas las solicitudes de eutanasia son tramitadas por médicos generalistas. El testimonio de una médico de familia muestra que las cosas no son siempre sencillas en este país a pesar de años de práctica de la eutanasia. Según un profesor de Derecho Sanitario, la remuneración escasa, las horas extra, la administración y sobre todo la carga emocional amenazan con disuadir cada vez a más médicos generalistas de practicar la eutanasia.
Según una investigación realizada por el Centro de Expertos de la Eutanasia (EE) y el teléfono 113 de Prevención del Suicidio, un total de 353 jóvenes menores de 24 años con intenso sufrimiento psicológico acudieron solicitaron la eutanasia entre 2012 y 2021. En total, 12 recibieron la eutanasia, mientras en el 44% de los casos el centro rechazó la solicitud. En el 47% de los casos, la persona renunció. Además, 17 jóvenes se suicidaron mientras su solicitud se estaba tramitando, y dos dejaron de comer y beber, lo que provocó su fallecimiento. “La gran mayoría pudo seguir adelante con su vida, aunque es evidente que este grupo de jóvenes está sufriendo gravemente”, explica la directora del centro, Sonja Kersten. En realidad, se desconoce lo que ocurre con los jóvenes que han visto su solicitud rechazada. Las dos organizaciones han lanzado una investigación para averiguarlo. El Centro de Expertos, que también ofrece formación y apoyo a los médicos durante el proceso de eutanasia, ve que cada vez más profesionales aceptan acompañar estos procesos, lo que es muy positivo porque, según Kersten, “para muchos (jóvenes) es un alivio poder hablar sobre su deseo de morir (…) Como saben que estás ahí para ellos y sienten que se escucha su sufrimiento, a veces pueden seguir adelante. Una vez escuché literalmente a un joven decir que en realidad sería una pena irse ahora”.
«No ha habido nunca tanto debate público sobre la autodeterminación al final de la vida como ahora«, según la Fundación De Einder que defiende esta causa desde 1995. Un debate que apareció en la sociedad neerlandesa en los años setenta del siglo pasado. Una serie de iniciativas intentan hacer avanzar las cosas, es decir, ir más allá de la actual Ley de Eutanasia:
- La cooperativa Laatste Wil está recogiendo firmas para conseguir que se use la cápsula de suicidio Sarco en Países Bajos y ha recurrido también las sentencias condenatorias pronunciadas por los tribunales contra algunos de sus miembros por difundir informaciones sobre (y en ciertos casos suministrar) el nitrito.
- En política, el partido liberal D66 trabaja desde hace años en una Ley de Vida Completa actualmente registrada en el Parlamento.
Y para demostrar la evolución de la opinión pública, NVVE (la asociación por un final de vida voluntario) ha realizado una encuesta que muestra que el 65% de la población cree que las personas deberían poder decidir poner fin a sus vidas por sí mismas si consideran su biografía terminada. En 2017, la última vez que se realizó una encuesta similar, la cifra era del 57%.
Florian Willet, copresidente de la asociación Last Resort que usó por primera vez el dispositivo Sarco para ayudar a una mujer a morir, fue liberado a principios de diciembre tras pasar dos meses en prisión preventiva. La fiscalía finalmente ha descartado la sospecha de homicidio intencional. Sin embargo, prosigue la investigación penal por incitación y asistencia al suicidio.
A finales de noviembre del año pasado, la comisión de Salud del Senado de Chile comenzó a examinar el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos. El presidente, Gabriel Boric, había solicitado un tratamiento de urgencia del tema, bloqueado durante tres años en la cámara alta. Según la ministra de Sanidad, el procedimiento definido en la ley consiste en “un examen antes del cumplimiento de los requisitos del paciente, por parte de una comisión técnica que evalúa el diagnóstico y la condición de gravedad (…) La solicitud se le hace al médico tratante señalando expresamente la voluntad de terminar con la vida. Luego la Comisión evalúa los requisitos de forma y fondo, se aplica el protocolo del ministerio y se decide autorizar la asistencia solicitada”.
Con 66 votos a favor, el pleno de la Cámara de Representantes aprobó aplazar el segundo debate sobre el proyecto de ley que busca regular el acceso a la eutanasia en Colombia. El proyecto ahora tendrá que ser examinado en tres debates entre marzo y junio de 2025. El texto afianza el valor jurídico de las directrices anticipadas y reconoce el derecho a niños mayores de 10 años y adolescentes a acceder a la eutanasia.
