En 2020, el Tribunal Constitucional Federal dictaminó que el derecho a una vida autodeterminada incluye el derecho a decidir sobre la propia muerte. En consecuencia, anuló la prohibición de la ayuda al suicidio. Las asociaciones, como DGHS, que ofrecen esta ayuda a sus miembros funcionan desde entonces al amparo de esta sentencia. Sin embargo, la asistencia al suicidio sigue siendo un delito penal, si la capacidad de la persona para tomar decisiones está cuestionada.
El Tribunal Federal de Justicia (BGH) acaba de confirmar la condena a tres años de cárcel pronunciada en primera instancia por el Tribunal Regional de Berlín contra el médico Christoph Turowski. Después de una primera asistencia fallida, un mes después el médico preparó una infusión intravenosa para una mujer que sufría depresión. Ella misma inició la perfusión en una habitación de hotel y falleció poco después. El tribunal considera que la mujer presentaba un deterioro psicológico grave que impedía que su petición de ayuda a morir fuese libre.
“La actual situación de falta de regulación promueve el abuso y no protege la autonomía de las personas con tendencias suicidas», afirma Kappert-Gonther, diputada de los Verdes. Desde hace varios meses, un grupo de parlamentarios de la CDU/CSU, el SPD, Los Verdes y el Partido de Izquierda está trabajando sobre una regulación de la asistencia al suicidio. Consideran preocupante la situación actual y que falta un mecanismo de protección para las personas en crisis existenciales. Muchos médicos también presionan para que se regule legalmente.
Otro caso actualmente ante la justicia es el de los dos ‘facilitadores’ de DGHS que ayudaron a morir a Florian Willet, el abogado que supervisó en Suiza el primer suicidio mediante la cápsula SARCO creada por Philip Nitschke. La fiscalía de Colonia sospecha que Willet sufría graves problemas de salud mental y, por lo tanto, no debería haber recibido la prestación.
El 28 de enero, el Senado ha rechazado la propuesta de ley sobre la ayuda a morir, ya fuertemente vaciada de contenido después de su paso por la Comisión de Salud de la Cámara alta. Recibió 181 voto en contra, 122 votos positivos y 38 abstenciones.
El texto original que abría un derecho limitado a la ayuda médica a morir había sido aprobado en mayo pasado en la asamblea.
Ahora el debate volverá a la Asamblea que examinará en segunda lectura el texto anteriormente aprobado. Frente a las posiciones antagonistas de las dos cámaras, se barajan dos soluciones: la creación de una comisión mixta para elaborar un texto legislativo de consenso o en caso de estancamiento parlamentario, la organización de un referéndum, posibilidad mencionada por Emmanuel Macron antes del verano.
Paralelamente a los debates parlamentarios sobre el texto de ley de ayuda a morir en el Parlamento, el Tribunal Penal de París ha condenado el 9 de enero a doce activistas de la asociación Ultime Liberté a penas de prisión suspendida de hasta 10 meses por tráfico de barbitúricos. Estaban procesados por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas y no por incitación o asistencia al suicidio. Utilizaron los dos meses de juicio para abrir un debate social sobre la muerte asistida.
Las condenas impuestas van desde una multa de 2.000 euros, a diez meses de prisión condicional para la fundadora de la asociación, Claude Hury, cuyo «amateurismo en el acompañamiento de las personas que desean morir” fue condenada por los jueces.
“No matamos a nadie, simplemente ayudamos. Tuvimos un gesto humanitario hacia quienes pedían ayuda”, reaccionó Claude Hury, profesora jubilada de 76 años, tras el veredicto, anunciando que apelaría la decisión. Uno de los abogados defensores, Frédéric Verra, celebró “una sentencia relativamente simbólica que demuestra el malestar del tribunal”.
A finales de enero de 2026, los partidos de centroderecha en los Países Bajos alcanzaron un acuerdo para formar un nuevo gobierno de coalición. La coalición está formada por el centrista D66, los liberales del VVD y los democristianos del CDA. Rob Jetten (líder de D66) se perfila para convertirse en primer ministro. Se trata de un gobierno minoritario, con solo 66 de los 150 escaños en la Cámara de Representantes, lo que les obligará a buscar apoyos puntuales de la oposición para aprobar leyes. La NVVE (Asociación Holandesa por un Final de Vida Voluntario) lamenta que el acuerdo de gobierno no mencione la ampliación de las posibilidades de autodeterminación al final de la vida. Recordemos que D66 había presentado en las dos anteriores legislaturas un proyecto de Ley de Vida Cumplida.
“Es una oportunidad perdida para impulsar el debate social actual sobre una mayor autodeterminación al final de la vida, a pesar de que los partidos D66 y VVD lo prometieron en sus programas electorales”, declara la directora de la asociación. Diversas encuestas de opinión de los últimos años han demostrado que una gran mayoría de la población holandesa apoya una mayor autodeterminación.
