Revista de prensa internacional – 1ª quincena de noviembre

Un médico de Essen ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por retirar el ventilador e inyectar cloruro de potasio a un paciente holandés enfermo de Covid y en coma inducido. El paciente había sido mandado a Alemania en un momento de la pandemia en que la sanidad holandesa estaba sobrecargada. La fiscalía sospecha que el médico actuó de la misma manera en otros dos casos, pero sólo ha podido mantener la acusación en este caso, fundamentándola en la denuncia de una enfermera. En un primer momento el acusado reconoció los hechos, aduciendo haber actuado por compasión tanto hacia el enfermo como hacia su familia, pero luego negó todo. La esposa del paciente se personó en el juicio.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, a finales de este año debería entrar en vigor una regulación de la ayuda al suicidio en Austria. La eutanasia seguirá estando prohibida. Según el proyecto de ley presentado por el Gobierno, un paciente adulto con “enfermedad incurable y fatal” o “enfermedad grave y permanente” que afecte a sus condiciones de vida, una vez reconocido el diagnóstico por dos médicos (uno de ellos especialista en cuidados paliativos) y debidamente informado, podrá establecer ante notario un documento solicitando la ayuda a morir. Este documento tendrá validez de un año. Se prevé un plazo de 12 semanas entre el otorgamiento del documento y la posibilidad de solicitar pentobarbital en la farmacia. Curiosamente, este producto no se considera medicamento ya que no está aprobado para uso humano. En el período de revisión del proyecto de ley, la Sociedad Austriaca de Cuidados Paliativos ha creado mucha incertidumbre, expresando sus prevenciones contra el pentobarbital, apoyándose en informaciones sobre ejecuciones en EEUU con las que poner en duda que este producto permita alcanzar una muerte rápida y apacible.

A pesar del bloqueo político del debate sobre la eutanasia, las cuestiones relacionadas con el final de la vida están cada vez más presentes en los medios y en el debate público. El Centro Nacional de los Cuidados Paliativos y del Final de la Vida (CNSPFV) ha publicado un informe dedicado a los “Pacientes con ELA: ¿Qué necesidades? ¿Qué expectativas?” que reconoce, unos años después de la aprobación de la Ley Clayes-Leonetti, que daba más peso a las Directrices Anticipadas y permitía el acceso condicionado a una “sedación profunda y continuada hasta el fallecimiento”, que “varias señales parecen indicar que la aplicación de los nuevos derechos no es nada fácil y no corresponde a los deseos expresados por algunos enfermos”.Debido al fracaso de la ley, la prensa se hace eco del número creciente de pacientes que viven en zonas fronterizas con Suiza y buscan allí la ayuda para morir que Francia les niega: unos 200 al año según la ADMD.

Mientras la Fiscalía investiga a miembros de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW), NOS publica una pequeña entrevista en la cual esta última explica que tiene 27.500 socios, con una edad media de 69 años, y que “no se trata de personas con deseos de morir».

«La gran mayoría quiere tener un remedio tranquilizador en casa, de modo que puedan disponer de su propio final de vida en el futuro cuando estén preparados (por ejemplo, si se acerca la demencia)»

Reclama la apertura de un debate para buscar soluciones que satisfagan este anhelo a la autodeterminación al mismo tiempo que se garantice la protección de las personas más vulnerables.

Por otra parte, el periódico TROUW sigue abriendo sus columnas al debate sobre la muerte voluntaria. Wim Van Dijk, sicólogo miembro de la CLW que ha declarado públicamente haber ayudado a morir a por lo menos cien pacientes, defiende la desobediencia civil para conquistar nuevos derechos, recalcando que un 63% de los neerlandeses desean poder gestionar ellos mismos el final de su vida.

Bert Keizer, filósofo y médico en el Centro de Expertos de la Eutanasia (Expertise Centrum Euthanasie) se muestra muy escéptico sobre la posibilidad de regular la muerte voluntaria, y en particular hacia el proyecto de ley en este sentido preparado por el partido liberal D66.

El Tribunal Constitucional criticó la falta de concreción en la formulación de los requisitos para poder acceder a la eutanasia en el primer texto de ley aprobado por la Asamblea de la República. Con la legislatura a punto de terminar, una nueva versión del texto, con una parte importante de definiciones, ha sido aprobada el 5 de noviembre, con 138 a favor, 84 en contra y 5 abstenciones. Se espera ahora la posición que adoptará el presidente de la República: aprobarlo, vetarlo o mandarlo al Tribunal Constitucional de nuevo, con el peligro de que una nueva devolución por el tribunal a una Asamblea de la República disuelta provoque el archivo del texto.

Un médico australiano comparte su experiencia con la ayuda médica a morir en The Independent, para apoyar el proyecto de ley de muerte asistida, a debate en la Cámara de los Lores del parlamento británico:

«No soy un asesino. Lo que hago no es asesinar. El cáncer o el padecimiento médico subyacente ya lo ha hecho, ha provocado la muerte social del paciente y ha puesto fin a la calidad de vida que consideraba mínima para querer continuar. (…) Están atrapados en un purgatorio entre la vida y la muerte, y están desesperados por llegar al final. Lo que yo hago les proporciona ese resultado. Estas personas eligen tomar una decisión y controlar cómo sucede, y no estoy de acuerdo con que eso sea algo incorrecto.»

