La asociación Derecho a Morir Dignamente denuncia deficiencias que impiden conocer la aplicación de la Ley de Eutanasia en la región. También critica el nuevo decreto de la Junta de Castilla y León sobre el documento de instrucciones previas, que considera una «norma nula».
Un total de 23 personas han fallecido por eutanasia en Castilla y León desde 2021 (cuando entró en vigor la ley que permite la prestación de ayuda para morir) hasta el 31 de diciembre de 2023, según el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación al que ha tenido acceso la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Durante ese tiempo, en la comunidad se han presentado 63 solicitudes de ayuda para morir. Por años, en 2021 se practicó una única eutanasia, diez durante 2022, doce en 2023, según ha detallado DMD en una rueda de prensa celebrada en Valladolid en la que han participado el médico y activista de DMD Fernando Sanz, la socia de DMD Cristina Miner y Judit González Barcina, hija de una persona que enferma de ELA que solicitó la eutanasia.
El informe de Comisión de Garantía y Evaluación de Castilla y León, al que ha tenido acceso DMD a través del Comisionado de Transparencia, presenta deficiencias que impiden conocer aspectos relevantes sobre la aplicación de la Ley de Eutanasia. Entre ellas, no es posible saber cuántas personas fallecen durante la tramitación ni la causa de su muerte, o cuánto tiempo se tarda en nombrar médico responsable alternativo cuando hay objeción de conciencia. Tampoco aporta información sobre los motivos de denegación de solicitudes, ni se detalla si las personas solicitantes viven en el medio rural o urbano, cuál es su nivel socioeconómico o el tipo de contexto eutanásico. Además, el informe no aporta datos sobre las prestaciones reconocidas y solicitadas por Instrucciones previas. “No queda claro dónde se producen las demoras que condicionan una duración de los procesos que nos parece inadmisible y que es urgente corregir”, afirma DMD.
En la rueda de prensa, la asociación también ha denunciado omisiones en el nuevo decreto de la Junta de Castilla y León, publicado el pasado 25 de noviembre, sobre el documento de instrucciones previas, también conocido como testamento vital. “Omisiones que, a nuestro juicio, hacen nula la norma”, según DMD. Entre ellas, que no se incluya la eutanasia entre el contenido que pueden tener las instrucciones previas. Además, se omite asignar a alguna unidad administrativa o centro la formalización del documento de instrucciones previas donde cualquier ciudadano puede dejar por escrito su voluntad sobre los cuidados y tratamientos cuando se produce un deterioro irreversible de su salud y llega un momento en el que no puede expresarse.
DMD tiene noticia de que la formalización del documento de instrucciones previas se hará por personal voluntario y se designará a personas concretas, con el riesgo de que la función deje de realizarse cuando esa persona termine de prestar servicios o deje de ser voluntaria. Además, la norma no contine ningún anexo y los modelos que la acompañan se han publicado en la web, lo que posibilita su modificación o su eliminación sin la tramitación de la correspondiente modificación del decreto del que deben ser parte. La asociación también critica el nuevo decreto porque no resuelve “las dificultades de registro actuales, con demoras de hasta 18 meses para formalizar las instrucciones previas, como ocurre en Burgos”, y con dificultades de acceso en el medio rural.
“El nuevo modelo de documento de instrucciones previas limita derechos de la ciudadanía y es confuso, lo que supone una posible fuente de problemas interpretativos cuando deba ser aplicado. Aunque la norma de la que parte este modelo omite la posibilidad de pedir la eutanasia, en el modelo se incluye esta opción, a la que basta decir sí, sin ninguna otra manifestación. Ni siquiera aconseja que se realice alguna precisión sobre el grado de deterioro cognitivo que la persona firmante considera incompatible con su dignidad, ni sobre el sufrimiento, que la administración exige como requisito para reconocer el derecho”, expone la asociación Derecho a Morir Dignamente, que cumple 40 años este 13 de diciembre.
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