La postura del NVVE es que la ley de eutanasia es sólida. Las personas que experimentan un sufrimiento insoportable y desesperanzado con un diagnóstico médico pueden optar a la eutanasia. Pero también hay personas que desean morir a pesar de no padecer ninguna enfermedad y, por lo tanto, no pueden recibir ayuda para morir con dignidad. La NVVE cree que estas personas no deberían estar excluidas. El Plan Estratégico de la asociación para el período 2026-2030 se titula “Hacia la libertad de elección al morir”.
“Wavering between life and death: a qualitative study into the perceived causes and needs of persons with persistent suicidability” (Entre la vida y la muerte: un estudio cualitativo sobre las causas y necesidades percibidas por las personas con tendencia suicida persistente).
Esta investigación ofrece información sobre cómo las personas con pensamientos suicidas persistentes experimentan su situación. Muestra que estos pensamientos suelen surgir de una compleja interacción entre trauma, quejas psicológicas y estrategias de gestión del estrés. El estudio también muestra que la recuperación no significa lo mismo para todos. Para algunos, no se trata solo de mejorar, sino principalmente de aprender a lidiar con estos pensamientos. El artículo enfatiza la importancia de un enfoque comprensivo que realmente valore y escuche a las personas, y que también permita conversaciones difíciles sobre el deseo de morir.
La Cámara de los Lores está prolongando deliberadamente los debates sobre el proyecto de Ley sobre Adultos con Enfermedades Terminales (Final de la Vida), ya aprobado en la Cámara de los Comunes, con la presentación de más de 1.000 enmiendas, para impedir su aprobación antes del final de la legislatura en mayo.
Sin embargo, existe un procedimiento hasta ahora muy poco utilizado, que podría permitir avanzar: la Ley del Parlamento de 1911 permite, bajo ciertas condiciones, la aprobación de leyes sin la aprobación de la Cámara de los Lores. Los parlamentarios que impulsan el proyecto de ley sobre la muerte asistida están estudiando esta solución ya que sería la única manera de garantizar la aprobación del texto en este período parlamentario.
El parlamento de la Isla de Man se convirtió en el primer parlamento de las Islas Británicas en aprobar una legislación sobre muerte asistida. Como dependencia de la Corona, el texto aprobado en marzo de 2025 se convertirá formalmente en ley una vez que reciba la sanción real. Parece que el Ministerio de Justicia está alargando este trámite. Una vez conseguida la sanción real, la ley entraría en vigor entre 18 meses y 2 años después.
El proyecto de ley de la Isla de Man concierne únicamente a los adultos residentes en la isla durante al menos cinco años que padecen una enfermedad terminal con un pronóstico vital no superior a 12 meses.
Pena de 14 años de cárcel a un hombre que vendió Pentobarbital a través de un foro de internet en 2024 en cuatro ocasiones. Dos de las personas que recibieron el producto se suicidaron. Se trataría de la primera condena de este tipo en el Reino Unido.
A día de hoy, todos los intentos políticos para regular la asistencia al suicidio de forma más estricta han fracasado en Suiza. Sin embargo, el debate alrededor de la necesidad de una regulación más estrictas se reavivó tras el uso de la cápsula Sarco en una asistencia al suicidio. Tras un largo debate, el Parlamento solo aprobó una propuesta mínima, incluida en una moción de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Estados, la cámara alta del Parlamento que proponía supervisar la evolución general de esta ayuda mediante el mantenimiento de estadísticas sobre los casos de personas domiciliadas en el extranjero. La propuesta fue finalmente rechazada por tres razones: ya existen datos sobre suicidios asistidos, ya que se consideran muertes excepcionales y se investigan; la administración indicó que dicha recopilación de datos implicaría costes considerables; y Suiza puede poner fin al mal llamado ‘turismo de la muerte’ en cualquier momento si así lo desea, sin necesidad de introducir ninguna vigilancia adicional.
La Ley de Eutanasia vuelve a quedar sin avance en el Senado, en medio de un escenario político marcado por el cambio de gobierno y por una creciente confrontación entre oficialismo y oposición sobre el futuro de este y otros proyectos del ejecutivo. “El gobierno actual le ha puesto más de 50 veces urgencia a la ley de eutanasia y el Senado no la respeta. Hay una mayoría circunstancial de derecha que ha bloqueado este proyecto, ni siquiera permitiendo que se discuta”, acusa el diputado Mirosevic, impulsor del proyecto de ley. Agregó que ve muy difícil que el proyecto avance antes de marzo, cuando asuma el poder el nuevo gobierno.
El Tribunal Constitucional ha establecido nuevos parámetros que deberán aplicar los comités interdisciplinarios de muerte digna en los casos en que la persona que solicita la eutanasia, por su condición de salud o discapacidad, no puede manifestar directamente su consentimiento. Antes de esta sentencia, la jurisprudencia constitucional utilizaba de manera general la figura del consentimiento sustituto para los casos en los que un tercero manifestaba la voluntad del paciente frente a la muerte digna. El alto tribunal considera ahora que este concepto no resulta suficiente cuando existen manifestaciones previas de la persona que permitan reconstruir sus intenciones. A partir de ahora, se deberán agotar todas las vías posibles para interpretar las preferencias previas de la persona y garantizar el respeto de su autonomía.
