En la anterior legislatura se presentaron en Alemania tres proyectos de ley de muerte asistida distintos y ninguno fue aprobado. Lars Castellucci impulsó entonces el proyecto más restrictivo. Ahora está liderando la organización de un grupo de trabajo multipartidista en el parlamento para estudiar la regulación del suicidio asistido. La intención es aprobar una ley en esta legislatura. El grupo ha tenido ya una primera reunión. Los principales puntos a debate son -según declaraciones a la prensa-, la obligatoriedad de asesoramiento, la implantación de períodos obligatorios de espera y el papel de los médicos en los procedimientos de suicidio asistido.
Por primera vez en Alemania, un médico deberá cumplir una condena de tres años de prisión por asistencia al suicidio. En febrero de 2024, Johann Spittler, un médico de 83 años especialista en neurología y psiquiatría, fue condenado por el Tribunal Regional de Essen a tres años de prisión por asistencia al suicidio de una persona diagnosticada de esquizofrenia aguda en 2020. El Tribunal Constitucional acaba de rechazar el recurso de amparo presentado por el médico.
El parlamento de Chipre ha aplazado a 2026 los debates sobre un proyecto de ley de eutanasia para pacientes con un pronóstico inferior a seis meses, después de que el Comité de Derechos Humanos decidiera priorizar la legislación sobre cuidados paliativos. El intenso debate puso de relieve las divisiones entre los partidos políticos y asociaciones profesionales y ciudadanas.
La Asamblea Nacional de Eslovenia ha aprobado la Ley de Terminación Voluntaria Asistida de la Vida con 50 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, pero fue inmediatamente vetada (en una votación de 20 a 9) por el Consejo Nacional, un organismo regulador que agrupa a altos funcionarios que supervisan las políticas sociales, económicas y locales. La ley fue devuelta al parlamento, que la volvió a agendar una semana más tarde. Necesitaba 46 votos a favor para su aprobación definitiva: 50 de los 90 parlamentarios votaron a favor y diez en contra, mientras el resto se ausentaron o se abstuvieron. La ley otorga a un paciente adulto con capacidad de decisión el derecho a terminar voluntariamente con su vida en caso de padecer un sufrimiento insoportable debido a una enfermedad grave e incurable u otro deterioro permanente de la salud. Las opciones de tratamiento deberán agotarse. Se podrá recurrir al suicidio asistido también en caso de no existir una expectativa razonable de recuperación o mejoría. Este derecho no estará disponible si el sufrimiento insoportable deriva de una enfermedad mental.
El Senado examinará los proyectos de ley sobre el final de la vida -cuidados paliativos y muerte asistida- a partir del 7 de octubre. La conferencia de presidentes del Senado, que fija la agenda, ha reservado dos semanas para examinar estos dos textos, que serán objeto de una discusión general conjunta y una votación formal final prevista para el 21 de octubre a las 14.30 horas. Éste será solo un paso más en un largo viaje parlamentario, ya que serán necesarias dos lecturas en cada cámara antes de que pueda completarse esta importante reforma social, iniciada en 2022.
El diario Le Monde ha publicado una interesante tribuna redactada por una periodista con experiencia de voluntariado en servicios de cuidados paliativos. Participó también en grupos de reflexión sobre el final de la vida. Aprovechó una invitación a una conferencia en Bélgica, para ver con sus propios ojos lo que está sucediendo allí y su experiencia desmonta todos los bulos que circulan en Francia sobre la situación en el país vecino: concluye que en Bélgica “no existe ningún tabú en torno a la eutanasia. Incluso en lugares que no la favorecen, se habla de ella. El diálogo es posible, respetuoso”. Define el modelo belga como «un modelo mejorable, pero viable, pacífico. Y, sobre todo, humano».
