Alemania es un Estado constitucional laico. Sin embargo los dos últimos ministros de sanidad alemanes, políticos de la democracia cristiana (CDU), han supeditado sus decisiones a los dogmas cristianos. Durante el mandato del primero, Hermann Gröhe, devoto cristiano protestante, se introdujo en el código penal la prohibición del suicidio asistido, impidiendo así que asociaciones como Dignitas Deutschland pudiesen funcionar en territorio alemán. El Tribunal Constitucional abrogó finalmente este artículo en sentencia de febrero 2019. El segundo nunca aplicó la sentencia pronunciada en 2017 por el Tribunal Contencioso Administrativo Federal, que autorizaba la entrega por el Instituto Federal del Medicamento de un producto letal a pacientes terminales con grandes sufrimientos.
Los socialdemócratas (SPD) han ganado las recientes elecciones, la CDU ha perdido, lo que permite esperar que una ética laica sustituya los dogmas religiosos en las toma de decisiones políticas en la próxima legislatura.
Frente al inmovilismo tanto del Gobierno francés como del Parlamento, Dignitas ha decidido intentar la vía jurídica, como lo hizo anteriormente con éxito en Alemania y Austria, para hacer avanzar el debate sobre la ayuda a morir: la asociación suiza ha presentado un recurso ante al Consejo de Estado francés con pregunta prioritaria de constitucionalidad (QPC), con el fin de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Solicita la exclusión de Pentobarbital de la lista de sustancias peligrosas prohibidas a la prescripción médica.
La QPC, sometida al Consejo de Estado antes de su eventual presentación ante el Consejo Constitucional, solicita la derogación de los artículos del Código de Salud Pública que prohíben en todas circunstancias la ayuda a morir y castigan con pena de cárcel la ayuda al suicidio. La meta es, como en Alemania y Austria, conseguir un fallo del Tribunal Constitucional que inste al parlamento a regular la ayuda médica a morir.
La campaña de firmas impulsada por la Asociación Luca Coscioni para solicitar un referéndum para despenalizar la ayuda a morir está teniendo un éxito extraordinario. Se ha alcanzado el millón de firmas, el doble de lo necesario, varias semanas antes de la fecha límite para la entrega en el Tribunal Supremo, el 8 de octubre.
«Después de años de batallas legales e inmovilismo político, el referéndum es el único instrumento que tenemos a disposición para conquistar el derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestra vida y nuestro cuerpo», declara Filomena Gallo, secretaria de la asociación.
Jos Van Wijk, presidente de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) ha sido detenido, acusado por la fiscalía de liderar una “organización criminal” cuya finalidad es planificar o cometer el delito de “ayuda al suicidio”. Fue liberado al cabo de 24 horas, pero sigue la investigación.
Esta detención sigue a la que tuvo lugar en julio pasado, de un hombre de 28 años miembro de CLW, acusado por el Ministerio Público de vender un producto letal y haber ayudado en varios suicidios.CLW cuenta con 27.500 miembros y milita por un final de vida libremente elegido para las personas que sienten que su vida está cumplida o para quienes no cumplen los requisitos definidos en la ley de eutanasia. Anunció en 2017 que disponía de un producto letal que bautizó “Medio X” –un conservante alimentario de venta legal– que permitía acceder a una muerte rápida e indolora. La fiscalía amenazó con intervenir en caso de distribución del producto entre los miembros y no ha cesado desde entonces de vigilar muy de cerca las actividades de CLW.
La eutanasia está despenalizada en los Países Bajos bajo unas condiciones estrictas, definidas en una ley de 2002, pero la ayuda al suicidio sigue siendo un delito castigado con penas de cárcel.
En su reciente asamblea, la Asociación Médica Británica (BMA), después de un debate muy reñido, abandona la oposición a la legalización de la muerte asistida que venía manteniendo desde 2006 y se declara neutral.
La asociación consta de 150.000 miembros. El 49% de los representantes se pronunciaron a favor de este cambio, un 48% se opuso y un 3% se abstuvo. Una encuesta realizada en 2020 mostró que la mitad de los miembros apoyaban que un médico pudiese recetar, bajo ciertas condiciones, una medicación letal a un paciente que solicitase ayuda para morir.
La asociación pide la regulación del derecho a la objeción de conciencia en caso de que se apruebe una ley. Esta decisión interviene unas pocas semanas antes de que se proceda a la segunda lectura de un proyecto de ley de muerte asistida en la Cámara de los Lores.
Queensland es el quinto estado australiano que ha aprobado una ley de muerte voluntaria asistida que entrará en vigor en enero de 2023. En sus grandes líneas esta ley calca la que fue aprobada en el estado de Victoria en 2017, con algunas diferencias. Los médicos pueden ofrecer la muerte asistida como opción al final de la vida, cosa que prohíbe la ley victoriana, y el paciente debe tener un pronóstico de un año y no de 6 meses como en Victoria.
Por otra parte, después de un encendido debate, esta ley delimita la objeción de conciencia institucional: las instituciones podrán optar por no proporcionar la muerte asistida en sus instalaciones, pero no deben obstaculizar el acceso de la persona a la misma, si esta es su elección. Deben facilitar el acceso a la información y permitir la intervención en la institución misma de personal sanitario dispuesto a dar curso a la solicitud del paciente.
por Ben White, Lindy Willmott, Eliana Close y Jocelyn Downie.
El problema de la objeción de conciencia institucional se ha planteado con mucha fuerza en la mayoría de los países que han regulado la eutanasia o el suicidio asistido, fundamentalmente por la parte importante de instituciones sanitarias gestionadas por grupos confesionales. Recientemente, el debate sobre este tema ha sido muy duro en el Estado de Queensland, el quinto estado australiano en aprobar una ley de ayuda médica a morir. Victoria es el primer estado australiano en aprobar una ley de muerte voluntaria asistida en 2017, y como afirma el artículo “La objeción institucional está ocurriendo en Victoria y es probable que ocurra en otros estados australianos”.
Los autores afirman que la regulación de la objeción de conciencia institucional es necesaria y proponen tres modelos:
“el primero es el ‘absolutismo de la conciencia’, que otorga a las instituciones la capacidad ilimitada de oponerse a la muerte asistida voluntaria. El segundo es un modelo de ‘compromiso o adaptación razonable’, que tiene como objetivo adaptarse tanto a la objeción institucional como al deseo de una persona de acceder a la muerte asistida voluntaria. Se pueden lograr diferentes equilibrios; proponemos un modelo que prioriza los intereses del paciente. El tercer modelo es la ‘no tolerancia’, que se opondría totalmente a permitir que una institución pueda objetar».
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