En su último boletín, la asociación DIGNITAS analiza las consecuencias de la condena a tres años de cárcel de dos médicos por ayudar a morir a pacientes con trastornos mentales (depresión crónica en un caso y esquizofrenia paranoide en otro). Los fiscales, en contra del criterio de los médicos, consideraron que las personas solicitantes de ayuda a morir no tenían capacidad para tomar decisiones debido a su enfermedad. Estas condenas han creado una gran inseguridad entre los médicos. Además de sospechar que era el efecto buscado por la fiscalía, DIGNITAS plantea el problema de la negación demasiado frecuente —aunque científicamente injustificada— de la capacidad a tomar decisiones en caso de trastorno psiquiátrico.
El ‘Proyecto de Ley Relativo al Acompañamiento de los Enfermos y el Final de la Vida’ presentado por el gobierno, así como las 1.800 enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, han sido debatidos en una comisión especial compuesta por 71 diputados. El debate alrededor del texto resultante se desarrollará en sesión plenaria de la Asamblea hasta el 11 de junio, fecha en la cual los diputados votarán su admisión a trámite.
El principal cambio aportado al texto original por la comisión consiste en la sustitución, para poder acceder a la ayuda a morir, del requisito de “pronóstico fatal a corto o medio plazo” por el de padecer “una afección en fase avanzada o terminal”. La exministra de Sanidad y presidenta de la comisión, la actual ministra del ramo y la portavoz de los insumisos en la comisión han criticado este cambio porque, en su opinión, “desequilibra” el texto al abrir la prestación a pacientes cuyo fallecimiento no es previsible.
Es la pregunta que muchos se formulan después de la victoria de la extrema derecha en las últimas elecciones. La aprobación de una serie de leyes progresistas está ya en cuestión. El «viento conservador» que sopla en el país supone una amenaza para una serie de leyes médico-éticas promovidas en la anterior legislatura por el partido liberal D66. Una ley trans, la disponibilidad de la píldora abortiva, o la Ley de Vida Cumplida que debería hacer posible el final voluntario de la vida para las personas mayores de 75 años, tendrán difícil salida en esta legislatura.
El principal acusado en el juicio contra siete militantes de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) ha fallecido. Sus familiares indicaron que tenía problemas cardíacos y que las tensiones generadas por el juicio tuvieron un gran impacto sobre su salud. Tenía 80 años. Estaba acusado de haber suministrado un producto letal y participar en una organización criminal cuyo objetivo era facilitar asistencia al suicidio. Fue el único de los acusados que reconoció haber suministrado el producto letal, alegando «motivos idealistas». La fiscalía pedía una pena de dos años y medio años de cárcel, de los cuales un año era condicional. La fiscalía exigió una autopsia para comprobar que el acusado no se había suicidado.
El psiquiatra Boudewijn Chabot dedica una columna de opinión en el periódico Trouw al suicidio acompañado por una familiar, que normalmente no se castiga en los Países Bajos, y se pregunta cuál es la diferencia con la actuación de los activistas de CLW. Informa también de que está realizando un documental sobre la muerte voluntaria acompañada.
El Colegio de Médicos KNMG ha publicado, como cada año, una infografía en la cual combina los datos del Centro de Expertos en Eutanasia y de los Comités Regionales de Revisión de la Eutanasia, que sintetiza en un solo documento visual los números de casos, las condiciones médicas de los solicitantes de la eutanasia, el tipo de médico que realiza la prestación o el lugar de la terminación de la vida.
Continúa el debate parlamentario sobre un proyecto de ley de muerte asistida en la Isla de Man del Reino Unido. Los últimos puntos debatidos concernían el tiempo de residencia en la Isla para acceder a la prestación, que pasó de 1 a 5 años para evitar el llamado “turismo de la muerte”, y el requisito de pronóstico fatal de 6 meses que se prolongó a 12 meses. Quedan puntos importantes a debatir como son la modalidad de la prestación -suicidio asistido o eutanasia- y el papel de los médicos en todo el proceso. La isla podría ser el primer territorio del Reino Unido en aprobar una ley de muerte asistida, lo que podría ocurrir en un plazo de alrededor de 18 meses.
