El Tribunal Federal de Justicia ha confirmado la condena a tres años de cárcel al médico Johann F. Spittler por haber prestado ayuda al suicidio a un hombre de 42 años que sufría de esquizofrenia. La sentencia estima que la persona que solicitó la ayuda al suicidio, dada su condición médica, no tenía la capacidad de tomar decisiones. En Alemania, en principio no está prohibido ayudar a una persona con problemas psíquicos a suicidarse. Sin embargo, la persona que solicita esta ayuda debe tener la capacidad de tomar libremente decisiones. Si, según una evaluación psiquiátrica, el que solicita la ayuda al suicidio no tiene capacidad de comprensión y de libre decisión, la persona que proporciona la ayuda es acusado de homicidio y puede ser condenada a penas de uno a diez años de prisión.
El desconocimiento de la Ley de Directrices de muerte y suicidio asistido vigente desde 2022 en Austria, provocado por la prohibición de hacer “publicidad” de la prestación, conduce a situaciones aberrantes. El defensor del pueblo recoge un caso en que la policía y los servicios de emergencia, totalmente ignorantes de la existencia de esta ley, intentaron reanimar a una mujer que había conseguido el producto letal legalmente. El defensor del pueblo reclama la elaboración de normas claras y a informar debidamente a todos los servicios de la existencia de este derecho.
El 27 de mayo, la Cámara de los Diputados aprobó en primera lectura por unanimidad una Ley de Cuidados Paliativos, y por 305 votos a favor y 199 en contra, el proyecto de ley relativa al derecho a la ayuda a morir. Este último texto recibió el apoyo de todo el bloque de la izquierda y del centro macronista, mientras que recibió el rechazo de la derecha conservadora, aunque con excepciones, ya que los grupos políticos dieron libertad de voto a sus diputados.
Si se aprueba definitivamente, esta ley permitirá en Francia el acceso a la ayuda a morir a pacientes mayores de edad con afección grave o incurable en fase avanzada o terminal, que padezcan sufrimientos insoportables y puedan expresar su voluntad libremente hasta el mismo día de su aplicación. Excluye la enfermedad mental y el acceso a la prestación a través de un testamento vital. Los plazos definidos para el procedimiento son cortos: 15 días entre la solicitud de ayuda a morir y la respuesta del médico, más dos días de reflexión antes de la realización de la prestación. La autoadministración es el procedimiento por defecto; la eutanasia solo se aplicará si el paciente no tiene la capacidad física de tomar por sí mismo el producto letal.
Queda un recorrido parlamentario largo para la aprobación definitiva de la ley. A partir de ahora, el texto pasará al Senado (mayoritariamente de derechas), donde se debatirá posiblemente este otoño. Si se introducen enmiendas, lo que es probable, volverá a la Asamblea para una segunda lectura, antes de ser enviada de nuevo al Senado. Si las dos cámaras son incapaces de llegar a un acuerdo, el Gobierno podrá convocar una comisión mixta de siete diputados y siete senadores, que se encargará de alcanzar un compromiso. En caso de bloqueo parlamentario, el presidente Macron ha evocado la posibilidad de convocar un referéndum. El reto es que esta ley de ayuda a morir sea definitivamente aprobada antes del final del mandato de Macron en abril de 2027.
A pesar de las declaraciones alarmadas de los colegios y grandes asociaciones médicas, una encuesta realizada a mediados de mayo revela que el 73% de los médicos aceptan, sin tener un rol activo en el momento de la prestación, apoyar a un paciente que solicita ayuda para morir. El apoyo es aún más pronunciado entre las mujeres médicas (79% de opiniones favorables) que entre los hombres médicos (70%). Aunque tanto los médicos privados como los que ejercen en hospitales apoyan esta legalización, la aprobación es mayor entre los primeros (81%) que entre los segundos (69%).
El gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado que impugnará la ley Liberi Subito aprobada en Toscana -la primera en Italia-, que regula las condiciones de acceso a la muerte asistida, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que permitía el acceso a la prestación para persona con una enfermedad grave e incurable dependiente de medidas de soporte vital. En una sentencia reciente, al Tribunal precisa que el requisito de dependencia de medida de soporte vital debe considerarse como cumplido, aunque la persona enferma haya rechazado la medida. Por otra parte, el Constitucional insta una vez más al parlamento a legislar.
El Centro de Expertos de la Eutanasia -Expertisecentrum Euthanasie (EE) en neerlandés- constata, en su informe anual de 2024, que cada vez hay más profesionales sanitarios que gestionan ellos mismos solicitudes complejas de eutanasia. “Nuestra proporción de casos con diagnósticos de demencia y acumulación de quejas relacionadas con la vejez ha disminuido durante el último año”. El centro asesora a los médicos que asumen estos casos. En 2024, asesoró a 587 médicos, contra 517 en 2023.
Paralelamente a la realización de cursos de capacitación, conferencias y sesiones de coaching para médicos, el Centro sigue asumiendo el tratamiento de las solicitudes de eutanasia de pacientes que no encuentran médico dispuestos: en 2024, EE recibió 4.782 solicitudes directas de asistencia, de las cuales 1.412 fueron concedidas. Desde su creación en 2012, cuando se llamaba Clínica del Final de la Vida, el número de solicitudes concedidas ha fluctuado en torno al treinta por ciento.
