Conoce las últimas noticias sobre la situación de los derechos al final de la vida a nivel internacional.
Desde la histórica sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció el derecho a la autodeterminación al final de la vida en 2020, la asistencia al suicidio está permitida en Alemania, y varias asociaciones ofrecen esta prestación. La más importante es la DGHS (Asociación Alemana para una Muerte Humana) que consta con 60.000 miembros y ha realizado ya 900 asistencias. Está seguida por la VereinSterbehilfe y Dignitas Alemania, las dos con oficinas en Suiza y en Alemania. Se ha añadido recientemente la organización Linus, que no exige ser miembro, y con 500 prestaciones efectuadas realiza casi tantas como las dos anteriores juntas.
Actualmente un grupo de diputados de todos los partidos menos la ultraderechista AfD denuncian una situación muy caótica y trabajan en un proyecto de ley de suicidio asistido con la ambición de que sea aprobada este año. Las declaraciones de algunos participantes han despertado preocupación por la posible introducción de muchas restricciones y en particular de exigencias severas de evaluaciones psiquiátricas.
Un psiquiatra y neurólogo de 83 años ha sido condenado nuevamente por homicidio involuntario a cuatro años y cuatro meses de cárcel, teniendo en cuenta una condena anterior por ayudar a morir a un hombre de 42 años en 2023.
Según el veredicto, el paciente padecía una enfermedad mental que le incapacitaba para tomar una decisión responsable. El hecho de que el médico, a pesar de todo, llevara a cabo el suicidio asistido, según el veredicto, está relacionado con su motivación: «se considera un defensor de las personas con enfermedades mentales y del derecho a una vida autodeterminada», declaró el juez durante la lectura del veredicto.
Según el comunicado publicado por la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia, en 2025, se realizaron 4.486 eutanasias, lo que supone un aumento del 12,4 % con respecto a 2024. De este modo, la eutanasia representa el 4 % de las muertes registradas en Bélgica en 2025, frente al 3,6 % en 2024. La mayoría de los pacientes tenía más de 70 años (73,7 %).
La eutanasia en pacientes menores de 40 años sigue siendo poco frecuente (1,4%). En 2025 se registró un caso de eutanasia en el que se vio involucrado un paciente menor de edad, lo que eleva el número total de casos a siete desde que la ley se extendió a los menores en 2014.
La ley belga excluye a las personas con demencias de la posibilidad de acceder a la eutanasia, si bien se ha llevado al Parlamento una propuesta del Comité consultivo de Bioética que plantea la posibilidad de ensanchar los criterios legales de acceso incluyendo los casos de enfermedades neurodegenerativas en el marco del Documento de Voluntades Anticipadas.
El debate que debía tener lugar en el Senado del 1 al 3 de abril va a ser aplazado a raíz de una solicitud de la Comisión de Asuntos Sociales donde voces se habían levantado en contra de un calendario tan apremiado. Según fuentes gubernamentales, este aplazamiento no debería cuestionar la posibilidad de adopción de los textos antes del verano. El presidente de la Asociación por el Derecho a Morir en Dignidad, Jonathan Denis, ha denunciado una nueva afrenta a los enfermos y a sus familias debida a la falta de valentía de los responsables políticos.
En su libro “A estos pacientes que ayudamos a morir”, el Dr. Peillon reconoce haber provocado la muerte de pacientes en final de vida y denuncia la hipocresía que existe en Francia sobre el tema y el desfase entre la ley que prohíbe “provocar deliberadamente la muerte” y la realidad cotidiana del personal de urgencias que se enfrenta a situaciones horrorosas.
A pesar de su expulsión, sigue defendiendo sus convicciones en el marco del debate actual sobre la nueva ley en el Senado.
Una vez más los tribunales han desestimado los cargos presentados contra militantes de la Asociación Luca Coscioni por acompañar a personas a morir en Suiza. Por otra parte la asociación ha lanzado una campaña para denunciar el proyecto de ley que se va a debatir en el Senado en abril ya que solo permitiría el acceso a la ayuda a morir a paciente dependientes de medidas de soporte vital, lo que excluiría a muchos pacientes con cáncer terminal o enfermedad neurológica.
Por otra parte, a finales de marzo, tras dos años de espera, batallas legales y continuos aplazamientos, una mujer de 55 años con esclerosis múltiple pudo fallecer como lo deseaba, autoadministrándose un producto letal mediante un dispositivo controlado por los ojos, diseñado expresamente para la circunstancia.
Según el informe, en 2025 se practicaron 10.341 eutanasias, un 3,8 % más que en 2024. El número de notificaciones de eutanasia con respecto al total de fallecimientos fue del 6 % en 2025, frente al 5,8 % en 2024.