El proyecto de ley de muerte asistida que encuentra un apoyo mayoritario entre la ciudadanía británica, se volverá a debatir en la Cámara de los Lores, y si finalmente se aprueba, pasará a la Cámara de los Comunes, donde el apoyo no está garantizado.

Una encuesta reciente realizada por el Colegio de Médicos de Quebec demuestra que la AMM goza de un amplio respaldo entre la profesión médica (81%) y la ciudadanía (85%). Sobre las modificaciones de la ley: un 64% de los médicos y un 78% de los ciudadanos apoya el consentimiento anticipado a la AMM en caso de enfermedad grave e incurable; un 84% de los médicos y un 75% de los ciudadanos estiman que en caso de pérdida de capacidad por parte del paciente, el entorno no debe poder oponerse a la AMM. Sin embargo, sólo el 42% de los médicos y el 61% de los ciudadanos apoyarían el acceso a la AMM sobre la base de une enfermedad mental.

Los inicios de la aplicación de leyes de eutanasia, tal como lo estamos viendo en España, pueden ser a veces complicados. Dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Muerte Voluntaria Asistida en el estado australiano de Victoria, un informe revela una serie de obstáculos que dificultan el acceso a la prestación. Casi 500 personas han utilizado la ley desde que se introdujo, pero su aplicación se ve obstaculizada por la falta de médicos especialistas, los retrasos en la obtención de los medicamentos para la eutanasia y un choque con la ley federal que impide el uso de la telemedicina en una región muy amplia donde la presencia médica es desigual. Sobre este último problema, la fiscalía general ha declarado su oposición a todo cambio en la ley federal. La pandemia ha contribuido también a complicar las cosas.

Nueva Gales del Sur es el único estado australiano que no ha regulado la muerte voluntaria asistida. Una treintena de asociaciones y grupos de la sociedad civil se han unido en la NSW VAD ALLIANCE (Alianza de Nueva Gales del Sur por la Muerte Voluntaria Asistida) para apoyar el proyecto de ley que se está debatiendo en el parlamento del estado y que un 72% de la población mayor de cincuenta años apoya, según una encuesta reciente. En caso de que se retrase demasiado el debate, el grupo está decidido a introducir el tema en la campaña para elecciones locales parciales que deberían celebrarse próximamente.

Australia está organizada en 5 estados (Victoria, Australia Occidental, Tasmania, Nueva Gales del Sur y Queensland) y 2 territorios (Territorio del Norte y Territorio de la Capital). Estos últimos fueron despojados de la facultad de legislar sobre la eutanasia por una ley federal en 1997 y están luchando desde entonces –por ahora sin éxito– para conseguir la derogación de esta ley:

«Los residentes de los territorios están siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Si a los ciudadanos de los estados se les permite el acceso a la muerte voluntaria asistida, también se debería permitir a los ciudadanos de los territorios», defienden los fiscales de los dos territorios frente a la fiscal federal que sigue defendiendo la ley federal existente.

La ley de Elección al Final de la Vida aprobada en referéndum entró en vigor el 8 de noviembre, permitiendo el acceso a la muerte asistida. Solo personas adultas, con enfermedades terminales a las que les queden menos de seis meses de vida podrán pedirla, siempre y cuando experimenten un nivel insoportable de sufrimiento que no pueda ser aliviado. Dos médicos deben determinar que el paciente cumple los requisitos y está debidamente informado. Unos 6.000 trabajadores sanitarios han completado el módulo de entrenamiento y 129 doctores y enfermeros han accedido al entrenamiento para aplicar la eutanasia. Sin embargo, algunas peculiaridades de la ley generan inquietudes: por ejemplo, los médicos tienen prohibido iniciar un diálogo sobre la muerte asistida con sus pacientes, lo que podría ser un serio obstáculo en caso de que las administraciones no cumplan con la tarea de informar debidamente a la ciudadanía sobre su nuevo derecho.

La asociación Compassion & Choices y un profesor de medicina de familia de Oregón han presentado una demanda alegando que el requisito de residencia para acceder al suicidio asistido viola la Constitución de los Estados Unidos. Esta demanda, de tener éxito, tendría repercusiones en todos los demás estados del país que han aprobado leyes permitiendo el suicidio asistido sobre el modelo de Oregón. Washington, DC. Washington, California, Colorado, Hawai, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México y Vermont permiten la ayuda para morir solo para los residentes en el estado.

Victoria es el primer estado australiano en promulgar una legislación sobre muerte asistida voluntaria. La Ley de Muerte Asistida Voluntaria de 2017 incluye muchas salvaguardas para garantizar que solo los pacientes elegibles reciban asistencia para morir. Los médicos que han participado en procesos de muerte asistida voluntaria tienen opiniones encontradas sobre el funcionamiento del sistema y sus salvaguardias. Las restricciones para iniciar conversaciones con los pacientes y la prohibición de recurrir a teleconsultas son motivo de preocupación ya que obstaculizan el acceso a la prestación. Existen también problemas prácticos relacionados con la burocratización excesiva del proceso y un acceso a los documentos a través de un software juzgado demasiado complicado. El estudio concluye con la necesidad de mejorar el acceso para los pacientes.