El pasado 19 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha confirmado la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación que reconoce que Noelia, la joven de Barcelona que tiene paralizada su eutanasia desde hace más de un año, cumple todos los requisitos legales para acceder a la prestación de ayuda para morir conforme a la ley: es una persona competente, capaz de decidir de forma autónoma y sufre un sufrimiento grave e intolerable.
Sin embargo, la suspensión cautelar de su eutanasia decretada inicialmente por el Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona sigue en vigor hasta que la sentencia sea firme. Esto significa que, a pesar de tener la razón reconocida por los tribunales, Noelia sigue privada de decidir sobre su propio fin de vida.
El padre de Noelia, con el apoyo de Abogados Cristianos, todavía puede recurrir ante el Tribunal Supremo, prolongando aún más su sufrimiento. Esta estrategia judicial, que sólo busca ganar tiempo, condena a Noelia a seguir viviendo en un sufrimiento injusto e innecesario, cuando hace ya más de un año que se le impide ejercer un derecho reconocido por la ley, sufriendo contra su voluntad. Desde Derecho a Morir Dignamente, denunciamos que esta situación es éticamente insostenible.
El uso de los recursos judiciales para bloquear el derecho de Noelia equivale a un trato cruel, inhumano y degradante. Ninguna persona debería ser forzada a sufrir para que terceros –sea la familia, sea una organización con agenda ideológica– impongan sus creencias por encima de la libertad individual y de los derechos reconocidos por el Estado.
Exigimos que se ponga fin de inmediato a esta injusticia. Las leyes deben garantizar que ninguna persona se vea atrapada en un laberinto judicial que alargue innecesariamente su sufrimiento.
Por eso, desde Derecho a Morir Dignamente estamos impulsando una proposición de ley para modificar la legislación procesal, de modo que ningún posible recurso contra las resoluciones favorables de las solicitudes de eutanasia pueda suspender la aplicación de la prestación más de un mes. El derecho a morir dignamente no puede quedar secuestrado por maniobras dilatorias.
El mensaje está claro: defender el derecho a morir dignamente es defender la libertad y la dignidad de todas las personas.
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