La asociación ÖGHL (Asociación por una muerte humana) y cuatro personas, entre ellas dos enfermos graves y un médico, han recurrido la ‘Ley de Directrices de Muerte’ y el artículo del Código Penal relativo a la “asistencia al suicidio”. Solicitan la derogación de varias disposiciones de la ley: en particular la exigencia de que uno de los dos médicos que examinan e informan al paciente deba tener calificaciones en medicina paliativa y el hecho de que la aprobación de la solicitud de producto letal solo tenga un año de validez. Según los demandantes, los procedimientos establecidos en la ley, lentos y costosos, hacen prácticamente imposible que las personas que sufren mueran rápidamente, acompañadas y de forma autónoma con la ayuda de terceros.
Las eutanasias por sufrimiento psíquico aumentan en Bélgica. Recientemente el caso de Aron Wade, 54 años, un actor de televisión conocido en Bélgica, que luchó la mayor parte de su vida contra la ansiedad y la depresión y accedió a la eutanasia por padecer un sufrimiento psicológico insoportable ha sido profusamente comentado en los medios de comunicación. “Estadísticamente, podría haber esperado vivir otros 25 o 30 años. Prefiero que la gente mantenga la imagen de mí como un hombre de pie, en lugar de verme consumirme y sufrir más«, declaró en una entrevista en agosto pasado. Según Wim Distelman, presidente de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia y profesor de Cuidados Paliativos en la Universidad Libre de Bruselas, “llega un momento en el que lo intentas todo y el paciente sigue diciendo que sufre psicológicamente de forma insoportable todos los días. ¿Este paciente debería seguir vivo otros 20 años? No. Entonces debemos aceptar poner fin a su vida a petición de esta persona».
François Damas es el médico que aparecía en la película documental Últimas palabras. El titular de esta entrevista, en la que expone su experiencia en su Consulta sobre el Final de la Vida en un gran hospital de Lieja, no podía ser más contundente: «Es un privilegio extremadamente gratificante poder acompañar finales de vida. Los médicos que se niegan a hacerlo son simplemente unos gilipollas».
El diputado del MoDem (centro derecha), Olivier Falorni, muy comprometido desde hace años con la muerte asistida, ha presentado de nuevo un proyecto de ley que retoma el trabajo realizado antes de la disolución de la Asamblea en junio. 166 diputados han firmado este proyecto de ley, procedentes de nueve grupos diferentes, desde la presidenta de la Asamblea (macronista), hasta la ex primera ministra Élisabeth Borne, pasando por los presidentes y diputados de los grupos Insumisos, socialista y ecologista. El primer ministro, Michel Barnier, en su declaración de política general en el parlamento se quedó a medio camino: abordó el tema al final de su discurso, y solo se comprometió a «reanudar el diálogo con el Senado, los profesionales sanitarios y las asociaciones» en 2025. Esta falta de concreción ha creado mucho malestar. La orientación francamente derechista de su gobierno alimenta las dudas en cuanto a las posibilidades de reanudar el debate en el parlamento. Coincidiendo con este asunto, la prensa se hace eco de un caso terrible: se juzga ante un gran jurado en Lyon a una chica que provocó la muerte de su abuelo enfermo pegando fuego a su cama, y la defensa sostiene que se trata de un caso de eutanasia.
Ha fallecido Daniel Karsai, el abogado especializado en derechos humanos y enfermo de ELA, que luchó por la legalización de la muerte asistida en Hungría. Defendió su caso en los tribunales nacionales y en los tribunales europeos que fallaron en su contra. Su familia parece decidida a seguir luchando a favor de un cambio legislativo. Según una encuesta de la agencia Median, dos tercios de la población húngara apoya actualmente la eutanasia a pesar de la oposición del gobierno y de la Iglesia y de una tradición de conservadurismo social en el país.
