El jueves, 22 de octubre de 2020, representantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Asturias mantuvieron una reunión online con Roberto García Moris y Maria Luisa Carcedo, representantes de Asturias en el grupo socialista en el Congreso de los Diputados.
Si bien desde DMD se considera un avance importante la cercana aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en esta reunión se manifestó nuestra preocupación ante algunos de los aspectos del proyecto de ley en los que parece primar la desconfianza hacia la autonomía y capacidad de toma de decisiones de la ciudadanía y de quienes, en el ejercicio de su responsabilidad profesional, les acompañan. Algunos aspectos, puestos de relieve y cuestionados por nuestra organización durante la reunión fueron:
- Entre los requisitos para acceder a la eutanasia figura la exigencia de “dependencia en las actividades de la vida diaria» en el caso de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Desde DMD se considera que esto podría excluir de la eutanasia a personas que conservan su autonomía y que aún no están en situación dependencia para esas actividades, como las aquejadas de enfermedades degenerativas o demencias en grado leve o moderado, pero que prefieren morir antes de vivir un deterioro mayor.
- La existencia de una Comisión previa que debe decidir la pertinencia o no de la aplicación de la eutanasia, así como los plazos y trámites, siguen siendo un proceso lleno de dificultades y sufrimiento para quien solicita el cumplimiento del derecho que esta ley trata de garantizar: “ser ayudado a morir”. Hasta en cinco ocasiones en unos diez días y ante personas y profesionales desconocidas y ajenas totalmente a su vida cotidiana debe ratificarlo tanto de forma oral como escrita.
- No se aclara en el proyecto de ley la posibilidad de aplazamiento de la ayuda a morir una vez la persona demandante de la ayuda ha sido autorizada. Es conocido que muchas personas con capacidad de ejercer el derecho, una vez que éste se les concede no llegan a ejercerlo pero supone para ellas una situación de calma profunda ante la simple posibilidad de hacerlo.
- Estimamos necesario el mantenimiento de las penas atenuadas en el art. 143.4 del Código Penal para los casos de ayuda a morir que se realicen sin recurrir a las normas que regula esta ley así como la inclusión de otra en que se contemple la suspensión de juicio y pena a quienes hayan aplicado la ley antes de su promulgación y que suponga la exoneración total de cargos y penas de Ángel Hernández.
La reunión se cerró con la petición, por parte de DMD, de una mayor implicación del PSOE, como fuerza política que apoya la cultura de la muerte digna, en la difusión y educación de la ciudadanía en los aspectos que la definen.
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