Según la asociación NVVE, “la tendencia demuestra que la eutanasia es una opción cada vez más aceptada y utilizada”. En el 85 % de los casos las solicitudes se fundamentaban en afecciones físicas que provocaban un sufrimiento intolerable, y un 64% de los pacientes tenían una edad superior a 70 años. Se registraron 499 casos de eutanasia con demencia (427 en 2024), y 174 casos de enfermedad mental (219 en 2024).
Un estudio sobre el ‘final de la vida autogestionado’ en parte financiado por la NVVE pone en evidencia que cada año 2.000 personas acaban con su vida ingiriendo un producto letal y 3.800 dejando de comer y beber. Aproximadamente la mitad de las personas que decidieron terminar con sus vidas de una de estas dos maneras lo hicieron por convicción, por ejemplo, porque no querían cargar a alguien más con su deseo de morir. Dos de cada tres personas eligieron uno de los dos métodos después de que se rechazara su solicitud de eutanasia.
Dos hechos contribuyen a explicar esta situación: en 2014 el Colegio de Médicos (KNMG) publicó una guía sobre la interrupción de la alimentación e hidratación en la cual describe cómo los médicos pueden brindar el apoyo adecuado a sus pacientes que eligen esta opción, y posteriormente NVVE difundió un folleto sobre este método. Y luego a partir de 2017 se difundió información sobre el nitrito.
El estudio conduce a dos conclusiones:
- Existe un grupo significativo de personas que, por convicción, eligen poner fin a sus vidas por iniciativa propia, sin depender de nadie.
- No debería ser que las personas elijan uno de los dos métodos como una segunda opción, cuando no han podido acceder a la eutanasia.
La falta de datos sobre el uso no terapéutico del pentobarbital sódico en la eutanasia deja un vacío importante en la literatura científica que critica Philip Nitschke en dos entradas de su blog:
● When Nembutal Fails: Legal Road Blocks & Politics (Cuando el Nembutal falla: Obstáculos legales y política).
● The Final Journey is not always Peaceful (El viaje final no siempre es pacífico: por qué la eutanasia está menos investigada médicamente que los tratamientos que salvan vidas).
Os dejamos dos testimonios sobre la dificultad de acceder a la ayuda médica a morir, tanto en Países Bajos como en Suiza.
¿En qué punto se encuentra el debate sobre la eutanasia en Portugal? La ley fue votada y aprobada en el Parlamento en mayo de 2023, e incluso promulgada, pero su reglamentación nunca avanzó, impidiendo que la medida entrara en vigor. Marcelo Rebelo de Sousa se opuso a la ley y durante su mandato hizo todo lo posible por detenerla con la ayuda del Tribunal Constitucional que se pronunció tres veces. En el fallo último, en abril 2025, a pesar de recalcar que la mayor parte de la legislación se ajusta a la ley fundamental, seis disposiciones fueron declaradas inconstitucionales.
Varios juristas consideran que el proceso actualmente en marcha es inviable, argumentando que el Parlamento tendrá que aprobar una nueva ley en lugar de regular la que fue aprobada y posteriormente impugnada en el pasado. Por lo tanto, lo más probable es que el debate se posponga al menos hasta el final de esta legislatura. La mayoría de derechas no tiene intención de reabrir el proceso (AD y Chega se oponen) y en la izquierda, no hay suficientes diputados para aprobar una nueva ley.
Por 69 votos contra 57 el parlamento rechazó un proyecto de ley que habría permitido a adultos con enfermedades terminales (con una expectativa de vida menor a seis meses) solicitar ayuda para poner fin a su vida. La votación se produjo tras un debate de tres horas, con libertad de voto para los legisladores. El impulsor del proyecto, Liam McArthur, defendió que la ley era necesaria para evitar sufrimiento innecesario en personas terminales. Los opositores se apoyaron en supuestos riesgos para personas vulnerables, mayores, enfermas o con depresión, que podrían sentirse presionadas. La viceprimera ministra Kate Forbes votó en contra, citando preocupaciones de profesionales sanitarios.
Tras el rechazo parlamentario, familias y activistas que apoyaban el proyecto de ley escocés se comprometieron a continuar la lucha. Dignity in Dying destacó que la votación fue la más ajustada de las tres que se han celebrado en Holyrood y expresó confianza en que el debate volverá con la próxima legislatura, tras las elecciones escocesas de mayo de 2026.
Exit DeutscheSchweiss es la asociación de suicidio asistido más importante y opera en las zonas de habla alemana e italiana. En 2025, 1.421 personas utilizaron sus servicios. El número de miembros también ha crecido de forma constante: 14.189 personas se unieron en un año, lo que llevó a un total de 195.836 miembros a finales de 2025.