Cuba acaba de aprobar una nueva Ley de Sanidad que entrará en vigor el próximo abril. La norma reconoce por primera vez los derechos de los pacientes como el consentimiento informado, el rechazo de tratamientos, el acceso a técnicas de reproducción asistida y la posibilidad de expresar voluntades anticipadas o decisiones relativas al final de la vida. El artículo 158 reconoce el derecho a una muerte digna y menciona «los procedimientos válidos que ponen fin a la vida», pero la aplicación efectiva de la eutanasia o la asistencia al suicidio sigue a la espera de una futura regulación. Hasta ahora, cualquier acción médica destinada a provocar la muerte, incluso con consentimiento del paciente, sigue siendo un delito y la nueva ley no cambia ese punto de manera directa, pero introduce un lenguaje distinto, más flexible, que rompe con décadas de silencio institucional sobre el derecho a morir sin sufrimiento.
El tema de la muerte asistida ha vuelto en el debate público y legislativo en México tras la presentación de una iniciativa parlamentaria que busca despenalizar esta práctica con una regulación estatal. La propuesta fue impulsada por una diputada del grupo parlamentario de Morena, y plantea modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.
La iniciativa establece que la muerte asistida solo podría aplicarse a personas mayores de 18 años que lo soliciten de manera expresa y por escrito, y cuya solicitud sea evaluada por un Comité de Bioética.
La iniciativa se encuentra actualmente en fase de análisis en las comisiones de Salud y de Justicia del Parlamento.
Muchos hospitales de obediencia religiosa con financiación pública se niegan a practicar eutanasias en sus instalaciones, lo que obliga a pacientes al final de su vida a soportar dolorosos traslados. La familia de una mujer de Colombia Británica que vivió esta situación acaba de presentar una demanda ante el Tribunal Supremo de la provincia. Los demandantes exigen la derogación de esta política para que los pacientes no tengan que ser trasladados a otro centro en sus últimos momentos de vida.
Los datos de los informes anuales de Salud Canadá muestran que, en 2023, casi la mitad de los traslados se debieron a la política del centro donde se encontraba el paciente, y en 2024 fueron la cuarta parte.
Columna semanal de Bert Keizer en el periódico TROUW.
Bert Keizer es filósofo y médico SCEN (médico consultor y referente de la eutanasia en los Países Bajos):
Assessors’ decision-making regarding applicant eligibility for Track 2 medical assistance in dying in Canada: a qualitative study (La toma de decisiones de los evaluadores sobre el acceso a la asistencia médica para morir por la Vía 2 en Canadá: un estudio cualitativo).
Estudio sobre el acceso a la eutanasia de los pacientes que no se encuentran en una etapa terminal de enfermedad (la llamada ‘Vía 2’)
El proyecto de ley de Ayuda Médica para Morir, que legaliza el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales con menos de seis meses de vida, fue enviado a la gobernadora Kathy Hochul el 31 de diciembre. Tiene 30 días para firmarlo, excluyendo domingos y festivos, por lo que la fecha límite para su firma es la medianoche del viernes 6 de febrero.
El Territorio del Norte de Australia, la primera jurisdicción del mundo en legalizar la muerte voluntaria asistida en 1995 -revocada en 1997 por el Parlamento federal- podría adoptar una nueva ley sobre asistencia médica para morir. Esto lo convertiría en la última entidad australiana en contar con un marco legal de este tipo, tras la adopción de leyes similares por parte de los seis estados y el Territorio de la Capital Australiana. En septiembre de 2025, una comisión parlamentaria recomendó la aprobación en el Territorio de una ley que autoriza la asistencia médica para morir, así como el lanzamiento de una amplia campaña de información pública para combatir la desinformación, especialmente en comunidades aisladas e indígenas. La redacción de la ley está actualmente en curso.
La Muerte Voluntaria Asistida cuenta con un amplio apoyo entre los australianos. Sin embargo, si bien el panorama legislativo ha cambiado drásticamente, el apoyo financiero y estructural para los profesionales que prestan esta atención en Australia no lo ha hecho.
El resultado es una financiación fragmentada, inconsistente o inexistente, lo que socava la sostenibilidad de la prestación.
Una reciente encuesta reveló una insatisfacción generalizada de los profesionales sanitarios con los modelos de remuneración actuales. Casi dos tercios de los encuestados consideraron que los sistemas de su estado eran inadecuados, más de una cuarta parte declaró proporcionar atención ambulatoria no remunerada y solo un tercio recibió algún reembolso del gobierno estatal. En Victoria, la insatisfacción superó el 80%, mientras que en Australia Meridional y Tasmania todos los encuestados manifestaron estar insatisfechos. Solo Nueva Gales del Sur destacó, con una escasa mayoría (51%) que declaró una remuneración adecuada.
Comparte este artículo