Revista de prensa internacional (junio 2026)

Después de su rechazo por el Senado, el texto de la ley sobre el fin de la vida ha vuelto a la Asamblea, primero en Comisión de Asuntos Sociales, donde se suprimió del texto los delitos de obstaculización y de incitación a la eutanasia, que preveían penas de cárcel, y a partir del 22/06, en el Pleno. Esta lectura terminó con la aprobación mayoritaria del texto con un voto solemne el 30 de junio. Aunque el texto volverá a ser rechazado por la mayoría conservadora del Senado por tercera vez, ya no se prevé modificación hasta su aprobación definitiva el 15/07, terminando así un largo proceso de debate iniciado hace más de tres años por una Convención Ciudadana en torno a una reforma que era una de las grandes promesas de la Presidencia de Macron. La demanda de los grupos de derechas de organizar un referéndum sobre la legalización de la ayuda a morir fue rechazada por el Consejo Constitucional. El apoyo de los franceses a esta reforma no se ha visto mermado a lo largo de estos años, incrementándose hasta un 75 %.

Diez años después de la aprobación de la ley, que autoriza la aplicación de sedación profunda para enfermos en situación terminal, se dan casos de médicos y hospitales que rechazan su utilización, considerándolo una ‘práctica controvertida’.

A raíz de la demanda contra el hospital Cognacq-Jay de París, un reportaje radiofónico ha desvelado la existencia de varios casos de pacientes en cuidados paliativos que no accedieron a la sedación terminal a pesar de haberla solicitado.

En un caso impulsado una vez más por la asociación Luca Coscioni, el Tribunal Constitucional está examinando el concepto de “tratamiento de soporte vital” en el marco del acceso al suicidio asistido. Actualmente la sentencia de 2019 del alto tribunal, al amparo de la cual 17 personas han podido acceder al suicidio asistido, exige que la persona solicitante de la prestación dependa de tratamientos de soporte vital. Si la sentencia declara esta condición discriminatoria y, en consecuencia, inconstitucional, se ampliaría el número de pacientes susceptibles de acceder a la prestación.

Las autoridades neerlandesas han confirmado el primer caso de eutanasia practicada a un niño de entre uno y doce años desde que en 2024 entrara en vigor la normativa que permite poner fin a la vida de menores en ese grupo de edad con enfermedades incurables que sufran de forma insoportable y sin perspectivas de mejoría.

Los pediatras presionaron durante años para abordar la laguna legal que existía para los niños de entre uno y doce años, la cual se cerró en 2024 con estrictas garantías. Estas incluyen el consentimiento de los padres, la participación del niño cuando sea posible, una revisión médica independiente y la confirmación de que no existe ninguna alternativa paliativa razonable.

El 9 de junio se presentó en el Parlamento una propuesta legislativa ciudadana apoyada por 75.000 firmas reclamando una mayor autodeterminación al final de la vida. Supera ampliamente las 40.000 firmas necesarias para su toma en consideración. En abril, una encuesta realizada en el marco de un programa de televisión indicaba que el 85 % de los encuestados expresaban la misma reivindicación.

La NVVE (Asociación para un Final de Vida Voluntaria) considera que son señales lanzadas a los políticos, 25 años después de la aprobación de la ley de eutanasia, para dar un paso más hacia una mayor autodeterminación.

En el verano de 2024, quedó patente la división entre los psiquiatras respecto a la eutanasia por sufrimiento mental. Un grupo de psiquiatras envió una carta al Ministerio Público porque consideraban que la eutanasia por sufrimiento mental se concedía con demasiada facilidad. Por otro lado, hay psiquiatras que insisten en que en ciertos casos ocurre que, tras haber agotado todas las opciones razonables, la solicitud de eutanasia deba ser considerada seriamente.

La Asociación Psiquiátrica Neerlandesa creó entonces un grupo de trabajo que aboga por una tramitación más estricta de la prestación, involucrando a más expertos en la toma de decisión con el riesgo de alargar y complicar el proceso, como denuncia la NVVE.

Cada año, el Real Colegio de Médicos Neerlandés KNMG publica unas infografía con los datos relativos a la eutanasia, a partir de los datos ofrecidos por las Comisiones de Revisión y el Centro de Expertos de la Eutanasia. Ha colgado en su página web las infografías resumiendo los datos relativos al año 2025.

El parlamento de la Isla de Man aprueba una serie de enmiendas a su proyecto de ley de muerte asistida de 2023, recomendadas por el Ministerio de Justicia para reforzar las garantías y asegurar el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos y facilitar la firma real.

La diputada laborista Lauren Edwards anunció que presentará de nuevo, en los mismos términos, el proyecto de ley sobre muerte asistida (Terminally Ill Adults Bill) que fue aprobado por los Comunes pero no llegó a votarse en la Cámara de los Lores por la falta de tiempo para examinar las centenas de enmiendas presentadas por los opositores.

Por otra parte, la Asociación Médica Británica reafirma su posición de neutralidad sobre la muerte asistida, aprueba una moción para proteger a los profesionales con objeción de conciencia y vota que la muerte asistida no se considere un ‘tratamiento médico’ a efectos de su futura regulación dentro del National Health Service.

Enfoque histórico de la regulación de la muerte asistida en Escocia: el proyecto de ley impulsado por Liam McArthur avanzó durante años, superó los primeros pasos en 2025, pero finalmente fracasó en marzo de 2026, pese al amplio apoyo social y parlamentario que había acumulado.

