Revista de prensa internacional – febrero de 2022

A principios del pasado mes de febrero, el Tribunal Contencioso-Administrativo de Münster falló en contra de la demanda, presentada por 3 pacientes en ‘situación de extrema dificultad’, en defensa de su derecho a solicitar un medicamente letal para poner fin a sus sufrimientos, derecho reconocido en 2017 por el Tribunal Contencioso-Administrativo Federal de Leipzig y al cual se opuso siempre el Ministerio de Sanidad, que ha rechazado 225 peticiones hasta la fecha. El tribunal de Münster aduce el deber del Estado de “proteger la vida”, además de la regulación existente que sólo permite suministrar estupefacientes ‘para aliviar dolencias o curar enfermedades’. Insiste también en que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación al final de la vida por el Tribunal Constitucional en 2020 permite que actúen las asociaciones que ofrecen ayuda al suicidio en ciertas circunstancias. Los demandantes van a presentar de nuevo recurso ante el Tribunal Federal. Mientras tanto se ha presentado en el Bundestag un proyecto de ley de regulación del suicidio médicamente asistido muy restrictivo que, de ser aprobado, volvería a prohibir la actuación de asociaciones como Dignitas Deutschland o DGHS.

La prensa internacional ha comentado profusamente un largo artículo publicado en la revista de los jesuitas La Civiltá Cattolica a principios de febrero, relativo al debate parlamentario sobre un proyecto de ley de suicidio asistido. Se presentó a menudo dicho artículo como una prueba de apertura de ciertos sectores de la Iglesia, cuando se trataba en el fondo de una manifestación de puro pragmatismo político. Se trataba de ceder un poquito de terreno apoyando una ley extremadamente restrictiva, para cerrar el paso a una consulta popular muchísima más peligrosa para los intereses ideológicos conservadores, ya que hubiese conducido a una despenalización de la eutanasia. El Tribunal Constitucional se alineó finalmente con la posición de la Iglesia, rechazando la propuesta de referéndum.

“La anulación del referéndum sobre el final de la vida por parte del Tribunal Constitucional hará que el camino sea más largo y tortuoso, y para muchas personas esto significará una carga adicional de sufrimiento y violencia”, pero “la Asociación Luca Coscioni no dejará piedra sin remover, desde la desobediencia civil hasta los recursos judiciales”, pasando evidentemente por la acción política. 1,4 millón de firmas de apoyo al referéndum no fueron suficientes. El argumento del alto tribunal es que, con la celebración del referéndum tal como estaba planteado, “no se preservaría la defensa mínima constitucionalmente necesaria de la existencia humana”. La actual situación italiana relativa a la eutanasia es contradictoria. En el mismo momento, dos tribunales diferentes han fallado a favor de sendos enfermos tetrapléjicos que solicitan ayuda para morir al amparo de la sentencia pronunciada por el mismo Tribunal Constitucional en 2019, en el caso de DJ Fabo.

La Asociación Holandesa para el Final Voluntario de la Vida (NVVE) recibe muchas quejas de familias que denuncian haber sido engañadas: en vez de practicar la eutanasia que habían solicitado sus allegados, los médicos practicaron una sedación paliativa. Esto parece suceder más a menudo de lo que la gente piensa. El aumento rápido de las sedaciones en los últimos años -35.500 en 2018- constituye un indicio de que tal vez se trate de lo que se llama a veces “eutanasia light”. En los últimos años el número de sedaciones paliativas ha aumentado mucho más rápido que las eutanasias y se debe a que algunos médicos temen la carga emocional y las posibles consecuencias legales de la eutanasia -la sedación no está sometida a los mismos controles que la eutanasia-, y otros se oponen a la eutanasia por razones de conciencia.