Mariska sufrió durante dos años de tinnitus, un pitido insoportable, después de un accidente de carretera. Su vida se convirtió en un infierno. Ningún tratamiento funcionó. Su médico alegó que no había probado todos los tratamientos y le negó el acceso a la eutanasia. Ella no podía más y se suicidó, sola y clandestinamente. El marido de Mariska ha hecho público el caso: apoya la campaña de NVVE que denuncia las insuficiencias de la ley de eutanasia porque demasiados casos quedan fuera. La NVVE considera que, además de la ley de eutanasia, debería introducirse otra ley, para las personas que, aunque no padezcan ninguna enfermedad grave, sienten un ‘fuerte deseo de morir’. Reclaman «una ley en la que las personas que no padecen ninguna enfermedad puedan obtener ayuda o acceso a recursos para poder dirigir su propia muerte. Creemos que a estas personas también se les debe ayudar a morir con dignidad».
Cercano a la Cooperativa del Final de la Vida y firme defensor de la autodeterminación al final de la vida, un antiguo comisario de policía plantea un pulso a la fiscalía neerlandesa: ha puesto a punto un método de adquisición y distribución del nitrito que no representaría un delito penal. Deseoso de actuar a plena luz del día, pidió cita al fiscal general para exponer su idea y comprobar si daría pie a persecución penal. El fiscal se negó a recibirle y nuestro comisario ha puesto en marcha su plan de distribución del producto letal.
Por otra parte, ha empezado el juicio contra el sicólogo de 80 años Wim Van Dijk, activista de la muerte voluntaria, que ayudó a morir a su mujer afectada de demencia y luego vendió cientos de ‘kits’ compuestos por un antiemético y nitrito. El nitrito no es un producto prohibido, y la policía no ha conseguido relacionar ninguna muerte con las ventas de los kits de suicidio. Van Dijk está juzgado por infracción a la ley del medicamento por haber vendido a gran escala el antiemético. La fiscalía pide un año de cárcel, con seis meses condicionales. Las encuestas muestran que dos tercios de la ciudadanía neerlandesa está a favor de la muerte voluntaria y apoya una cambio legislativo en este sentido.
Hace un año un grupo de 56 diputados del ahora gobernante PSD presentó una solicitud de revisión constitucional de la Ley de Eutanasia. Unos meses después la Defensora del Pueblo presentó una solicitud similar. Por ahora se desconoce cuándo dictará sentencia el alto tribunal. Estas revisiones constitucionales no exigen la suspensión cautelar de una ley aprobada por el Parlamento. Sin embargo, pasan los meses sin que la ley entre en vigor. Unas 250 personalidades han firmado un manifiesto exigiendo la reglamentación y puesta en marcha de la ley y el Bloco ha forzado una comparecencia del ministro de Sanidad sobre la cuestión. En respuesta a estas iniciativas, está circulando una petición “para la derogación de la ley de eutanasia en Portugal”. En cuanto al gobierno, después de varias declaraciones contradictorias, finalmente ha anunciado que esperará la decisión de los jueces del Constitucional.
El apoyo mayoritario de la población de Reino Unido a una ley de muerte asistida ha puesto en evidencia por todas las encuestas recientes acaba de ser confirmado por las deliberaciones de un jurado ciudadano: el 70% de los participantes apoyó un cambio legislativo para las personas adultas y competentes en fase terminal de una enfermedad. En la Cámara de los Lores, Lord Falconer registró un texto de ley hace unos meses que se debatirá probablemente en segunda lectura a mediados de noviembre. Según The Guardian es probable que la Cámara de los Lores lo apruebe, algo que desbrozaría el terreno para que un diputado de la Cámara de los Comunes lo retome después. Si ocurriera así, el primer ministro, Keir Starmer, se ha comprometido a crear las condiciones para un debate serio que podría llevar a la aprobación de una ley en 15 meses.
