La ley que regulará en Francia la ayuda a morir y la Ley de Cuidados Paliativos se debatirán conjuntamente en el parlamento a partir del 27 de mayo. El debate en el sector sanitario y entre los políticos sigue siendo intenso. Frente a la oposición total de la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos, un centenar de sanitarios han firmado un manifiesto a favor de la ayuda a morir, y el ministro del Interior por su parte se ha posicionado francamente en contra. Las enmiendas en comisión han introducido la posibilidad para el paciente de elegir entre suicidio asistido y eutanasia, eliminando la «excepción de eutanasia» planteada como posible en el proyecto inicial únicamente en caso de incapacidad física del paciente a autoadministrarse el producto. Este cambio ha provocado la furia de los que piensan que la intervención de un médico en el gesto último representa una «ruptura antropológica«.
El pasado 18 de abril, la Asociación Neerlandesa por la Muerte Voluntaria (NVVE) convocó en Amsterdam, junto con la Asociación Humanista, una jornada bajo el título de Gran Conversación sobre la Vida Completa, a través de numerosas intervenciones en los medios y colocando vallas publicitarias en varios puntos de la ciudad con textos como ‘Es suficiente’ y ‘¿Qué pasaría si sintieras tu vida completa?’. La Gran Conversación sobre la Vida Completa es una acción destinada a estimular el debate social y la reflexión sobre la posibilidad de ir más allá de la Ley de eutanasia de 2002. En una encuesta de opinión encargada por la asociación, el 72% de las personas interrogadas opinaba que se debería avanzar hacia la autodeterminación al final de la vida.
Los médicos se muestran reacios a responder a las solicitudes de eutanasia de personas diagnosticadas con demencia porque temen ser procesados si no cumplen todos los «requisitos de atención debida» definidos en la Ley de Eutanasia de Países Bajos. El pequeño partido liberal, impulsor del proyecto de ley sobre vida cumplida registrado en el parlamento, prepara otro proyecto de ley para eliminar la eutanasia del derecho penal: los médicos serían juzgados únicamente según el código disciplinario profesional, como ocurre con otros errores médicos.
A petición del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) y de la Defensora del Pueblo, el Tribunal Constitucional portugués ha realizado una revisión de la Ley de Eutanasia aprobada en 2023. El tribunal declara que la mayor parte del texto se ajusta al texto fundamental de la Constitución, con excepción de seis puntos, y devuelve la pelota al Parlamento para subsanarlos: «la muerte asistida, por principio, es un problema político, y corresponde al legislador, en ejercicio de su legitimidad democrática, arbitrar la tensión perenne entre valores constitucionales de sentido opuesto en este ámbito de la vida caracterizado por un disenso persistente y razonable entre los ciudadanos». En consecuencia, la viabilidad de esta ley depende ahora de la composición del Parlamento que se constituirá después de las elecciones legislativas del 18 de mayo y del gobierno resultante responsable de la reglamentación de la ley. Hasta ahora están teniendo éxito los procedimientos dilatorios contra la entrada en vigor de esta ley que ya anteriormente había sido devuelta tres veces al Parlamento, una vez por el presidente de la República y dos veces por el Tribunal Constitucional.
El proyecto de ley de muerte asistida debatido en el parlamento de Westminster ha seguido su tramitación en comisión durante el mes de abril. Uno de los puntos en discusión era el plazo de implementación de la ley una vez aprobada: se consiguió reducir los cuatro años previstos inicialmente a tres. La votación en tercera lectura en plenaria, prevista inicialmente para el 25 de abril, se ha retrasado finalmente al 16 de mayo, después de las elecciones locales. En segunda lectura el pasado mes de noviembre, el proyecto de ley se aprobó con una mayoría de 55 votos. Mientras debaten los políticos, el número de británicos registrados en Dignitas ha crecido un 50% en los últimos cinco años. Según las cifras comunicadas por la asociación suiza, en 2024 tenía 2.231 miembros británicos, y 37 habían fallecido en sus instalaciones.
