La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) cree que las profundas diferencias entre comunidades están directamente vinculadas con el empeño que cada una de ellas pone en promover el ejercicio de los testamentos vitales. «Falta voluntad política», afirma tajante Fernando Marín, vicepresidente de la organización federal de DMD. «Las consejerías de turno no dedican tiempo, ni campañas de difusión, ni forman profesionales adecuados», lamenta.
La asimetría radica, por lo tanto, en el desigual apoyo prestado por los diferentes gobiernos autonómicos. «Hay 17 formas diferentes de facilitar que las personas puedan ejercer su derecho», explica Marín, en relación al número de comunidades que integran España. «Por eso, hay una gran disparidad de resultados. Hay sitios donde el testamento vital aún no se conoce siquiera».
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