La asociación atribuye el crecimiento del número de suicidios asistidos, entre otras cosas, al envejecimiento de la sociedad, que se enfrenta a enfermedades o discapacidades graves. La edad media de las personas acompañadas en 2025 fue de 80 años y el 75 % de los suicidios asistidos se realizaron en domicilios particulares.
Cada vez más extranjeros viajan a Suiza para morir, en particular de Gran Bretaña y EE.UU. En 2025, Dignitas acogió a 280 extranjeros y Pegasos a 340.
El 85% de los canadienses apoya la ayuda médica a morir, y el 80% cuando un trastorno mental sea la única causa que lleve a solicitarla. En este enlace se accede a la encuesta.
Sin embargo, el Gobierno de Alberta acaba de presentar el proyecto de Ley 18, Ley de Salvaguardias para la Terminación de la Vida como Último Recurso que, a pesar de su título, se dedica más a restringir o dificultar el acceso a la AMM que a reforzar las salvaguardas previstas. Esta ley, si se aprueba, introduciría una serie de requisitos y limitaciones para los pacientes que soliciten la prestación: reduciría el acceso a pacientes con un pronóstico inferior a 12 meses; prohibiría totalmente el acceso a menores de edad, a pacientes con trastornos mentales o que carezcan de capacidad para tomar decisiones sanitarias, así como cualquier solicitud anticipada para someterse a la AMM (lo que dificulta mucho el caso de las demencias).
Por otra parte, los proveedores de atención médica deberán exigir que un familiar esté presente durante la prestación de la AMM. El proyecto también prohibiría que los profesionales sanitarios proporcionen información sobre la AMM o remitan a los pacientes a servicios de AMM fuera de la provincia.
Un post del blog “MAID in Canada” (Asistencia Médica a Morir en Canadá) que analiza el hecho de que “en los debates sobre la asistencia médica para morir (MAiD), no todas las voces tienen el mismo peso”: “la narrativa está marcada por quienes hablan en nombre del paciente, generalmente familiares afligidos o activistas contrarios a la asistencia médica para morir con opiniones firmes sobre la legislación”, lo que crea una imagen distorsionada.
El pasado 23 de marzo tuvo lugar en Ciudad de México un coloquio para dar a conocer y debatir la iniciativa legal liderada por Samara Martínez para legalizar la eutanasia, con la presencia de la presidenta de la World Federation, Asunción Álvarez del Río. Se analizó porqué la eutanasia genera tanta controversia en el sector sanitario, criticando la obsesión terapéutica que hace que los médicos se empeñan en luchar contra el final de vida en vez de acompañar. Se señaló la necesidad de extender la educación bioética y de generar un debate informado y serio en la sociedad siguiendo el ejemplo de Uruguay. Esta iniciativa legal es el primer gran paso para conseguir un marco jurídico para la eutanasia en México.
El Informe de la asociación Go Gentle sobre la muerte voluntaria asistida en Australia y Nueva Zelanda en 2024 indica que esta práctica representa alrededor de un 1 % de las muertes, y que en el 72,6 % de los casos ha sido por enfermedades oncológicas. Los datos prueban que las leyes de VAD están funcionando de manera segura y según lo previsto, y que la demanda de VAD está creciendo. El informe señala que se necesita incentivar y remunerar adecuadamente a los profesionales sanitarios para que participen; que las restricciones para iniciar conversaciones sobre VAD con los pacientes por parte de los profesionales sanitarios están dificultando el acceso. Existen fuertes intersecciones entre VAD, cuidados paliativos y cuidados al final de la vida que requieren una mejor integración.
El Tribunal Supremo de la India ha autorizado por primera vez retirar los tratamientos de soporte vital a un hombre de 32 años que llevaba 13 años en estado vegetativo permanente tras un accidente. La decisión responde a una petición presentada por el padre del paciente, y cuenta con el aval de dos juntas médicas que concluyeron que su estado es irreversible y que los tratamientos solo prolongaban su existencia biológica sin posibilidad de recuperación. El máximo tribunal del país instó al Gobierno central a estudiar presentar una ley específica que regule esta práctica, actualmente amparada únicamente por directrices del propio Supremo.
Un interesante artículo realizado por la AFP apoyándose en numerosos estudios de diferentes repertorios sobre las experiencias de muerte asistida en Oregón, Canadá y Bélgica:
«Les plus pauvres» recourent davantage à l’aide à mourir? Ce n’est pas ce que montrent des études (¿Recurren con mayor frecuencia las personas más pobres a la muerte asistida? Los estudios no lo demuestran).
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