Un análisis de la composición del nuevo parlamento luso después de las elecciones del 30 de enero pasado permite pensar que, aunque la muerte médicamente asistida perdió votos en la izquierda -votos que no son totalmente compensados por las ganancias del Partido Socialista- mantiene sin embargo una holgada mayoría en la que es la tercera legislatura en la que se votará sobre esta cuestión. La prioridad inmediata de los socialistas -ahora con mayoría absoluta- es el debate y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que ocupará el Parlamento hasta el mes de abril. Pasada esta fecha, no está claro si el debate sobre la eutanasia se reanudará a partir del texto presentado en la anterior legislatura y devuelto por el presidente de la República o si será necesario reiniciar completamente la tramitación en la Asamblea, lo que retrasaría mucho todo el proceso. Otra incertidumbre es el siempre posible veto del presidente de la República.

La Corte Suprema de Justicia de Perú dejó pendiente, a finales de enero, la ratificación (o no) de la histórica sentencia de primera instancia que despenalizaba la eutanasia para Ana Estrada, la primera persona en el país en solicitar su derecho a recibir una ayuda médica a morir. Las audiencias duraron 2 semanas y la intervención de un representante de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos consiguió orientar el debate hacia un cuestionamiento de la eutanasia en sí. Los argumentos desarrollados por la asociación fueron rebatidos por el médico personal de la demandante que recalcó que la paciente recibe cuidados paliativos de gran calidad y descartó por completo que puedan garantizar que no sufra en momentos donde la condición de su enfermedad se vuelva insostenible. Recordó que «Ana pide tener acceso a controlar el proceso de su muerte, no como una alternativa al tratamiento paliativo que está recibiendo, sino a pesar de éste. Como muchas personas en condiciones similares, quiere detener el sufrimiento cuando ella determine que es suficiente».

En una conferencia reciente, la profesora e investigadora Jocelyn Downie señaló los problemas planteados por la objeción de conciencia, tanto individual como institucional, como obstáculo principal en la aplicación de la ley de ayuda médica a morir (AMM) en Canadá.

“Tenemos pacientes frente a médicos que se oponen, médicos dispuestos frente a médicos que se oponen, pacientes frente a instituciones que se oponen y médicos dispuestos frente a instituciones que se oponen”, señaló. “Tenemos un sistema del que realmente podemos estar muy orgullosos. Dicho esto, creo que los traslados forzosos son una plaga para este sistema”, agregó, porque “violan los derechos de las personas” y son “indefendibles”.

Downie destacó que los médicos “tienen la obligación profesional y la obligación legal, de informar a los pacientes sobre todas las opciones disponibles”, y denunció que únicamente en la provincia de Ontario se exige a los médicos derivar “de manera efectiva” a los pacientes hacia un médico o una institución dispuestos a proporcionarles la AMM. En cuanto a la objeción de conciencia institucional, enfatizó que los pacientes “tienen derecho a permanecer y recibir la AMM donde estén, incluso si la institución es objetora”.

La creación de esta cátedra responde a la necesidad de fomentar la formación de los médicos de familia para que respalden la planificación de cuidados avanzados compasivos, apropiados e informados, los cuidados al final de la vida y la AMM, en línea con la evolución de la legislación. Permitirá preparar a los futuros médicos para tener conversaciones abiertas y efectivas sobre la atención al final de la vida, que puede incluir la AMM, y para garantizar que las personas sean escuchadas y respetadas. Se impartirá esta formación en los niveles de pregrado y posgrado (residencia), y en un programa de formación profesional continua. La cátedra tiene también vocación a colaborar con grupos de investigación, salud pública y asesoramiento, para impulsar la educación y la investigación en el campo de la atención al final de la vida y la AMM.

Según las cifras recientemente hechas públicas por el Ministerio de Sanidad neozelandés, 28 personas han podido acceder a la muerte médicamente asistida en los tres primeros meses de aplicación de la ley “End of Life Choice”. Dado la limitación del acceso a la ayuda médica a morir a los pacientes mayores de 18 años con enfermedad terminal grave, incurable, que produzca una disminución irreversible de las capacidades y curse en ocasiones con un sufrimiento físico o psicológico intolerable, el ministerio estima que “la cantidad de personas que accederán a la muerte asistida será pequeña».