La policía suiza ha abierto una investigación tras la utilización por primera vez del dispositivo Sarco por la asociación Last Resort para ayudar a morir a una estadounidense de 64 años afectada de una grave deficiencia inmunológica. El suicidio tuvo lugar en un bosque, cerca de la frontera alemana. Fue detenido el copresidente de la asociación Florian Willet, que acompañó al suicidio de la paciente. Las fiscalías de varios cantones suizos habían avisado a lo largo del verano de que abrirían investigaciones en caso de utilizar Sarco en sus territorios. Según Philip Nitschke, el inventor de Sarco, el dispositivo ha funcionado perfectamente, proporcionando una muerte tranquila, sin utilizar drogas letales controladas:. Sarco es una cápsula sellada en la cual la persona apoya en un botón que libera nitrógeno que provoca muy rápidamente una muerte sin dolor. Al no usar ningún medicamento, desaparece la necesaria intervención de un médico y no está sometido a la Ley del Medicamento. Según la ministra de sanidad suiza, Sarco no cumple con la ley por dos motivos: infringe una ley federal sobre la seguridad de los productos, que no deben poner en peligro a las personas, y el uso de nitrógeno contravendría la ley sobre productos químicos. El tema ha encontrado un amplio eco en los medios de comunicación, y muchas intervenciones de ‘expertos’ muestran la dificultad a elaborar una opinión racional, más allá de impresiones imprecisas y de un simple rechazo.
Una reciente encuesta muestra que un 60% de las personas interrogadas está a favor de la eutanasia ‘en casos especiales’, un 29% ‘en todos los casos’ y un 11% que nunca se debería permitir. Comparando con resultados de años anteriores, está disminuyendo la proporción de los que se oponen tajantemente a la eutanasia. El presidente Gabriel Boric ha anunciado que pondrá urgencia e impulsará el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos.
El Tribunal Constitucional legalizó la eutanasia en Colombia en 1998, pero no se pudo acceder realmente a la prestación hasta 2015, después de varias amonestaciones del alto tribunal al gobierno. Desde entonces, según Lucas Correa, abogado y presidente de DescLAB, un organismo que defiende la muerte digna, las mentalidades han cambiado y dos casos recientes lo demuestran. En el caso de Javier Acosta, un hombre joven de clase popular de Bogotá e hincha del club de fútbol Millonarios, se rompe el estereotipo según el cual la eutanasia es para personas mayores de clase acomodada; y en el caso de Tatiana Andia, una socióloga de unos 40 años con cáncer metastásico, valora la lucha contra el ‘encarnizamiento terapéutico’ demasiado a menudo practicado en el país, y la determinación a tomar decisiones lúcidas y libres relativas al final de su vida.
Los enfermos que esperan poder acceder a la eutanasia al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó la ayuda médica a morir en respuesta al recurso planteado por Paola Roldán lo tienen muy difícil. La prensa ecuatoriana ha dado a conocer el caso de un enfermo de ELA que murió antes de haber podido presentar toda la documentación y efectuar todos los exámenes médicos que se le exigían. La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley ya criticado por la excesiva burocratización del proceso.
Especialistas y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) preparan una propuesta de iniciativa legislativa para legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida en la Ciudad de México (CDMX), la cual será enviada al Congreso de la capital del país por la Asociación Libertad para Morir A.C.
Una propuesta de ley que busca regular la eutanasia y el suicidio asistido en Panamá fue presentada a principio de septiembre por un ciudadano ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El texto establece los requisitos y procedimientos necesarios para acceder a la prestación, así como las responsabilidades y derechos de los profesionales de la salud y los pacientes. El documento se está analizando en la Dirección de Asuntos Plenarios, instancia que deberá calificar la propuesta. De allí, deberá pasar a la Asesoría Técnica Legal de Comisiones, que es la que determinará si la iniciativa es viable o no. En caso de ser viable, el texto será devuelto a Participación Ciudadana, que lo convertirá en anteproyecto para luego remitirlo a la Comisión de Salud y ser finalmente debatido en plenaria de la Asamblea.
La Cámara de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de Eutanasia en octubre de 2022, pero desde entonces la tramitación del texto se estancó en el Senado. La legislatura se acabó el 15 de septiembre sin que se abriese el debate sobre el texto en la cámara alta: la propuesta tenía el respaldo del Frente Amplio, la coalición de izquierda uruguaya, pero dividía al oficialismo, a pesar de que el texto había sido presentado por un diputado del Partido Colorado que deplora el obstruccionismo fomentado por muchos de sus compañeros de partido. La decepción es infinita entre los activistas que impulsaron el debate social sobre la eutanasia.