Al proyecto de ley presentado por el diputado socialista Esteban Paulón el mes pasado, se une ahora otro promovido por el diputado de Unión Liberal, Nicolas Trotta. La principal diferencia es que limita el acceso a la muerte médicamente asistida a los mayores de 18 años. Estos dos proyectos de ley se suman a iniciativas legislativas anteriores promovidas desde 2022. Para apoyar desde la sociedad civil la necesidad de avanzar en el debate parlamentario, se ha puesto en marcha este mes una Campaña Nacional invitando la ciudadanía a sumarse a una Carta de adhesión a una Ley de Eutanasia, que ya ha colectado unas 4.500 firmas.

La comisión parlamentaria encargada de examinar la ampliación de la ley a las enfermedades mentales acaba de hacer público su informe que aboga por la exclusión definitiva, dando lugar a numerosas reacciones:

• Análisis de las controversias en torno al informe del Comité Especial Conjunto sobre la MAiD y la enfermedad mental, y de los próximos pasos que deberá decidir el gobierno federal canadiense.
• El primer ministro Mark Carney afirmó que la decisión sobre la ampliación de la ayuda médica a morir a las enfermedades no es un ‘asunto personal’, tras el informe del Comité Especial Conjunto que recomendó mantener la exclusión indefinidamente.
• Comunicado de la Asociación Canadiense de Psiquiatría (APC): La APC defiende la igualdad de trato y advierte que esta exclusión podría reforzar suposiciones discriminatorias sobre la capacidad de decisión de las personas con trastornos mentales. Recuerda que quienes tienen enfermedades mentales ya pueden solicitar MAiD si cumplen los criterios legales y pasan evaluaciones clínicas rigurosas sobre capacidad, voluntariedad y opciones terapéuticas disponibles. La APC insiste en que la presencia de un trastorno mental “no debe implicar automáticamente vulnerabilidad o incapacidad” y reafirma su compromiso con cuidados basados en evidencia y apoyo clínico continuo.

Dying With Dignity Canada lanza Wecanchoose, un nuevo recurso digital sobre cuidados al final de la vida, planificación anticipada y la MAiD, valorado como uno de los más completos y accesibles disponibles para la ciudadanía canadiense.

La iglesia anglicana de Canadá crea un ritual para los fallecimientos con eutanasia, así como la guía para asistir a pacientes terminales.

El ACT ha creado un jurado ciudadano para estudiar qué hacer cuando una persona ya aprobada para acceder a la muerte asistida pierde su capacidad de decisión antes de recibir la prestación. El gobierno destina 3,1 millones de dólares a analizar si debe existir un mecanismo de sustitución de decisiones en estos casos, y qué forma debería tener. Algunos grupos consideran que el alcance es demasiado limitado y piden incluir directivas anticipadas para permitir el acceso a la muerte asistida cuando la capacidad se pierde por otras causas, como un accidente o un ictus.

Emma Hargreaves, cuyo padre no pudo acceder a la muerte asistida voluntaria debido a la prohibición de la telemedicina para estos procesos, ha puesto en marcha una petición para que se solucione el problema y superó las 18.000 firmas antes de su cierre el 24 de junio.

La familia de Rod Keys, fallecido por demencia avanzada, impulsa una petición (ya con más de 13.000 firmas) para reformar la ley australiana de muerte asistida voluntaria y permitir el acceso a personas con demencia mediante directiva anticipada.

La ministra principal del Territorio del Norte, Lia Finocchiaro, anuncia que el esperado proyecto de ley de muerte voluntaria asistida se presentará en el periodo de sesiones de julio-agosto. El Territorio del Norte fue pionero mundial con su ley de 1995, derogada por el Parlamento federal en 1997, y es actualmente la única jurisdicción australiana que carece de esta legislación.

En Ciudad de México se ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana para promover un debate legislativo con el fin de regular la eutanasia y el suicidio asistido. El Comité Promotor Libertad para Morir, integrado por especialistas, académicos y activistas, ha elaborado una propuesta de Ley de Asistencia Médica para Morir que contempla ambas modalidades. Para respaldar esta iniciativa, han iniciado una recogida de firmas entre la población de CDMX a través de una aplicación oficial “Apoyo Ciudadano” del INE. Encuestas de opinión señalan que más del 70 % de la población está a favor de una regulación.

Por otra parte, este mismo mes la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la demanda de una paciente diagnosticada de cáncer de mama que ha pedido amparo contra las leyes que prohíben la eutanasia y el suicidio asistido. Mientras no emita sentencia la Corte, esas leyes siguen vigentes.

Ante la ausencia de una legislación específica sobre cuidados al final de la vida, los profesionales sanitarios y los expertos jurídicos se enfrentan a un marco regulatorio que, por un lado, criminaliza el acto de causar la muerte intencionadamente, incluso por compasión, y por otro, deja sin abordar la cuestión de la retirada del tratamiento y la obstinación terapéutica injustificada.

Artículo que relata el lento pero progresivo cambio de actitud social en India hacia la muerte digna.

Artículo del Harvard Law Review que demuestra que se hacen menos eutanasias en personas con nivel socioeconómico bajo. Tiene un apéndice muy completo sobre la legislación internacional.