La Fundación Bethel es una de las instituciones confesionales (protestantes) más grandes de Europa. Proporciona servicios de ayuda y cuidados a domicilio, así como alojamiento. Posee centros de salud, clínicas y hospicios, también escuelas y universidades. Su objetivo es apoyar a personas discapacitadas, enfermas, mayores o desfavorecidas, y acaba de anunciar que, respetando la sentencia de 2019 del Tribunal Constitucional que avala el derecho a la autodeterminación al final de la vida, permitirá que los voluntarios de las asociaciones que apoyan y acompañan el suicidio –como Dignitas Alemania por ejemplo- puedan actuar en sus instalaciones. Una decisión criticada por la Alianza Evangélica Nacional. Por su parte, la Iglesia Protestante de Alemania no se ha pronunciado al respecto y no hay consenso sobre el tema entre sus miembros.
Austria reguló el suicidio asistido en 2021, pero la ley contiene tantas restricciones -en particular la prohibición de divulgar cualquier información sobre la prestación-, y tantos obstáculos que conforma un procedimiento extremadamente trabajoso y muy pocas personas pueden acceder al suicidio asistido. La Sociedad Austriaca para un Final Humano de la Vida (ÖGHL) denuncia esta situación y en 2023 presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional encaminado a eliminar los obstáculos que vuelven inoperante la ley. También aboga por permitir la eutanasia para las personas que no están en condiciones de autoadministrarse el producto letal. El alto tribunal examinará este recurso en su actual sesión.
Al mismo tiempo que elegían sus diputados al Parlamento Europeo, se solicitó a los eslovenos expresar su opinión sobre la posible regulación de la muerte asistida. Participó un 40% de la ciudadanía, y alrededor del 55% de los votantes contestó positivamente, respaldando una regulación del derecho a la muerte asistida para los pacientes con enfermedades terminales, mientras el 44% votó en contra. La coalición de partidos de centro-izquierda, actualmente en el poder, respalda la regulación de la muerte asistida. Sin embargo, estas consultas no son vinculantes.
El examen del proyecto de ley sobre el final de la vida, que comenzó en abril, se detuvo abruptamente con la decisión de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional. Para que el texto pueda volver a ser examinado, tendrá que incluirse de nuevo en el orden del día de la nueva Asamblea, en caso de que el gobierno lo vuelva a presentar. Una hipótesis incierta, que dependerá de la composición de la Asamblea. «El final repentino de la que iba a ser la gran ley social de esta década es una decepción muy grande «, reconoce Olivier Falorni, relator general del proyecto de ley. La frustración es muy grande entre las asociaciones que defienden la muerte médicamente asistida -ADMD y Le Choix- que lamentan una ocasión perdida que puede tardar mucho en volver a presentarse.
Si el primer ministro sigue afirmando que es un proyecto de ley prioritario para el gobierno de Macron que hará todo lo posible para que se vote en un plazo corto después de las elecciones, la derecha y la extrema derecha esperan que el tema esté descartado para mucho tiempo. En cuanto al programa del Nuevo Frente Popular, no menciona la ley sobre el final de la vida, pero durante las últimas semanas, en los debates parlamentarios, muchos diputados del NFP se mostraron a favor de la muerte asistida e incluso intentaron relajar las condiciones impuestas por el gobierno para el acceso a la prestación.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado contra Daniel Karsai, un enfermo con ELA en etapa avanzada que reclamaba poder acceder a la ayuda a morir. El tribunal ha determinado que la prohibición húngara de toda forma de muerte asistida no viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Considera que la legislación vigente no vulnera el derecho del señor Karsai a la vida privada y no produce discriminación alguna por el hecho de que las personas cuya vida depende de medidas de soporte vital tengan derecho a rechazarlas. El Tribunal repasa sus anteriores sentencias y reitera que cada Estado tiene un amplio margen de apreciación para valorar y aprobar su propia legislación con las medidas que considere necesarias para garantizar tanto la debida protección del derecho a la vida como la libre decisión personal respecto del derecho a la muerte digna.
