El Defensor del Pueblo informará a las Cortes Generales sobre el incumplimiento de la ley de muerte digna en la Comunidad de Madrid

María Del VigoMadrid, Notas de prensa

El Alto Comisionado da así la razón a DMD, que denunció en 2019 que la CAM pone trabas a la promoción del Testamento Vital 

El Defensor del Pueblo da por rechazada su Recomendación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de implementar las medidas necesarias para la correcta administración del registro del Testamento Vital y anuncia que dará cuenta en su debido momento a las Cortes Generales del incumplimiento de la Ley de la Comunidad de Madrid 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir.

En noviembre de 2019, y tras una campaña de reclamaciones a la Consejería por parte de DMD, la Asociación puso el caso en manos del Defensor del Pueblo, que recomendó a la institución adoptar, a la mayor brevedad posible, cuantas medidas fueran necesarias para dar debido cumplimiento a las previsiones de la Ley

En esa recomendación, se detallaban los siguientes aspectos:  

  • Divulgación efectiva del procedimiento de registro de instrucciones previas entre la población en general y los usuarios del Servicio Madrileño de Salud; 
  • Ampliación progresiva a todos los centros sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad de Madrid, públicos y privados, de las herramientas de registro de instrucciones previas, con la debida preparación del personal administrativo encargado;
  • Mejora del procedimiento de acceso a las instrucciones previas del paciente por parte del personal médico que le atiende; 
  • Ampliación de la formación dirigida a los profesionales acerca de los contenidos de la Ley, en relación con el proceso de morir, la enfermedad terminal y los cuidados paliativos;
  • Divulgación entre la población en general sobre los derechos y garantías en el proceso de morir.                                                        

Sin embargo, de la respuesta de la Consejería, en la que se incluye un informe de la Viceconsejería de Humanización Sanitaria, el Defensor concluye que la Administración no ha puesto en marcha ninguna medida de mejora, ni cuantitativa ni cualitativa, por lo que ha decidido elevar el caso a la máxima autoridad competente.

Derecho a Morir Dignamente confía en que las instituciones cumplan con su deber más pronto que tarde y garanticen un Derecho Fundamental de la ciudadanía como es la libertad al final de la vida.

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