El parlamento de la isla de Jersey (Reino Unido) ha aprobado la necesidad de elaborar una ley de muerte asistida tal como lo recomendó una asamblea ciudadana celebrada en 2021. A partir de ahora el gobierno de la isla, ubicada cerca de la costa norte de Francia, deberá redactar un proyecto de ley que se podría presentar a la Asamblea para su tramitación a finales de 2025 y podría ser vigente a mediados de 2027. Los legisladores votaron aproximadamente dos a uno a favor de permitir la muerte asistida para pacientes adultos con una enfermedad terminal con una esperanza de vida de seis meses, o 12 en caso de enfermedad neurodegenerativa. Rechazaron permitir la muerte asistida a personas con una condición física incurable pero no terminal que curse con un sufrimiento insoportable.
En un provocativo programa de una hora de duración titulado ‘Better off dead?’ (¿Mejor muerta?), Liz Carr, actriz muy conocida por su actuación en la serie televisiva ‘Silent Witness’ (‘Testigo silencioso’) que se emite con éxito desde 1996, defiende su rotunda oposición a la regulación de la muerte asistida debido a los peligros que supondría para las personas con discapacidad. Liz Carr está en silla de rueda por una rara enfermedad genética que se le diagnosticó a los siete años. En el programa, se reúne con activistas a favor y en contra de la regulación de la muerte asistida, y finalmente viaja hasta Canadá. Para apoyar su campaña, afirma que allí personas con discapacidad, personas con enfermedades mentales o personas que necesitaban apoyo social recibieron la ayuda médica para morir en vez de los apoyos que necesitaban. “Eso es aterrador”, concluye.
En 2023, la mayoría conservadora del Gran Consejo ginebrino decidió derogar el artículo de la Ley de Sanidad Pública que obligaba a las residencias públicas y privadas a aceptar el suicidio asistido, argumentando que ya no tenía ninguna razón de existir «puesto que la Comisión de Salud había demostrado que no había problemas en estos establecimientos”. Asociaciones como EXIT se opusieron a esta modificación legal y lanzaron una petición exigiendo la organización de un referéndum al respecto. Recogieron 14.700 firmas. En consecuencia, el 9 de junio la ciudadanía tendrá que pronunciarse sobre una enmienda que, en realidad, la mayoría de los políticos y de la población desaprueba.
Ana Estrada consiguió, después de una larga lucha, el amparo del Tribunal Constitucional y pudo morir con asistencia médica como lo deseaba, y ahora María Benito, enferma de ELA, consiguió que se respetase su derecho a la suspensión de las medidas de soporte vital. “No queremos hablar de la muerte. Somos una región y una sociedad donde las privaciones arbitrarias de la vida son cosas de todos los días. Parece que naturalizamos, antes que la muerte en sí, la muerte en esos términos. El derecho a la muerte digna desafía esa representación y propone una mirada dulce, más natural: entender que la muerte es la otra cara de la vida”, declaró Josefina Miró Quesada, la abogada que representó ambas causas, autora también del artículo ‘La muerte digna, un asunto de derechos humanos».
La Ley de Eutanasia está aparcada en la Comisión de Salud Pública del Senado desde octubre 2022. De suspensión en suspensión de sesiones, “se va a terminar el período legislativo y van a haber ganado los reaccionarios que imponen su ideología sobre la libertad de la muerte digna, y los cobardes de sus cómplices. Es el peor Parlamento de la historia uruguaya», critica la ONG Empatía Uruguay que milita por la aprobación de esta ley.
El partido Bloc (partido independentista quebequense de tendencia socialdemócrata con representación a nivel federal) considera que los ministros federales de Sanidad y Justicia “carecen de valentía política” en lo que respecta a la ayuda médica a morir, y presenta en el parlamento federal un proyecto de ley que permitiría acceder a la prestación a través de un testamento vital. La provincia de Quebec, que tiene autonomía para legislar en temas de salud, ya aprobó una ley en este sentido, pero su aplicación está bloqueada debido a que se necesitaría una modificación del código penal, ámbito que depende del gobierno federal.
El documental ‘On my own time’, dirigido por Sandy Clipsham y Blair Cameron, aborda el desarrollo de la ayuda médica a morir en Canadá desde 2016, y ha contado con el apoyo de la asociación Dying with Dignity y la participación de médicos y juristas. Se puede ver de forma gratuita en este enlace.
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