Días después de que la presión social y mediática consiguiese que nuestra compañera Laura Fernández Abalde accediese a la realización de su eutanasia en 20 días, el consejero de Sanidad gallego, Antonio Gómez Caamaño, afirmó en el parlamento autonómico que en Galicia “no vamos a acelerar nada, ya que el procedimiento tiene unos límites legales y un plazo máximo legal de cuarenta días”.
El responsable de la sanidad gallega respondía a una pregunta de la diputada socialista Elena Espinosa, que recordó el caso de Laura Fernández para criticar los “retrasos de la Xunta a la hora de gestionar las peticiones para poner fin a la vida voluntariamente”. La diputada socialista pidió a la Xunta que “acelere las respuestas a las solicitudes de ayuda para morir, para que no siga pasando que haya un tercio de las personas que fallecen mientras se tramita la ayuda para morir”.
El consejero de Sanidad dijo que, en lo que va de año, en Galicia se registraron 34 solicitudes de eutanasia, de las que se practicaron 14, “es decir, el 41 por ciento”. Antonio Gómez añadió que “la mayor parte de las primeras solicitudes se realizan con el paciente en situación clínica muy deteriorada o en situación terminal; casos como el de un paciente que falleció tres días después de comenzar el proceso, o el de otros dos que fallecieron antes de los siete días, o cuatro que fallecieron a los quince días de presentar la segunda solicitud; en cualquiera de estos casos era legalmente imposible autorizar la eutanasia”. El responsable de la sanidad gallega repitió en varias ocasiones que la LORE era una ley muy garantista, de carácter estatal y que establece un plazo máximo de 40 días para resolver la petición, “y no se puede acelerar nada porque supondría generar una pérdida de garantías del procedimiento para paciente y sanitarios”.
La diputada interpelante dijo que no se puede permitir que en Galicia una de cada tres personas solicitantes de eutanasia fallezca antes de beneficiarse de la misma. Elena Espinosa instó a la Xunta de Galicia a activar el registro de médicos objetores, a evitar la desigualdad con otras comunidades y entre las propias áreas sanitarias gallegas y a designar con más rapidez los médicos responsables. La parlamentaria socialista denunció también la situación laboral de los profesionales sanitarios que intervienen en el proceso eutanásico, así como la escasa difusión oficial del derecho a la eutanasia.
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