El dilema de los tiempos de la muerte asistida: Antonio Buenavida

En la tramitación de una eutanasia se esconde una paradoja: para algunas personas es demasiado lenta y para otras es demasiado rápida.

Texto: Borja Robert.

Antonio Buenavida, activista sevillano de 66 años, tenía un cáncer terminal. Cuando el deterioro de su salud se volvió inaceptable, en mayo de 2022, quiso pedir la eutanasia. Hacía unos meses que podía solicitarla, en teoría; en la práctica no fue así. Cincuenta días después su sufrimiento era inmenso, su muerte inminente y aún no habían autorizado su petición. Un equipo de paliativos había quedado en ir a su casa, el 12 de julio, a sedarlo. Unas horas antes de la cita mandó a su hermano y un amigo a hacer recados y, cuando estaba solo, se suicidó. Fue su última protesta, esta vez contra una tramitación inaceptablemente larga.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) establece cómo tiene que tramitarse una eutanasia para que sea legal. Es decir, para que nadie vaya a la cárcel por ayudar a morir a una persona que lo ha pedido. Hacen falta dos peticiones al médico responsable –separadas por dos semanas– seguidas de sendos procesos deliberativos una valoración del médico consultor y la evaluación de un equipo de la Comisión de Garantía y Evaluación (CGE), que debe dar la autorización final. La norma establece plazos máximos para cada paso y estima que todo debe resolverse en algo menos de 40 días.

La realidad es que estos plazos se incumplen a menudo e, incluso cuando se respetan, no cuentan toda la historia. Buenavida necesitó diez días y varias quejas para encontrar un médico que aceptase llevar su caso. Ni su médica de familia ni el equipo de paliativos lo hicieron, aunque su obligación era firmar la petición, informarle de su condición de objetores y remitirla a una instancia superior que buscase otro profesional lo antes posible.

Unos días antes de morir, el sevillano habló de su petición de eutanasia con RNE, que preparaba un reportaje sobre el primer año de la ley. Se lamentaba de lo largo y complejo del proceso, que calificó de «engorroso». Se quería morir, no había dudas de su sufrimiento, ni de que le quedaba poco. ¿Por qué hacía falta esperar tanto?

«No lo puedo entender»

Algo parecido planteaba Teresa Tuñón, asturiana de 88 años y enferma terminal de cáncer, mientras se tramitaba su eutanasia. «Tanto dolor inútil no se puede entender», explicaba. «Tengo 88 años y estoy sufriendo. No tiene sentido que la burocracia sea tan excesiva y los plazos tan largos cuando una persona manifiesta su deseo de morir, especialmente en circunstancias como las mías, que ya no se puede hacer nada, que soy una especie de cadáver andante, que para mi vivir es una condena». En su caso, su insistencia, junto al apoyo de su familia y de DMD, ayudaron a que los plazos no se agotasen a cada paso. Murió por eutanasia, acompañada de sus seres queridos, en agosto de 2022.

«Los plazos de la ley son máximos y están para proteger a la ciudadanía», explica Soco Lizárraga, médica, formadora de sanitarios sobre eutanasia en Navarra y activista de DMD. «Como personal sanitario, tenemos que recordar que se pueden abreviar». Pone de ejemplo el caso de una mujer de su comunidad que logró recibir ayuda para morir en 32 días, pese a algunos problemas iniciales y ciertos tira y afloja con sus oncólogas. Por comparar, el promedio durante el primer año de la LORE fueron 54 días. Su pareja describió su final como «dulce y tranquilo». «Murió consciente, dueña plena de su vida y su muerte; tuvimos tiempo para cuidarla, reconocer la vida feliz compartida y despedirnos», recuerda su pareja. «Yo hubiera deseado tenerla más tiempo a mi lado, pero por encima de todo estaba su decisión de poner fin a una vida feliz que no tenía sentido, continuar en la insconsciencia o el dolor».

La LORE recoge que, en caso de riesgo inminente de pérdida de la capacidad para decidir, se puede abreviar el plazo de dos semanas entre la primera y la segunda solicitud. Pero incluso cuando se respeta este requisito, afirma Lizárraga, «es posible hacerlo en menos de 30 días si quienes están a cargo se dan prisa». Si se planifica el proceso, se celebran las entrevistas lo antes posible, se elaboran los informes con agilidad y se pide diligencia a la CGE, es factible concluir una muerte asistida en algo más de 20 días.

Imagen: Magnific.

Aplazamientos

A veces, sin embargo, el problema con los tiempos es el contrario: cuando la persona con una eutanasia autorizada no quiere morir inmediatamente. Aunque es posible aplazar la prestación, no está claro por cuánto tiempo. El Manual de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad propone «uno o dos meses» y, si se supera este plazo considerar que ha desistido de su deseo de morir. De querer la eutanasia más adelante, se deduce, debe repetir la tramitación. Algunas comunidades lo han ampliado a seis meses.

Por definición, una persona con una eutanasia autorizada tiene que padecer una enfermedad grave e incurable o una patología grave, crónica e imposibilitante. Si cumple los criterios ahora, también los va a cumplir en el futuro. El entuerto, al parecer, viene de que el informe favorable de una CGE se considera un acto administrativo y, por serlo, tiene fecha de caducidad. Además, algunos profesionales sanitarios consideran que la eutanasia solo debe solicitarse cuando la persona tiene la determinación de morir inmediatamente. No aclaran, sin embargo, qué problemas se resuelven con esta restricción.

Tener la eutanasia concedida de forma preventiva puede ser fuente de tranquilidad para quien sabe qué final de la vida le espera. La atleta paralímpica belga Marieke Vervoort solicitó su eutanasia en 2008. Se le concedió, pero no recurrió a ella hasta 2019, después de ganar medallas de oro y plata en los Juegos Paralímpicos de Londres (2012) y Río de Janeiro (2016), respectivamente. «Da tranquilidad; sé que tengo la eutanasia disponible cuando no pueda más», afirmó.