Este aumento de objetores no sorprende a colectivos como la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que ve esta subida como algo “lógico”. “A medida que se cumplen años de la entrada en vigor de la Ley, es normal que el número de profesionales se adscriban a la objeción”, señala el representante de DMD en Galicia, Miguel Anxo García. A pesar de esto, apunta que la Administración ha de garantizar en todo momento el ejercicio de derecho de la eutanasia.
García afirma que la situación de la muerte asistida en la comunidad gallega se está “normalizando”. “Ya no nos llegan tantas quejas de retrasos como al principio de la aplicación de la Ley [en el año 2021] y percibimos que hay mayor normalización al respecto”, dice el representante, que, pese a ello, reprocha a las instituciones la falta de transparencia en cuanto a la publicación de las cifras de la eutanasia.
“Los últimos informes que emitió la Xunta a finales de año son muy poco exhaustivos. Las cifras son fundamentales para que la sociedad pueda hacer un diagnóstico completo del tema”, denuncia. Por imperativo legal, la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia de Galicia está obligada a presentar un balance de la prestación en la comunidad cada año.
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