Revista de prensa internacional – 2ª quincena de octubre de 2021

En diciembre de 2020 una sentencia del Tribunal Constitucional declaró contrario a los derechos fundamentales la prohibición de la ayuda al suicidio formulada en el art.78 del código penal y dio un año al gobierno para legislar. El sábado 23 de octubre, el gobierno presentó un proyecto de ley de suicidio asistido. Podrían acceder al suicidio asistido las personas mayores de edad con enfermedad grave, incurable, en fase terminal o con enfermedades “permanentes y debilitantes”. Dos médicos, uno de los cuales tiene que estar especializado en cuidados paliativos, tienen que evaluar la capacidad del paciente para tomar decisiones libremente. Se fija un plazo de 12 semanas para acceder al producto letal -que se puede reducir a 2 en caso de fallecimiento previsible a corto plazo. Después del examen por un comité técnico de expertos, el proyecto de ley se presentará en el parlamento donde se votará antes de finales de año para entrar en vigor el 1 de enero 2022.

La televisión belga ha difundido un documental titulado “Les mots de la fin” (Palabras Finales), rodado en la ‘consulta final de vida’ del Dr. François Damas en el Hospital La Citadelle de Liejas. Existen consultas de este tipo en varios hospitales del país y su función consiste en desempeñar el papel de segundo médico o ‘médico consultor’ exigido por la Ley de Eutanasia. La cámara filma varios momentos del diálogo que se establece entre médico y pacientes. Se pueden acceder a algunos extractos a través del trailer difundido en los informativos televisados.

En Marsella, un hombre de 71 años mató a su esposa, que padecía una ELA muy avanzada, y se suicidó en la habitación del hospital donde la mujer estaba internada después de que le fuese realizada una ‘intervención quirúrgica importante’. Una carta indicaba que este final trágico había sido pactado entre los dos. Se trata de la enésima tragedia provocada por una ley -la ley Clayes-Leonetti- que sólo permite en casos muy limitados la ‘sedación profunda y continua hasta la muerte’. En abril pasado un pequeño grupo de diputados de la derecha bloquearon el debate parlamentario sobre un proyecto de ley de ayuda médica a morir. Por otro lado, el gobierno no quiere abrir un debate que considera socialmente y políticamente “divisivo”. Sin embargo, el tema estará muy presente en la campaña para las elecciones presidenciales de abril 2022.

Primera detención en julio de un miembro de CLW por comercializar un polvo –un aditivo alimentario de venta legal, pero de efectos letales si se utiliza en ciertas dosis– llamado eufemísticamente ‘Middel X’. En septiembre, detención durante 2 días de Jos Van Wijk, presidente de CLW, que denuncia que la policía intervino su teléfono y colocó micrófonos en reuniones de la junta directiva de la cooperativa. En octubre detuvieron a otros dos activistas, sospechosos de suministrar este mismo polvo. Finalmente un sicólogo, también miembro de CLW, declara a la prensa haber suministrado el producto ‘Middle X’ y un antiemético –que sólo puede ser dispensado por un médico– a más de cien personas, en una acción de desobediencia civil destinada a provocar el debate y un cambio legislativo en un país donde la eutanasia está despenalizada en condiciones muy estrictas y sólo si la realiza un médico, mientras el suicidio asistido sigue siendo castigado penalmente.Lo cierto es que el tema de la autodeterminación está en el centro del debate social: en un artículo reciente, los presidentes de las juntas directivas de la asociación NVVE y de CLW afirman que “la pregunta ya no es si la autodeterminación es una buena idea, sino cómo podemos organizar esa autodeterminación”. La NVVE apoya públicamente la apertura de un debate sobre la regulación del suicidio asistido e insiste en que dos tercios de los holandeses adultos apoyan la autodeterminación al final de la vida.

Una polémica pública enfrenta a Philip Nitschke con el siquiatra Bodewijn Chabot, que advierte de los efectos y peligros de la utilización del ‘agente Middle X’, apoyándose en un informe realizado por un toxicólogo. La prensa y las redes sociales se han hecho abundantemente eco de las advertencias en contra de este producto, analizado por Nitschke en su Peacefull Pill Handbook.

Los partidos que impulsaron la Ley de Eutanasia llegaron a un texto consensuado que responde a las objeciones formuladas por el Tribunal Constitucional a la primera versión del texto. Frente al riesgo de disolución del parlamento, se ha fijado el debate sobre el nuevo texto el 5 de noviembre.