La familia de un paciente de 52 años que accedió a la ayuda médica a morir ha presentado una denuncia contra la doctora Ellen Wiebe, una médica de Vancouver que fue pionera en la aplicación de la Ley de Eutanasia. El paciente tenía dolores de espalda crónicos y también un trastorno bipolar. La familia se apoya en la exclusión actual del trastorno mental como fundamento para acceder la eutanasia, y denuncia que la ley no ofrece garantías para quienes tienen “enfermedades mentales y físicas concurrentes”. Denuncia también a la doctora Wiebe por ‘mala praxis’ e incorrecta aplicación de la ley. Por otra parte, la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica (BCCLA) pide a los gobiernos provinciales y federales que revisen la legislación sobre la muerte médicamente asistida para garantizar que se implementen las salvaguardas adecuadas. La directora ejecutiva de la asociación, Liza Hughes, dice en un comunicado que existen «informes preocupantes» sobre personas a las que se les ofrece la ayuda médica a morir cuando no cumplen con los requisitos de la ley o cuando su sufrimiento resulta de condiciones sociales desfavorables. La BCCLA había apoyado en su momento los pacientes que formularon las demandas en el Tribunal Constitucional federal que impulsaron la aprobación de la ley de ayuda médica a morir. ¿El cambio intervenido en la junta directiva de esta asociación desde entonces explicaría este cambio de opinión?
El gobierno de la provincia canadiense de Alberta ha declarado no apoyar la decisión del gobierno federal de ampliar el acceso a la ayuda médica a morir a los pacientes con enfermedad mental en 2027, y la ministra de Sanidad ha indicado que están «revisando la regulación de la prestación para garantizar un procedimiento coherente y una vigilancia que permita proteger adecuadamente a los pacientes vulnerables, en particular a las personas con discapacidad o con problemas de salud mental». También se está estudiando la creación de una entidad encargada de gestionar los litigios: se trataría de un sistema que permitiría a los familiares o allegados impugnar la decisión de morir de un paciente, además de establecer un marco jurídico que permitiría divulgar las informaciones personales de un historial médico. La asociación Dying with Dignity obviamente se opone a estas medidas que dificultarían el acceso a la prestación creando obstáculos innecesarios, y opina que la ley funciona bien, responde a las necesidades y ofrece suficientes salvaguardas.
El Departamento de Sanidad de Canadá ha publicado el quinto informe federal anual sobre la ayuda médica a morir. Unas 15.300 personas accedieron a la prestación, lo que representa el 4,7% del total de los fallecimientos en Canadá en 2023. Solo el 4% de estos pacientes accedieron a la prestación por el llamado ‘track 2’ (vía 2, con procedimiento más largo y complejo) ya que su fallecimiento no era «razonablemente previsible».
Un grupo de senadores republicanos se declaran alarmados por un donativo realizado por la empresa Pfizer a la asociación Dying With Dignity canadiense. Así lo declaran en una carta dirigida a la empresa. Según los medios, se trataría de un donativo de 50 dólares que se enmarcaría en un programa en el cual la empresa se comprometió a igualar los donativos a ONGs realizados por sus empleados.
El Comité sobre la Muerte Voluntaria Asistida de Nueva Gales del Sur ha publicado el primer informe anual desde la entrada en vigor de la ley. Proporciona datos entre el 28 de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024. En este periodo de siete meses, 1.141 personas en el estado australiano realizaron una primera solicitud para acceder a la prestación, y 398 personas fallecieron mediante muerte asistida en este mismo periodo. El acceso sigue siendo difícil debido a la extensión del territorio y la falta de médicos habilitados en las zonas rurales, y también a la ley que prohíbe el uso de teleconsultas en el tratamiento de las solicitudes de muerte asistida.
Ocho personas a quienes se les negó el acceso a la muerte asistida voluntaria se han quitado la vida desde la entrada en vigor de la Ley de Muerte Voluntaria en el estado de Victoria en 2019, según una investigación realizada por un médico forense. Pidió a la Junta de Revisión de la Ley de Muerte Voluntaria Asistida considerar “dónde puede haber oportunidades para mejorar el funcionamiento de la muerte asistida voluntaria en el estado». Los casos señalados han sido rechazados por no cumplir con el requisito de terminalidad: pronóstico de vida de seis meses, y doce en caso de enfermedad neurodegenerativa. Los familiares informaron que cuando a las personas se les negó el acceso a la muerte asistida, «la consiguiente desesperación y frustración contribuyeron a su decisión de quitarse la vida».
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