Te contamos los avances y obstáculos para acceder a los derechos al final de la vida a nivel internacional.
El partido democristiano de centro derecha CD&V que forma parte de la actual coalición de gobierno ha presentado un primer proyecto de ley destinado a permitir ampliar la posibilidad de solicitar la eutanasia a través de un testamento vital, actualmente limitada a los casos de coma irreversible. Se aplicaría a los pacientes con demencia.
El texto deberá ser negociado con los socios de coalición. El acuerdo firmado entre los partidos integrantes de la coalición antes de las elecciones incluía esta ampliación del ámbito del testamento vital.
Después de la aprobación de las leyes sobre acompañamiento y cuidados paliativos en mayo y sobre ayuda a morir promulgada en agosto, se inician los trabajos para la implementación de ambas leyes concebidas como complementarias.
Para la ley sobre ayuda a morir, será necesario que el Consejo de Estado se pronuncie sobre las etapas del proceso y sobre la composición y funciones de la Comisión de Control y Evaluación, asimismo la Alta Autoridad de Salud deberá definir las substancias letales a utilizar y recomendar buenas prácticas.
Una encuesta de la aseguradora MACSF entre los profesionales de la sanidad revela un contraste marcado entre las posiciones de los/as médicos/as y de los/as enfermeros/as, estos/as últimos/as son mucho más favorables a la ayuda médica a morir.
Tienen sin embargo una preocupación común acerca de las garantías jurídicas y de la carga emocional que entraña la implicación directa en la prestación.
En ausencia de una ley nacional, varias regiones italianas han empezado a dotarse de normas para hacer realidad el derecho al suicidio asistido reconocido en 2019 por el Tribunal Constitucional (TC). La región de Venecia, gobernada por el centro-derecha, acaba de aprobar una ley sobre fin de vida que define los procedimientos.
Al amparo de la misma sentencia del Tribunal Constitucional se ha realizado el primer suicidio asistido legal enteramente gestionado por la institución sanitaria regional en Lombardia que ha definido los procedimientos a seguir.
Por otra parte, una jueza de Roma está investigando a un médico por negarse a proporcionar la ayuda a morir a una enferma oncológica terminal bajo el pretexto de no cumplir el requisito de depender de un “soporte vital” externo, condición fijada por el TC.
Un grupo de psiquiatras firmó en 2024 una carta dirigida a la fiscalía, solicitando una investigación sobre el caso de Milou, una joven de 17 años que accedió a la eutanasia por sufrimiento intolerable provocado por una enfermedad mental, sembrando dudas sobre la actuación de los padres y de los médicos que habían intervenido. Opinaban, en contra del criterio de la Comisión de Control de la Eutanasia, que con este caso se sobrepasaban los límites de la ley de eutanasia. Los padres de la joven acaban de conseguir que un juzgado obligue a identificar a todos los firmantes de la carta, contra los cuales están decididos a entablar acciones disciplinarias.
Lo cierto es que se están publicando cada vez más artículos que sostienen que se está ampliando el ámbito de aplicación de la ley de eutanasia en los Países Bajos, en particular en caso de sufrimiento psicológico. En respuesta a un artículo en este sentido publicado en The Lancet, tres médicos miembros de la NVVE argumentan que los criterios legales no han cambiado y que la ley nunca ha discriminado entre sufrimiento físico y psicológico.
El Ministerio de Sanidad encargó un estudio para responder a la pregunta planteada por el partido Unión Cristiana de porqué cada vez más personas optan por la eutanasia. La respuesta radica en que cada fe tiene sus ‘liberales’ y sus ‘integristas’, y que siempre existen tensiones entre la doctrina oficial de una religión y las creencias o necesidades personales. En una sociedad cambiante, ser religioso ya no significa necesariamente oponerse a la eutanasia.
A mediados de septiembre, la Cámara de los Comunes ha rechazado en segunda lectura, por 286 votos contra 270, el proyecto de ley sobre adultos con enfermedad terminal (Terminally Ill Adults (End of Life) Bill) poniendo así fin al último intento de legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales en esta legislatura.
Las causas de este fracaso son múltiples: falta de apoyo del nuevo primer ministro, cambio de voto o abstención de un cierto número de diputados que votaron favorablemente en primera lectura, opiniones en contra de los estamentos médicos.
Según Dignity in Dying, “esto supone un revés devastador para las personas en fase terminal, pero no va a desaparecer. El cambio en la legislación sobre la muerte asistida es solo cuestión de tiempo.” La asociación, en un reciente informe titulado “Out of Shadows”, sostiene que la situación actual en el Reino Unido es más preocupante que si hubiese una ley de ayuda a morir: señala el gran número de suicidios de personas con enfermedad terminal o de casos de ayuda ilegal a morir que la fiscalía no persigue.
