“Lo que no se conoce, no se demanda”, dijo en el parlamento gallego la diputada nacionalista Montse Prado, en referencia a la escasa información y difusión que la Xunta de Galicia hace del derecho a una muerte digna, contemplado en la ley estatal de regulación de la eutanasia. La representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG) lleva a la comisión de Sanidad de la cámara gallega las reivindicaciones formuladas en una reunión previa por la dirección de DMD Galicia.
Montse Prado afirmó que “si la ley no se cumple, es solo papel mojado, y mientras no se fomente un conocimiento adecuado de la legislación y no se pongan los recursos necesarios, miles de gallegos y gallegas siguen sin poder ejercitar el derecho fundamental a tener una muerte digna”. La diputada nacionalista le pidió a la Xunta de Galicia que “abandone la resistencia pasiva” y facilite la información y difusión necesaria sobre el testamento vital.
La representante del Bloque denunció también la desigual distribución de las unidades habilitadas para formalizar el documento de instrucciones previas, la mayor parte de ellas en las provincias de A Coruña y Pontevedra, y los retrasos de hasta un año en la incorporación del Documento de Instrucciones Previas (también conocido como testamento vital) a la historia clínica de las personas.
Prado recordó los datos facilitados por la DMD Galicia sobre la inscripción de los Documento de Instrucciones Previas en el registro, según los cuales, a 31 de diciembre de 2024, sólo 20.104 personas tenían inscrito su documento de instrucciones previas en el registro, “lo que representa apenas el 7 por mil habitantes, una de las tasas más bajas del Estado”. Montse Prado manifestó en la comisión parlamentaria que la Xunta tiene que aumentar el número de lugares donde registrar los documentos, dotándolos de suficiente personal habilitado, de forma que haya personal sanitario dedicado íntegramente a estos trabajos. Por último, la diputada nacionalista exigió que se conozca el número de profesionales sanitarios objetores a la práctica de la muerte digna.
Por parte del gobierno gallego respondió Natalia Lobato, secretaria general técnica de la Consellería de Sanidade, quien aseguró que la Xunta era consciente de la necesidad de difundir la legislación sobre la muerte digna, y de agilizar la inclusión del documento de instrucciones previas en la historia clínica del paciente. Lobato defendió la actuación de su departamento, señalando que de las seis unidades iniciales de registro se había pasado a 92, y de los 20 profesionales habilitados inicialmente a más de 110 en la actualidad.
La secretaria general técnica de Sanidade afirmó que se estaba dando la información y formación necesaria, añadiendo que el número de documentos de instrucciones previas registrados está subiendo mucho, pasando de 1.547 en 2021, 1663 en 2022, 2.407 en 2023 hasta los 2.887 de 2024, “el 80 por ciento de los cuales se formalizaron ante funcionarios habilitados”. Natalia Lobato no facilitó cifras sobre el retraso de hasta un año para la inscripción de los Documento de Instrucciones Previas en la historia clínica, pero sí señaló que “no hay demora para las inscripciones de documentos de personas que lo necesitan con urgencia”.
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