Un grupo de 22 pacientes, organizados a través de la asociación Rätten till en värdig död (Derecho a Morir Dignamente), preparan una demanda colectiva para que la Junta Nacional de Salud y Bienestar desarrolle protocolos de muerte asistida. Al mismo tiempo, se están preparando para llevar su causa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea: alegan que el suicidio asistido no es ilegal en Suecia; sin embargo, un médico que realice esta prestación puede perder su licencia, ya que se considera una violación de la Ley de Seguridad del Paciente y de las normas éticas de la Asociación Médica.
Una encuesta de opinión promovida por la asociación muestra que las cosas están cambiando, en particular en el ámbito sanitario: aproximadamente el 80% de las personas interrogadas están a favor de una regulación de la muerte asistida, un 64% entre los profesionales médicos y un 82% entre el personal de enfermería. Varios casos de pacientes en fase avanzada de enfermedades degenerativas publicados en los medios contribuyen a sensibilizar la opinión sobre la cuestión. El mayor obstáculo parece proceder del mundo político: sólo el Partido del Centro, el Partido Liberal y el Partido Verde se han declarado a favor de crear una comisión parlamentaria para explorar la posibilidad de regular la muerte asistida.
El proyecto de ley de eutanasia que se va a tramitar en el parlamento es similar al que frenó el Senado en la anterior legislatura. Los partidos favorables a la ley, mayoritarios en esta nueva legislatura, quieren acelerar los trámites, aprovechando las audiciones de expertos realizadas anteriormente. El objetivo de los diputados es tratar de aprobar el texto en el primer semestre del año o, al menos, antes de que ingrese el proyecto de ley de presupuesto a finales de agosto. La idea es que el Senado apruebe el proyecto de ley antes de fin de año. En esta legislatura, el equilibrio de fuerzas en las dos cámaras parece favorable para que se apruebe la Ley de Eutanasia.
En un informe del 21 de marzo, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad instó a Canadá a derogar su legislación sobre ayuda médica para morir para los llamados pacientes de «Vía 2» (Track 2 en inglés): aquellas personas cuya condición no es terminal y sin pronóstico vital limitado. Critican que permita ofrecer la ayuda médica a morir a las personas con discapacidad en lugar de brindarles el apoyo que necesitan para participar en la sociedad. El informe sugiere que el Estado les falla en atención médica, vivienda y servicios sociales, y que no están recibiendo el apoyo adecuado en materia de bienestar social y salud mental.
Anteriormente, este comité también había propuesto que el gobierno federal no regule el acceso a la ayuda médica para morir a través de directrices anticipadas, y renuncie a ampliar en 2027 la accesibilidad a la ayuda médica para morir para pacientes con enfermedad mental. En el mismo momento, una encuesta nacional realizada para DWDC (Morir Con Dignidad Canadá) confirma que un 85% de la ciudadanía apoya la legalización de la ayuda médica para morir en Canadá; un 84% apoya las solicitudes anticipadas de ayuda médica para morir para personas con un diagnóstico de enfermedad grave e irremediable, y el 72% apoya las solicitudes anticipadas sin un diagnóstico grave e irremediable.
La Asociación Médica Australiana declara en sus posicionamientos para 2025 que los médicos tienen el deber ético de brindar a sus pacientes una atención de calidad al final de la vida que busque aliviar el dolor y el sufrimiento, respalde los valores y preferencias de atención de cada persona y les permita alcanzar la mejor calidad de vida posible. Esta declaración sirve para apoyar tanto a los médicos y pacientes que deciden participar, como a quienes deciden no participar, en los servicios de Muerte Voluntaria Asistida, legales en todos los estados y territorios australianos con excepción del Territorio del Norte. La asociación pide también al próximo gobierno federal que modifique la legislación para que los médicos puedan brindar servicios de muerte asistida voluntaria en Australia a través de la telesalud.
La mayoría de los taiwaneses apoya la muerte asistida por un médico en casos de enfermedad terminal, dolor físico prolongado y deterioro cognitivo grave, según un estudio de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Nacional de Taiwán.
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