El gobierno de Giorgia Meloni ha presentado en el parlamento un proyecto de ley sobre muerte asistida sumamente restrictivo: excluye a las personas que necesiten de cuidadores o familiares para su vida diaria; establece plazos tan largos que, en la práctica, deniegan la muerte asistida a pacientes terminales; no incluye la prestación en la cartera del servicio nacional de salud y confía las decisiones a un organismo nombrado por decreto por el gobierno y el poder judicial. Frente a este atropello, la asociación Luca Coscioni ha presentado ante el Tribunal de Casación un proyecto de ley de iniciativa popular que ha recogido más de las 50.000 firmas. «Solicitamos a Italia la oportunidad, mediante la firma ciudadana, de proponer al parlamento una ley que regule el acceso a todas las opciones para el final de la vida», explicó Filomena Gallo, secretaria nacional de la asociación. “Este proyecto permite el acceso al suicidio médicamente asistido y también a la eutanasia activa». Por otra parte, el Gobierno de Italia ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada en la región de Toscana que regula el suicidio asistido conforme a las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional en 2019, es decir, para las personas dependientes de tratamientos de soporte vital. A mediados de junio, en Florencia se realizó la primera asistencia al suicidio en el marco de esta ley regional. En toda Italia, al amparo de la sentencia del Constitucional, se han realizado a día de hoy nueve ayudas a morir legales. La última, la de la periodista Laura Santi, que ha dejado una vibrante llamada a favor de una ley que respete la autonomía de los pacientes.
La Cámara de Representantes de Países Bajos debatió en junio una moción presentada por la diputada del partido democristiano NSC Ria de Korte que proponía prohibir temporalmente la eutanasia para menores de 30 años con trastornos psiquiátricos, aduciendo el aumento paulatino de las eutanasias en este rango de población. La moción reclamaba un límite de edad a partir del cual se pueda solicitar la eutanasia. Su principal argumento era la dificultad para determinar si el sufrimiento de los jóvenes es realmente desesperado y sin alivio posible, lo cual es un requisito legal para la eutanasia. La moción fue rechazada, pero se aprobó otra moción para financiar durante un año la plataforma de conocimiento Tha Net, cuyo objetivo es mejorar la atención a las personas con un deseo persistente de morir debido a una enfermedad mental. Tal y como está formulada esta moción, provocó el rechazo tanto de la asociación proeutanasia NVVE como del Colegio de Médicos KNMG y la Asociación de Psiquiatras NVvP.
La Ley de Muerte Asistida se aprobó en 2023 pero no entró en vigor porque nunca se redactó el reglamento de aplicación, y el Tribunal Constitucional, respondiendo favorablemente a solicitudes de revisión, declaró necesarias una serie de modificaciones. Pero la derecha es ahora mayoritaria en el parlamento, mientras los partidos a favor de la despenalización de la muerte médicamente asistida no cuentan con suficientes representantes para aprobar una nueva versión del texto. En el nuevo marco parlamentario, Alianza Democrática, de ideología democristiana, y la ultraderecha de Chega, que se opone rotundamente, cuentan con una clara mayoría.
La Cámara de los Comunes del parlamento británico aprobó a finales de junio, por un estrecho margen de 23 votos (314 contra 291), la legalización de la muerte asistida para enfermos terminales en Inglaterra y Gales. Según el Terminal Ill Adults (End of life) Bill (Proyecto de ley sobre enfermos terminales (final de la vida), dos médicos independientes deben evaluar al paciente mientras un panel compuesto por un trabajador social, un jurista y un psiquiatra toman la decisión final. El paciente deberá autoadministrarse el producto letal. En los siete meses transcurridos desde que la Cámara de los Comunes debatió el proyecto de ley por primera vez, el margen de apoyo al texto se ha reducido a más de la mitad, hasta el punto de que ahora ha perdido su mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de los Lores. En una clara injerencia en asuntos internos de otro país, la Casa Blanca de Estados Unidos ha condenado inmediatamente el proyecto de ley. «Mientras el Parlamento del Reino Unido considera apoyar el suicidio subsidiado por el Estado, eufemísticamente llamado proyecto de ley para ‘adultos con enfermedades terminales’, Estados Unidos reafirma la santidad de la vida«, declararon desde la residencia oficial del presidente Donald Trump, añadiendo que «el mundo occidental debe defender la vida, la vitalidad y la esperanza por encima de la rendición y la muerte«.