El Proyecto de Ley de Muerte Asistida para Adultos con Enfermedades Terminales de Escocia ha sido admitido a trámite por 70 votos a favor y 56 en contra en el parlamento escocés y pasa ahora a la fase de enmiendas en comisión. El texto aprobado en esta primera fase de la tramitación ofrece la posibilidad de solicitar ayuda para morir a los pacientes terminales de más de 16 años que hayan vivido en Escocia durante al menos 12 meses y estén registrados con un médico de cabecera en la región. Dos médicos deberán certificar de forma independiente que la persona padece una enfermedad terminal, que tiene la capacidad para solicitar el suicidio asistido, así como para tomar por sí misma el medicamento letal.
El Proyecto de Ley sobre el Final de la Vida de los Enfermos Terminales está en proceso de enmiendas en comisión en el Parlamento de Westminster. Una sesión programada para el 13 de junio completará esta fase y estará seguida por un debate final en los Comunes la semana siguiente previsiblemente. El proyecto pasará entonces a la Cámara de los Lores, históricamente siempre más favorable al tema..
En los últimos seis meses se ha abierto el debate sobre la muerte asistida en Suecia alrededor del caso mediatizado de una paciente con una enfermedad muscular incurable que provoca graves discapacidades funcionales y dolores constantes (LGMD 2A). La Junta Nacional de Salud y Bienestar y el Tribunal Supremo han rechazado la solicitud de muerte asistida de esta persona. Apoyada por la RTVD (la DMD sueca), la paciente ha presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, RTVD espera que el Partido Socialdemócrata, hasta ahora mudo sobre la muerte asistida, cambie de posición en su próximo congreso.
René Osterwalder, uno de los criminales más conocidos del país, se benefició del suicidio asistido. Las personas condenadas no pierden todos sus derechos. «Los derechos fundamentales también son válidos en prisión. Por lo tanto, una persona detenida puede ejercer su derecho a la autodeterminación y contactar con una asociación de ayuda al suicidio, igual que cualquier persona en libertad», explicó Benjamin Brägger, experto en prisiones. El suicidio asistido se realizó a través de Exit Deutsche Schweiz.
Ya existe un nuevo centro de muerte voluntaria asistida en Suiza que acoge a pacientes extranjeros. Se llama Athanasios y tiene su sede en Basilea. Se rumorea que su presidente es Flemming Scholaart, del movimiento danés por el derecho a morir dignamente.
El diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic presentó en 2014 un proyecto para legalizar la eutanasia en Chile. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2021, pero desde entonces permanece congelada en el Senado. Para Mirosevic la responsabilidad recae en la ministra de Salud, Ximena Aguilera. A juicio de la ministra, no hay motivos para acelerar el trámite del proyecto pese al respaldo del Ejecutivo, al apoyo mayoritario de la ciudadanía y a una mayoría favorable en el Senado. En la reciente encuesta nacional de opinión pública donde se preguntó por la eutanasia, solo el 11% de los chilenos se declaró en contra de la ley.
El parlamento uruguayo ha retomado el debate sobre el proyecto de ley de eutanasia en el punto en que quedó en la legislatura pasada. El texto está ahora examinado en comisión de salud. Una encuesta reciente muestra que el 62% de los 1.100 interrogados están a favor de la legalización de la eutanasia, mientras que un 24% están en desacuerdo y un 14% no sabe qué contestar. Las cifras son distintas cuando se diferencian los niveles socioeconómicos y educativos de los encuestados: la aprobación a la eutanasia por las personas con un nivel socioeconómico bajo alcanza el 56%, mientras que en el nivel alto llega al 76%. Solo cuatro de cada diez personas que tienen educación primaria están a favor de la medida y tres de cada cuatro entre las personas con nivel universitario. En el parlamento, la mayoría de los legisladores del Frente Amplio estaría a favor y gran parte de la oposición estaría en contra. Los votantes de los tres partidos mayoritarios son partidarios de la ley.
Canadá legalizó la eutanasia hace casi diez años en respuesta a la sentencia Carter vs Canadá del Tribunal Supremo en 2015. Esta sentencia lleva el nombre de Kay Carter, la enferma de estenosis espinal que reclamó en los tribunales su derecho a recibir ayuda para morir. Kay murió finalmente en Suiza, en las instalaciones de Dignitas, acompañada por sus hijos que fueron autorizados a llevar su demanda ante el Tribunal Supremo. Hoy es su hijo, gravemente enfermo, que solicita la eutanasia.
El gobernador demócrata de Delaware, Matt Meyer, firmó el pasado mes de mayo el proyecto de ley, aprobado por el parlamento del Estado, que legaliza el suicidio asistido por un médico para pacientes terminales, argumentando que la medida se basa en «la compasión, la dignidad y el respeto a la elección personal». La Ley de Opciones al Final de la Vida, que entrará en vigor el año próximo, permite a los adultos mentalmente capaces a quienes se les ha diagnosticado una enfermedad terminal y se les ha dado seis meses o menos de vida solicitar una receta para autoadministrarse un producto letal.
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