La asociación Dignity in Dying publica un informe titulado “Último recurso: la verdad oculta sobre cómo los enfermos terminales se quitan la vida en el Reino Unido”. Con una ley que castiga penalmente la ayuda al suicidio, unos cincuenta británicos al año pueden costearse un suicidio asistido en Suiza. Los demás recurren al suicidio con los medios que tienen a mano: entre 300 y 650 se suicidan, y entre 3000 y 6500 lo intentan, con consecuencias a veces trágicas.Por otra parte, una encuesta de Yougov muestra que 7 de cada 10 británicos establecen una diferencia entre el suicidio asistido y el suicidio a secas y apoyan el suicidio asistido para pacientes terminales.

La Cámara de los Lores ha examinado en segunda lectura un proyecto de ley de suicidio asistido el 22 de octubre. Propone legalizar el suicidio asistido para pacientes terminales adultos y mentalmente competentes, con un pronóstico de menos de seis meses. El texto pasará ahora a una comisión del parlamento que lo examinará. Según la prensa, la falta de apoyo al proyecto de ley por parte del actual gobierno podría comprometer su tramitación. Sin embargo, una encuesta muestra que una mayoría de diputados, en particular los más jóvenes, apoyan esta iniciativa legislativa, acercándose así al sentir de una mayoría de sus votantes. La asociación Dignity in Dying ha lanzado una campaña para presionar al Gobierno.

Erika Preisig, médico y presidenta de la organización Life Circle, una de las asociaciones suiza de ayuda a morir que acoge a pacientes extranjeros, milita también por la regulación del suicidio asistido en otros países en nombre del “derecho de cada ser humano a decidir cuándo, dónde y cómo quiere morir”. Se opone, sin embargo, a la eutanasia, defiende el sistema suizo y critica la regulación neerlandesa: “no quiero matar a nadie. Tienen que ser los pacientes que activan el medicamento por vía intravenosa, de manera totalmente segura y sin sufrimiento”.

Los medios de comunicación internacionales dieron cuenta del caso de Marta Sepúlveda, paciente con esclerosis múltiple, que vio suspendida su eutanasia la víspera de la fecha prevista. Finalmente, un juez de Medellín ha reconocido su derecho y se ha programado de nuevo la eutanasia de esta paciente.Otro paciente vive la misma situación que Marta Sepúlveda: Víctor Escobar, enfermo de EPOC y con hemiparesia izquierda, vio suspendida su eutanasia, programada para el 29 de octubre, a pesar de tener el apoyo de una sentencia judicial reconociendo su derecho a la prestación.

Nueva Gales del Sur es el único estado australiano en no haber aprobado una ley de muerte voluntaria asistida. Un proyecto de ley similar al texto en vigor en el estado de Victoria desde 2019 ha sido registrado en el parlamento y se preveía su aprobación antes de fin de año. El nuevo primer ministro, católico practicante, y el líder del partido laborista han expresado su oposición. En una maniobra para retrasar la probable aprobación de la ley, un diputado de la Cámara Alta perteneciente al Partido de los Cazadores, Pescadores y Granjeros ha maniobrado de tal manera que, en caso de ser aprobado en la Cámara Baja, el proyecto de ley tendrá que ser examinado por una comisión, retrasando así su aprobación.

La asociación Compassion & Choices ha presentado una demanda federal en nombre de un médico de Oregón en la que alega que el requisito de residencia de la ley estatal que ofrece a los adultos con enfermedades terminales la opción de recibir ayuda médica para morir para poner fin a un sufrimiento insoportable, viola la garantía de igualdad de trato de la Constitución estadounidense. La demanda pide al tribunal que prohíba a los funcionarios de Oregón aplicar esta disposición inconstitucional. «No tengo que pedir a los pacientes terminales una prueba de residencia para proporcionarles cuidados paliativos. No hay ninguna razón racional para que tenga que pedir a los pacientes terminales una prueba de residencia para proporcionarles ayuda médica para morir”, alega el demandante.

La ‘Ley de Elección al Final de la Vida’ aprobada por referéndum, entrará en vigor el día 7 de noviembre. El ministro de sanidad ha comunicado que los servicios necesarios estarán disponibles para garantizar su funcionamiento. Un grupo de médicos de la Universidad de Otago considera que para que la ley se aplique de forma segura y exitosa los profesionales deben recibir la formación necesaria y se deben realizar evaluaciones para mejorar el sistema.