Actualmente en Estados Unidos, una de cada cinco personas -el 22% de la población- vive en una jurisdicción donde la ayuda médica para morir está autorizada, ya sea por ley o por decisión judicial. Esta lista incluye diez estados-Oregón, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Hawai, New Jersey, Maine y New Mexico- además del distrito de Columbia. El documento publicado por la asociación Compassion & Choices es en realidad una recopilación de los datos publicados en estas juridicciones. La conclusión más evidente es que muy pocas personas han podido morir al amparo de estas leyes, ya que en décadas de experiencia -la primera ley entró en vigor en Oregón en 1998-, en todos los estados citados, sólo 5.171 personas han optado por utilizar la ayuda médica para morir. El documento se limita a dar cifras, sin sacar ningún tipo de conclusión más allá de la evidente “seguridad” de las leyes aprobadas, seguridad que descansa en el carácter muy restrictivo de todas estas leyes.

Concretamente en Colorado, donde la ley se aprobó en 2017, una investigación reciente revela que si una gran mayoría de los 300 médicos encuestados estaban dispuestos a derivar a los pacientes que formulaban una solicitud de ayuda a morir, sólo el 28% estaban dispuestos a acompañar todo el proceso, desde la evaluación del paciente hasta la entrega de la receta del medicamento letal. Los factores más frecuentemente esgrimidos por los médicos para inhibirse son la falta de conocimientos y la importante inversión emocional y de tiempo que supone el proceso de evaluación de los pacientes.

El informe recientemente publicado por la Comisión Lancet sobre el Valor de la Muerte titulado “Devolver la muerte a la vida” recoge 4 años de reflexión sobre ‘la importancia de la muerte y el morir dentro de la vida y el vivir’. El punto de arranque de esta reflexión es la constatación de que muchas sociedades y sistemas de salud han desarrollado una relación poco saludable con la muerte y el morir, y que los profesionales sanitarios se han convertido en custodios de la muerte. Para dar una visión más amplia, la Comisión ha reunido un grupo de personas de horizontes muy diversos; tanto a nivel profesional como geográfico: científicos sociales, un filósofo, líderes religiosos, un escritor, periodistas y profesionales de la salud, originarios de países muy diferentes, tanto de altos como de bajos ingresos.

Enfocada a imaginar cómo cambiar la vivencia del morir, la reflexión de la Comisión desembocó en el reconocimiento de la existencia de “un sistema de muerte”, influenciado por múltiples factores -culturales, sociales, comunitarios, políticos, económicos, tecnológicos, filosóficos y clínicos-. cuyo conocimiento es necesario para poder imaginar vías de cambio. Después de analizar la situación actual y recalcar la necesidad de repensar completamente el sentido de nuestros sistemas de salud para determinar si su cometido consiste en tratar de vencer a la muerte -lo que a menudo parece ser el fin que se le atribuye- o si deberían tratar de reducir el sufrimiento y mantener nuestra dignidad humana, la Comisión ha imaginado varios escenarios futuros posibles, uno de los cuales es que la muerte asistida se convierta en un modo de muerte infinitamente más común que ahora. Por otro lado, el informe expone la experiencia de humanización de la muerte llevada a cabo en el estado de Kerala en la India (recordemos que Kerala es el único estado con gobierno comunista en un país donde domina un rígido nacionalismo hindú).

Aunque se conozcan algunos casos de pacientes ayudados a morir por algún familiar en Japón o en China, la nota dominante en los países del este asiático es una fuerte resistencia a la regulación de la eutanasia. Un pequeño artículo de investigación lo atribuye a la influencia todavía muy importante del confucianismo, filosofía que valora sobre todo la familia y la piedad filial. El peso social del respeto debido a los ancianos, la prevalencia del colectivo familiar sobre el individuo y una concepción de la medicina que empuja a los sanitarios a privilegiar siempre la conservación de la vida, constituyen obstáculos por ahora difíciles de salvar, a pesar de que se oigan cada vez más voces a favor de un cambio.