Promovido por la asociación Exit, se celebró el 27 de septiembre en Zúrich un referéndum que aprobó con una mayoría de los dos tercios que el suicidio asistido se pueda realizar en todos los centros de mayores, residencias u hospitales.
Esta votación da prioridad a la autodeterminación de los pacientes sobre la libertad religiosa o la autonomía institucional. La propuesta afecta a casi treinta residencias cristianas privadas del cantón que rechazan esta práctica. Ahora deben abrir sus puertas a Exit, Dignitas y otras organizaciones.
El British Medical Journal publica un estudio exploratorio cualitativo sobre las motivaciones de los pacientes que solicitan el suicidio asistido en Suiza. No suelen basar su decisión en un único factor de sufrimiento físico, sino en un proceso dinámico e interactivo de procesos motivacionales orientados a dar sentido al final de la vida.
La nueva ley, llamada Ley de los Derechos de Enfermos Terminales (Rights of the Terminally Ill Act 2026), se aprobó el 27 de agosto y entrará en vigor en 2028. Se ha criticado que incluya la llamada «cláusula mordaza» que prohíbe que un médico inicie la conversación sobre la ayuda médica a morir con el paciente, y también que la prestación solo sea disponible para enfermos con un pronóstico vital inferior a 12 meses. De hecho es una ley más restrictiva que la ley pionera aprobada en este territorio en 1996, que fue derogada pocos meses después de su entrada en vigor.
Entre julio 2025 y junio 2026, 512 personas han accedido a la ayuda para morir, lo que supone un aumento del 31,6 % con respecto al año anterior (389 fallecimientos). Estos fallecimientos representan ahora el 1,1 % de la mortalidad total del estado de Victoria.
La ley aprobada en 2019 ha sido modificada dado las numerosas críticas expresadas, en particular por los médicos, relativas al exceso de salvaguardias que dificultaban el acceso a la ayuda médica a morir: la “cláusula mordaza” ha sido suprimida y el pronóstico para poder acceder a la prestación ha sido ampliado de 6 a 12 meses.
El ministro de Justicia, Sean Fraser, anunció el 7 de octubre la respuesta federal a la recomendación del Comité Parlamentario de excluir indefinidamente del acceso a la asistencia médica para morir a las personas que padecen una enfermedad mental como única afección médica.
El gobierno ha anunciado que adoptará la recomendación del comité, lo que convierte en indefinida la exclusión, que estaba prevista que expirara el 17 de marzo de 2027.
Ya están en proceso recursos por inconstitucionalidad en los tribunales contra esta exclusión.
La asociación Death with Dignity acaba de publicar su informe 2025-2026 resumiendo la situación actual de la ayuda médica a morir en Estados Unidos.
La Ley sobre Opciones al Final de la Vida de Pacientes Terminales entró en vigor el 12 de septiembre, después de que un juez federal haya rechazado los varios recursos en contra presentados por varios colectivos. Otorga a los adultos con enfermedades terminales la opción de solicitar el acceso a medicamentos para poner fin a sus vidas. Illinois es el primer estado del Medio Oeste en permitirlo.
- La World Federation of Right to Die Societies (WFRtDS) anuncia la publicación de su nueva revista digital trimestral. El primer número saldrá en noviembre. Es posible suscribirse en la página web de la federación.
- ONU: introducción de la muerte digna en el debate por un convenio sobre los derechos de las personas mayores
Las negociaciones para la adopción de un convenio internacional de obligado cumplimiento sobre los derechos de las personas mayores han empezado oficialmente en Ginebra en julio 2026.
La Plataforma Europea AGE —una ONG acreditada en la ONU— considera el suicidio asistido un tema «tabú» y ha pedido un «debate más abierto» que incluya estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto. Lo mismo ocurre con la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Américas, que ha solicitado que el «derecho a morir con dignidad» se incluya en el tratado que se está redactando.
- Un estudio publicado por la Escuela Andaluza de Salud Pública sobre el efecto de las salvaguardias en la implementación de las leyes de ayuda médica a morir:
(Entre la protección y la restricción: cómo gestionar la autonomía del paciente en las leyes de protección para la asistencia médica para morir).
“El análisis subraya cómo las medidas de protección (por ejemplo, tres evaluaciones externas antes de que se apruebe o deniegue una solicitud) pueden implicar formas de vulnerabilidad patógena, en las que las salvaguardias destinadas a proteger la autonomía podrían, paradójicamente, aumentar la vulnerabilidad de un individuo al tiempo que disminuyen su autonomía mediante formas de injusticia epistémica.”
- La British Medical Association ha publicado el 24 de agosto una guía sobre cómo acompañar a pacientes que eligen dejar de comer y beber voluntariamente.
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