Dying With Dignity Canada (DWDC), dos pacientes y un bufete de abogados han presentado un recurso judicial para garantizar la igualdad de las personas cuya afección subyacente es una enfermedad mental en la aplicación de la ley de muerte asistida. Argumentan que la continua exclusión refuerza el estigma y los prejuicios históricos contra las personas con enfermedades mentales y viola el artículo 15 de la Carta de los Derechos al discriminarles por el tipo de enfermedad que padecen. Recordamos que el gobierno prorrogó anteriormente la exclusión de las personas con enfermedad mental del acceso a la ayuda médica a morir hasta 2027. Por otra parte, asociaciones de personas con discapacidad y personas individuales han presentado ante el Tribunal Superior de Ontario un recurso contra la llamada ‘segunda vía’ de acceso a la ayuda médica a morir que permite el acceso a la prestación a las personas cuya muerte no es ‘razonablemente previsible’. Aducen que ‘actualmente existe una tendencia alarmante a que las personas con discapacidad soliciten asistencia médica para morir debido al aislamiento social, la pobreza o la falta de apoyo básico’.
Kenneth Law, de 58 años, es sospechoso de enviar cientos de paquetes que contenían sustancias letales a personas con tendencias suicidas. Está siendo procesado por 14 ‘asesinatos con premeditación’ -casos en los cuales la policía ha podido establecer el vínculo entre envío del producto y fallecimiento- y se enfrenta a la cadena perpetua. Fue detenido en mayo de 2023 cuando llevaba casi tres años vendiendo nitrito en varios sitios web. La policía canadiense estima que envió más de 1.200 paquetes a unos cuarenta países. Según su abogado la acusación no se sostiene porque vendió una sustancia que no estaba prohibida y se podía adquirir libremente hasta hace poco en Amazon.
«La cuestión de las solicitudes anticipadas de asistencia médica para morir es objeto de un amplio consenso en Quebec«, afirmó el ministro de Justicia de Quebec, Simon Jolin-Barrette, en un comunicado. El gobierno de la provincia, después de solicitar sin éxito durante meses al gobierno federal la autorización de aplicar la ley aprobada por su parlamento provincial que permitiría solicitar la ayuda médica a morir a través de directrices anticipadas, está decidido a aplicarla a partir de finales de octubre. El director de Procesos Penales y Criminales de la provincia se ha comprometido a instruir a los fiscales para que no abran investigaciones penales en caso de aplicación de la ley provincial, aunque la ley federal no autorice la solicitud de la prestación a través de Directrices anticipadas. Los profesionales sanitarios sin embargo están preocupados por la indefensión que pueda suponer la existencia de dos legislaciones diferentes, una a nivel provincial y otra a nivel federal.
En noviembre se celebran elecciones en Virginia Occidental, y los votantes deberán pronunciarse también sobre una enmienda encaminada a prohibir la ayuda médica a morir en la constitución del Estado. La enmienda dice textualmente: “Ninguna persona, médico o proveedor de atención médica en el estado de Virginia Occidental participará en la práctica del suicidio médicamente asistido, la eutanasia o la muerte por piedad de una persona,” y el texto concluye “nada de lo dispuesto en esta sección impide al Estado aplicar la pena capital”.
Una jueza federal se ha negado a eliminar el requisito de residencia en la ley de suicidio asistido por un médico de Nueva Jersey. La demanda había sido presentada por dos mujeres con enfermedad terminal, residentes en Delaware y Pensilvania respectivamente, apoyadas por la asociación Compassion and Choice.
El gobernador demócrata del Estado de Delaware ha vetado la ley de suicidio asistido aprobada por las dos cámaras. En su carta de veto expuso que siempre se ha opuesto a la legislación, aunque reconoció las “opiniones reflexivas” expresadas tanto por los partidarios como por los opositores. También señaló que la legislación fue aprobada tanto en la Cámara como en el Senado por un solo voto, una indicación, según él, de que el tema es divisivo y controvertido.
Una encuesta realizada este año mostró que el 70% de la población del Estado aprobaba la ayuda médica para morir. Sin embargo, el parlamento del Estado, de mayoría demócrata, acaba de rechazar por un solo voto un proyecto de ley de suicidio asistido. Se trataba de un proyecto muy garantista que exigía que el paciente, con un pronóstico de 6 meses o menos, tuviera que pasar por múltiples solicitudes y períodos de espera antes de obtener los medicamentos letales.
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