El Tribunal Constitucional (TC) dio su aval de garantías constitucionales a la LORE en dos sentencias, pero advierte en ellas que el fundamento que legitima el derecho fundamental a morir está en la libre autodeterminación del ciudadano.
Los recursos de inconstitucionalidad presentados por Vox y PP tiraron de la lengua del tribunal y este ha entrado en diálogo con la sociedad y ha dejado constancia jurisprudencial del fundamento del hecho eutanásico. El discurso jurídico de las sentencias está cuestionando la visión eutanásica del Código Penal y de la LORE y ha revolucionado el escenario: el protagonista de la eutanasia es el sujeto eutanásico y no el médico que provoca la muerte. La razón para recibir ayuda y morir no es la
supuesta ‘razón compasiva’ de que habla la LORE sino la libre autodeterminación del sujeto que decide morir. La autodeterminación del sujeto eutanásico se funda en el artículo 15 complementado por los arts. 1 y 10 de la Constitución (CE). Es más, la autodeterminación en ‘contexto eutanásico’ no lo exige la Constitución, sino que lo marca la LORE.
Las sentencias del TC (STCs) vienen a refrendar el discurso de DMD en pro del derecho a ser libres en el morir. Son, además, el reconocimiento de la mayoría de edad del sujeto ante el dilema existencial de ‘ser o no ser’. Con la sentencia desaparece la dimensión paternalista de la LORE que hace depender el derecho a recibir ayuda del sentimiento de compasión del médico y de la sociedad ante la trágica situación de un sujeto vulnerable. Las STCs recuerdan el razonamiento kantiano de que el humano es autónomo, se autodetermina en su existencia porque es ‘fin en sí mismo’ y no puede ser tratado como me dio. «A todo ello –dice una de las sentencias- hay
que añadir que la facultad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida cristaliza principalmente en el derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE). Este derecho protege la esencia de la persona como sujeto con capacidad de decisión libre y voluntaria, resultando vulnerado cuando se mediatiza o
instrumentaliza al individuo, olvidando que toda persona es un fin en sí mismo».
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA ABIERTO UN DEBATE OFICIAL SOBRE EL FUNDAMENTO QUE VALIDA EL DERECHO EUTANÁSICO
Con el planteamiento del TC que afecta a la estructura interna de la eutanasia, el Tribunal está abriendo un ‘debate público’. Todos estos nuevos elementos definitorios de la eutanasia que están presentes en las dos sentencias reclaman implícitamente una transformación del discurso ético-jurídico que ha de ser reescrito desde las exigencias que marca el TC. En una palabra, la LORE trata el derecho a morir restringido exclusivamente a dos contextos patológicos que han de ser discrimina
dos e informados por dos médicos lo cual supone una limitación y condicionamiento en el campo de la autodeterminación y por ello una violencia del Estado a la voluntad libre del ciudadano.
Al vivir en una democracia abierta y progresiva creo que la ley del diálogo va también con las instituciones y cuando una institución como el TC dice su palabra, el resto de instituciones la escuchan y algo tendrán que decir y que actuar. Sería un fraude democrático dejar pasar el impacto de las sentencias y que todo siga igual. Los poderes del Estado -y en primer lugar el legislativo- han de comunicarse e ilustrarse mutuamente en una ‘conversación pública’, Con el discurso eutanásico del TC podrá desarrollarse la nueva cultura del morir que estará fundada en la autónoma y libre autodeterminación del sujeto eutanásico muy por encima de la un tanto precaria cultura del morir que presenta la LORE. Para estas fechas tras varios años de ejercicio administrativo de la LORE y de vigor de las sentencias el poder ejecutivo, el legislativo y también algún tribunal podían haber reaccionado ante el dispuso eutanásico y las exigencias de tales sentencias.
LA LIBRE AUTODETERMINACION DE MORIR, SIN NECESIDAD DE CONTEXTO EUTANÁSICO, LEGITIMA EL DERECHO A MORIR CON AYUDA
El primer interlocutor del diálogo institucional tenía que ser el Congreso y en particular los diputados socialistas que presentaron la propuesta de ley con que se elaboró la LORE. También el poder judicial tendrá que dar su respuesta eficaz a las sentencias. Es cierto que en un Estado de Derecho cualquier decisión de un órgano administrativo puede ser recurrido ante los tribunales y así ha ocurrido con decisiones eutanásicas aprobadas por la Comisión de garantías que es un órgano administrativo, pero es muy posible que con el valor de autoderminación de las STCs y el derecho a la prestación de ayuda se hubiera zanjado y archivado algún caso de eutanasia judicializado. La realidad, al menos por el momento, es que en establecer el diálogo institucional existe un conformismo,se silencian las sentencias y su impacto, y todo sigue igual.
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