Marco Cappato, tesorero de la asociación Luca Coscioni, se autoinculpó una vez más, después de acompañar a dos enfermos que no dependían de medidas de soporte vital a la clínica de Dignitas en Suiza. La fiscal del caso defiende que diferenciar en el acceso al suicidio asistido entre pacientes que «dependen de tratamientos de soporte vital» para «seguir con vida» y otros «que sólo requieren tratamientos terapéuticos y para los cuales los medios de soporte vital» son «sólo cercanos» debido a «factores completamente accidentales», dependiendo del tipo de patología, podría violar el principio de igualdad de los ciudadanos y ser «contrario a la Constitución”. La juez de instrucción de Milán consideró que la cuestión de legitimidad constitucional planteada por la Fiscalía de Milán «no es manifiestamente infundada» y, en consecuencia, pide al Tribunal Constitucional una definición más precisa de los límites marcados en 2019 con la histórica sentencia en el «caso DJ Fabo».
El Parlamento Neerlandés aprobó una moción, -impulsada por la NVVE-Asociación Neerlandesa por una Muerte Humana y el Centro de Expertos de la Eutanasia y presentada por dos diputadas de los partidos liberales VVD (conservador) y D66 (progresista)-, que pide una mayor atención estructural a los cuidados paliativos y los cuidados al final de la vida en la atención sanitaria, así como una mejor formación médica en estos temas. Señalaron trabajos de investigación que muestran que dos tercios de los profesionales sanitarios se consideran insuficientemente formados en el campo de los cuidados paliativos y los cuidados al final de la vida.
En el Reino Unido todas las encuestas de opinión realizadas en los últimos meses demuestran un gran apoyo ciudadano a la regulación de la muerte asistida. Paralelamente, se multiplican los apoyos públicos a un cambio legislativo por parte de personalidades relevantes, en una campaña para favorecer la presentación de un proyecto de ley de ayuda a morir en el parlamento de Westminster. En el último mes se han pronunciado públicamente a favor de una ley el Colegio de Enfermería, el primer ministro y la expresidenta del Tribunal Supremo.
Ginebra seguirá garantizando el acceso al suicidio asistido en las residencias y en las instituciones asistenciales. Según los resultados del referéndum celebrado el 9 de junio, una modificación de la ley de salud que cuestionaba esta posibilidad fue rechazada por el 76,29% de los votantes.
A principios de junio, el presidente chileno Gabriel Boric anunció ante el Congreso que pondrá urgencia a la tramitación del proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos. Una reciente encuesta muestra que un 70% de los chilenos está a favor de esta ley. Boric aseguró que la sociedad chilena tiene un “gran tema pendiente” con los que sufren enfermedades terminales incurables con disminución avanzada e irreversible de sus capacidades. La iniciativa legal está actualmente en el Senado. Sin embargo, la falta de mayoría en las dos cámaras representa un serio handicap para que se haga efectiva la aprobación del proyecto de ley en esta legislatura.
El Tribunal Constitucional despenalizó la eutanasia el 7 de febrero de 2024, y el pasado 7 de junio el Ministerio de Salud aprobó los reglamentos de aplicación. Un paciente mayor de edad con una “enfermedad grave e incurable o lesión corporal grave e irreversible” puede solicitar la prestación directamente o a través de un documento de voluntades anticipadas en caso de pérdida de la capacidad a expresarse. Además de un informe médico que indique diagnóstico, tratamientos seguidos y pronóstico, se realizará un informe sicológico, siquiátrico y socioeconómico.
Enlace a la sentencia del Tribunal Constitucional:
Enlace al texto integral del reglamento:
El proyecto de regulación de la eutanasia fue presentado a la Cámara de Diputados en agosto de 2022, con el respaldo de 15 legisladores pertenecientes a tres partidos distintos, pero los debates se demoran. “Lo que está pasando con el proyecto de ley que regula la eutanasia en Uruguay es indignante: la Comisión de Salud del Senado tiene el proyecto secuestrado, y hace más de dos meses que ni siquiera sesionan”, denuncia la asociación Empatía Uruguay, una de las promotoras del proyecto de ley. Sospechan intromisión del gobierno para impedir que la ley se apruebe en esta legislatura.
En Canadá también hay historias espantosas. En Calgary (provincia de Alberta), una mujer de 27 años diagnosticada, según la prensa, de autismo y TDAH, solicitó la eutanasia. La solicitud fue aprobada y la eutanasia estaba prevista en febrero, pero el padre interpuso una demanda judicial aduciendo que la mujer no cumplía los requisitos exigidos por la ley. El juez a pesar de fallar a favor de la mujer suspendió la aplicación de la sentencia para dar tiempo a la eventual presentación de recursos. La mujer decidió entonces dejar de comer y beber para morir. Las últimas noticias dicen que el padre retiró el recurso presentado. No se sabe más.