El proyecto de ley de muerte asistida presentado por el gobierno de la isla británcia de Jersey se someterá a votación el próximo 9 de diciembre, después de 14 semanas de debates en la cámara. En caso de aprobarse, se estima que entraría en vigor en 2027. En mayo de 2024, los parlamentarios de la isla respaldaron trabajar sobre un proyecto de ley de muerte asistida por 32 votos contra 14. Según el texto presentado por el gobierno de la isla, un territorio británico frente a las costas francesas, las personas mayores de 18 años con más de un año de residencia que padecen una enfermedad en su etapa terminal podrían acceder a la muerte médicamente asistida en caso de tener un pronóstico de vida inferior a seis meses (doce meses en caso de enfermedad neurodegenerativa).
Las estadísticas muestran que los suicidios entre las personas mayores se han cuadruplicado desde 1998 en Suiza, donde cada vez más personas recurren al suicidio asistido cuando llegan a una edad avanzada: en 2023, el 80% de los suicidios entre personas de 65 a 84 años recibieron asistencia y esta tasa asciende al 90% entre los mayores de 85 años. Frente a unas estadísticas que a menudo no separan suicidios violentos de suicidios asistidos, las asociaciones puntualizan. «Los suicidios racionales son diferentes”, explica Jean-Jacques Bise, copresidente de la asociación Exit-Suiza francófona. “No hay que confundir un suicidio patólogico, en una situación desesperada, con un suicidio asistido”. Un hecho notable: en los últimos 25 años, el aumento de las tasas de suicidio se ha visto impulsado por el suicidio asistido de mujeres, quienes antes rara vez se quitaban la vida. Por otra parte, el envejecimiento de la población y el aumento de casos de demencia, empujan a Exit a reclamar un cambio legal y permitir el acceso a la prestación con instrucciones previas, lo que actualmente es imposible.
El suicidio asistido debería estar regulado con mayor rigor en Suiza, según la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Estados, que ha presentado una moción a favor de la elaboración de un marco legal que regule los requisitos de acceso al suicidio asistido y el procedimiento para realizar la prestación. Otra moción propone el establecimiento de un sistema de seguimiento. El Consejo de Estados tomará en consideración ambas mociones durante el periodo de sesiones de otoño.
Athanasios es una nueva asociación de asistencia al suicidio en Suiza que acoge a extranjeros, con instalaciones en la región de Basilea. En su página web define su filosofía: “Las regulaciones legales suelen ser restrictivas y a muchas personas se les niega el acceso a la muerte asistida. Queremos cerrar esta brecha. Nuestro objetivo es brindar a todas las personas un apoyo digno y ético que respete su libertad de elección. Ponemos especial énfasis en comprender la situación única de cada individuo y actuar conforme a los más altos principios éticos. Acompañamos no solo a personas con enfermedades incurables, sino también a personas mayores y parejas que desean recorrer juntos su último camino, ofreciéndoles una solución respetuosa y solidaria”. Manejan numerosos idiomas, en particular el español. Sus directivos han trabajado anteriormente con Life Circle y Pegasos.
Un pequeño grupo de abogados, periodistas, médicos y artistas ha fundado a finales de mayo la asociación Eudecido (Yo decido), la primera asociación de muerte digna en Brasil. La asociación reivindica “el derecho a la muerte asistida para cualquier persona mayor de 18 años, capaz y competente para tomar decisiones, que sufra de una manera que considere insoportable debido a una enfermedad terminal o incurable, una discapacidad grave o irreversible, o el sufrimiento derivado del envejecimiento avanzado”. Están creando un sitio web y empiezan a actuar en las redes sociales.
