Por: Isabel Alonso y Xavier Gol. Publicado originalmente en la revista de DMD nº 79
Esta vez es el cierre prematuro de la XII legislatura lo que da al traste con las expectativas despertadas en 2018 por la admisión a trámite de dos propuestas para despenalizar la eutanasia. Pero han sido muchas las ocasiones previas en que el Congreso ha desatendido propuestas para legalizar la muerte asistida.
Durante la pasada legislatura hemos estado más cerca que nunca de lograr la despenalización de la eutanasia. De nuevo se ha frustrado la posibilidad. El resultado de las elecciones nos llevará, como siempre, a reflexionar sobre las estrategias políticas para conseguir cuanto antes nuestro objetivo. Para ello, puede ser útil repasar la historia de los anteriores intentos parlamentarios de despenalización, que planteamos aquí de manera esquemática. Podremos ver así que algunos partidos políticos nos han acompañado siempre en el camino del reconocimiento de la libertad al final de la vida. Otros se han ido sumando sobre la marcha.
En 1994, la eutanasia llegó al Congreso de la mano de Pilar Rahola, entonces diputada de ERC. Presentó dos propuestas. La primera, el 9 de marzo, en forma de interpelación urgente al Ministro de Justicia, Belloch, «sobre medidas que tiene previsto llevar a cabo el gobierno para llenar el vacío existente en el tema de la eutanasia activa». Para esta interpelación contó con el apoyo del diputado del grupo IU/IC, Diego López Garrido.
La segunda propuesta que hizo Pilar Rahola lleva fecha de 26 de abril. En este caso, la diputada propuso la creación de una ponencia que estudiara «dar curso legal a la demanda social generada en torno a la eutanasia» y fueron el diputado de Coalición Canaria Lorenzo Olarte y la diputada de IU/IC Ángeles Maestro quienes le dieron apoyo. Está clarísimo que estas dos propuestas llegaron desde la sociedad al Congreso acompañadas por la voz de Ramón Sampedro.
La reforma timorata del Código Penal
En 1995 se aprobó el nuevo Código Penal. Incorporaba a su artículo 143 un punto 4 que recogía casi textualmente la redacción propuesta por DMD, a través del senador independiente por el PSOE Cesáreo Rodríguez Aguilera, para despenalizar la eutanasia. Frustrando esta posibilidad, se utilizó la redacción para atenuar las penas “en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”.
En 1998, el 17 de febrero, cuando hacía un mes y cinco días de la muerte de Ramón Sampedro, se propone la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por Pablo Castellano (IU), con el apoyo de Francisco Alcaraz del Grupo mixto (Nueva Izquierda-IC).
Tres años más tarde, en 2001, el 20 de marzo, se presenta en el Congreso la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por María Luísa Castro (IU) y Joan Saura (Grupo Mixto-IC), con la intervención a favor de José Antonio Labordeta (ChA). El 11 de diciembre, Javier Barrero (PSOE), con el apoyo de Joan Saura (ICV), presentará en la Comisión de Justicia la “propuesta de creación de una subcomisión de estudio sobre el derecho a la eutanasia”.
La minoría de izquierda no ceja
En 2002, el 17 de diciembre, se discute la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por María Luisa Castro (IU), Joan Puigcercós (ERC) i Joan Saura (ICV), excepcionalmente esta vez con el apoyo del PSOE (Javier Barrero). No será admitida a trámite al tener el PP mayoría absoluta.
En 2004, el 15 de junio, se vuelve a intentar la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada en esta ocasión por Rosa María Bonàs (ERC), con el apoyo de Olaia Fernández (BNG) y Carme García Suárez (ICV). Tampoco en esta ocasión será admitida a trámite. Dos meses y medio más tarde, se estrenaba Mar adentro. Veinte días después del estreno, Carmen García Suárez (ICV) presentaba una “interpelación urgente a la Ministra de Sanidad, Elena Salgado, sobre las iniciativas del gobierno en la regulación de la eutanasia”.
Testimonios en los medios
De 2005 a 2007, una serie de casos relacionados con la muerte digna llegan con fuerza a los medios de comunicación: la persecución judicial de Luis Montes; la petición de eutanasia de Inmaculada Echevarría y su lucha judicial, con la ayuda de DMD, para ser sedada y desconectada del respirador; y las muertes clandestinas de Jorge León en Valladolid y de Madeleine Z en Alicante, esta última en enero de 2007
En 2007, el 7 de febrero, la diputada de ICV Carmen García Suárez presenta una “interpelación a la ministra Salgado sobre la regulación de la eutanasia”. Un mes y unos días más tarde es sedada Inmaculada Echevarría tras su traslado a un hospital público. El 16 de octubre, en el Congreso se debate la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por Carmen García Suárez (ICV) y apoyada por Francisco Rodríguez (BNG) y Rosa María Bonàs (ER). De nuevo, no es admitida a trámite.
Primera condena por eutanasia
En 2009, el 3 y el 10 de marzo, se debate en la Comisión de Justicia del Congreso la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por Gaspar Llamazares en nombre de ERC y IU-ICV con el apoyo de Olaia Fernández del BNG. Ese mismo mes de marzo, el médico Marcos Hourmann es condenado por la Audiencia de Tarragona por causar la muerte de una enferma terminal de 82 años.
En 2010, el 24 de febrero, Joan Tardà, en nombre de ERC y IU-ICV, presenta una interpelación urgente al Ministro de Justicia Caamaño. Ese mismo año, en diciembre, se publica un extenso reportaje de Juan José Millás en El País sobre Carlos Santos, que eligió morir y lo tuvo que hacer clandestinamente.
En 2012, el 27 de marzo, se debate y rechaza en el Congreso la “toma en consideración de la proposición de Ley sobre la disponibilidad de la propia vida”, presentada por Ricardo Sixto, en nombre de IU, ICV-EUiA y ChA. Apoyan Joan Valdoví (Compromís), Olaia Fernández (BNG), Joan Tardà (ERC) e Irene Lozano (UpyD).
En ninguna de las anteriores votaciones (excepto en 2002) se superó el 8% de votos a favor.
Cinco años más tarde, en 2017, se inicia un cambio de tendencia. El 21 de marzo, Marta Sibina, Alberto Garzón y Pablo Iglesias, en nombre de Unidos Podemos/En Comú Podem/En Marea presentan en el pleno su Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia. Por primera vez recibe un apoyo importante de votos (25%) pero, con la abstención del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP, es rechazada su admisión a trámite.
Se cierra el bucle; se mantiene la esperanza
Por fin, el 8 de mayo de 2018, tras veinticuatro años de debates, es admitida a trámite por primera vez una propuesta de despenalización. Es la Proposición de Ley de despenalización de la eutanasia enviada por el Parlament de Cataluña y defendida en el pleno por las diputadas catalanas Alba Vergés (ERC), Assumpta Escarp (PSC) y Marta Ribas (En Comú Podem). Un mes y medio más tarde, el 26 de junio, se admite también a trámite la propuesta de Ley de Eutanasia del PSOE, presentada por Adriana Lastra, con el apoyo esta vez de todos los grupos excepto el PP.
Lamentablemente, la mayoría del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso ha bloqueado la tramitación de ambas proposiciones, aplazando su debate semana tras semana hasta el fin de la legislatura.
Tantas derrotas y frustraciones no han detenido el avance del apoyo mayoritario de la opinión pública y el formidable impulso dado por la decisión de Mª José Carrasco y Ángel Hernández llevará sin duda a la aprobación de esta ley tan urgente y necesaria.
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