Una demanda reciente relativa al acceso a la asistencia médica para morir en algunos hospitales de Columbia Británica (BC) ha puesto en el centro de atención las prácticas de las organizaciones religiosas de salud que pueden, en virtud de un acuerdo firmado en 1995 con el gobierno de la provincia, optar por no brindar ciertos servicios si entran en conflicto con sus valores y creencias, servicios tales como aborto, anticoncepción o ayuda médica a morir (AMM).
Providence Health Care, la organización de salud católica que administra el Hospital St. Paul en Vancouver -hospital en parte financiado públicamente-, y la provincia de BC están siendo demandadas por la familia de Samantha O’Neill, de 34 años, que falleció cuando fue sedada para poder enfrentar el traslado a otro hospital para la realización de la AMM. Numerosas voces están poniendo en cuestión el acuerdo de 1995.
La asociación Dying with Dignity (Morir con dignidad) y el grupo de apoyo mutuo MAID Family Support Society (Sociedad de Apoyo a Familiares en casos de Ayuda Médica a Morir) han elaborado un librito titulado ‘Le deuil et l’aide médicale á mourir’ (El duelo y la ayuda médica a morir) que informa sobre “los distintos tipos de duelo, lo que puede esperar la gente en las diferentes etapas del duelo y el apoyo disponible para ayudar a sobrellevar estos difíciles sentimientos”.
Para descargar el librito: https://www.dyingwithdignity.ca/fr/education-resources/grief-and-maid/
Enlace al sitio web de MAID Family Support Society: https://maidfamilysupport.ca
En el debate parlamentario reciente sobre la eutanasia en Francia, los opositores al proyecto de ley manifestaron de manera reiterada que, con la asistencia a la muerte, se correría el riesgo de empujar a los pacientes más precarios a acortar sus vidas, debido a la falta de recursos suficientes para superar las duras condiciones impuestas por su patología. «Cuando se es pobre, sí, el final de la vida es más difícil que cuando se es rico y, sí, esto puede inspirar ideas para ponerle fin «, afirmó un diputado del partido Los Republicanos (conservador).
En este artículo, el periodista examina el argumento según el cual los más pobres están sobrerrepresentados entre las muertes por suicidio asistido o eutanasia y cita (y enlaza con) varios estudios internacionales, que tienden a desechar dicho argumento e incluso a demostrar lo contrario.
El gobernador del Estado ha firmado un texto de enmienda a la Ley de Opciones al Final de la Vida que modifica algunos puntos del texto. A partir de ahora, las ‘enfermeras especializadas’ podrán evaluar las solicitudes de suicidio asistidas y prescribir la sustancia letal. Además, se reduce de 15 a 7 días el plazo de reflexión entre las dos solicitudes orales. Si «es poco probable que el paciente sobreviva más de 48 horas y cumple todas las demás condiciones», el médico o la enfermera podrán renunciar a este período de reflexión.
El texto de ley que permitirá el acceso al suicidio asistido en Delaware acaba de ser aprobado en el Senado del Estado, de mayoría demócrata, por 11 votos contra 10. Corresponde ahora al gobernador demócrata firmar esta ley. Un adulto residente de Delaware, con capacidad de decisión, a quien se le diagnostique una enfermedad incurable con pronóstico de menos de seis meses podrá solicitar una receta de medicamentos letales. Un médico consultor o una enfermera especializada tendrán que confirmar el diagnóstico y pronóstico del paciente. El paciente tendrá que formular dos solicitudes orales, seguidas de una solicitud por escrito. Se establece una espera de al menos 15 días después de la solicitud inicial antes de recibir los medicamentos que el paciente tendrá que autoadministrarse.
El parlamento del Territorio de la Capital de Australia (ACT) aprobó por 20 votos contra 5 la Ley de Muerte Voluntaria Asistida a principios de junio. El Territorio del Norte es actualmente la única jurisdicción australiana que aún no ha aprobado una ley de Muerte Voluntaria Asistida, aunque ya esté en marcha una consulta a la ciudadanía sobre el tema. La ley aprobada en ACT es más liberal que las leyes de otros Estados australianos. La persona solicitante deberá tener una enfermedad «avanzada, progresiva y que se espere que cause la muerte”, pero la ley no impone un pronóstico limitado para acceder a la prestación. Por otra parte, la ley define un régimen de sanciones para las personas o instituciones que obstaculicen el acceso a la prestación.
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