El Gobierno ha puesto ‘urgencia inmediata’ a un proyecto de ley de eutanasia que duerme en el Congreso desde el año 2011 y que ha sido reformulado varias veces. La regulación de la eutanasia estaba en el programa de gobierno de Gabriel Boric, que quiere cumplir con sus electores antes de las elecciones presidenciales de noviembre próximo. El proyecto, básicamente, crea el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica para morir en caso de enfermedad terminal e incurable o de enfermedad, dolencia o disminución avanzada e irreversible de las capacidades que provoque sufrimientos físicos persistentes e intolerables que no pueden ser aliviados en condiciones que el paciente considere aceptables. En su última versión, se ha eliminado la posibilidad de objeción de conciencia institucional, se exigen dos solicitudes en un plazo de 15 días y se crea un comité evaluador para supervisar cada proceso. Según una encuesta reciente, un 70,9% de la población aprueba la eutanasia.
¿Secretismo sobre las cifras de la eutanasia en Colombia? El Ministerio de Salud no actualiza las estadísticas sobre el procedimiento. “Siempre hemos tenido problemas en el acceso a la información, pero este año hemos percibido un manto de secretismo sobre los procedimientos. El Ministerio no ha contestado a tiempo y han dicho que la información es reservada”, contó Lucas Correa de Desclab, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se declare las estadísticas sobre el acceso a la muerte digna como un asunto de salud pública, e inste al Ministerio de Salud a entregar información al respecto. Por otra parte, varias organizaciones civiles solicitaron al Ministerio de Salud de Colombia suspender un proyecto de resolución que, según denunciaron en un comunicado, representa un «grave retroceso» en el derecho a morir dignamente. Las organizaciones firmantes, entre ellas DescLAB y la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD), advierten que la nueva reglamentación «desconoce la jurisprudencia constitucional, impone barreras regresivas y fue elaborada sin diálogo con la sociedad civil». Entre los principales cuestionamientos está la omisión de la asistencia médica al suicidio —despenalizada en 2022 por la Corte Constitucional— y la transformación del concepto de sufrimiento de una experiencia subjetiva a una «valoración clínica objetiva». También critican la restricción del concepto de enfermedad grave, la exigencia de agotar tratamientos antes de acceder a la eutanasia, la falta de regulación para el consentimiento sustituto y la obligación de reiterar la voluntad del paciente en etapas finales.
Carlos Ortuño, víctima de un intento de asesinato, busca recibir la eutanasia a sus 38 años, debido a que padece un complejo cuadro de cuadriplejía con un 98% de discapacidad. En Ecuador la eutanasia fue despenalizada el 7 de febrero de 2024, tras una histórica sentencia de la Corte Constitucional. Hasta la fecha solo una persona ha logrado recibir la eutanasia en territorio ecuatoriano.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el 16 de julio el proyecto de ley de eutanasia. La iniciativa, presentada por el Frente Amplio durante esta legislatura, se debatirá el próximo 5 de agosto en el pleno de la Cámara baja donde el oficialismo no tiene mayoría. Si se aprueba en esa instancia, el texto pasará a la Comisión de Salud del Senado. Tendrán derecho a la eutanasia todas las personas mayores de edad “psíquicamente aptas” que “cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”. También aquellas que, como “consecuencia” de dichas condiciones de salud, “padezcan sufrimientos que les resulten insoportables”. “En todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.
El Senado del Estado de Nueva York aprobó el 10 de junio la ley de muerte asistida (Medical Aid in Dying Act) aprobada por la Cámara Baja a finales de abril. Está ahora a la espera de la firma de la gobernadora del Estado para entrar en vigor. Permitiría que las personas con una enfermedad incurable puedan obtener fármacos para terminar con su vida si los solicitan y obtienen la aprobación de dos médicos. Requiere que una persona que padece una enfermedad terminal con un pronóstico inferior a seis meses solicite los medicamentos por escrito. Dos testigos tendrían que firmar la solicitud para asegurar que el paciente no esté siendo coaccionado. Posteriormente la solicitud tendría que ser aprobada por el médico tratante, así como por un médico asesor.
Comparte este artículo