Gran afluencia de público en la VIII Jornada «Diálogos para una muerte digna», celebrada el pasado 25 de marzo en la Universidad Pública de Pamplona-Iruña.
“El personal sanitario, queramos o no, tiene el deber de dar respuesta. Es un imperativo”, afirmó Albert Tuca, doctor en Medicina, especialista en Oncología Médica y presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de Catalunya, durante la VIII Jornada “Diálogos para una muerte digna” que celebró Derecho a Morir Dignamente (DMD) Navarra en la UPNA, el pasado 25 de marzo, y dónde se debatió sobre la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en una sala desbordada de público.
La entrada en vigor de la LORE, en junio de 2021, se convirtió en un reto para el personal sanitario y las organizaciones sanitarias, señaló, “porque lo que es un derecho para la ciudadanía, se convirtió en un imperativo para las y los profesionales de la sanidad. “Debemos saber que cuando hablamos de eutanasia, para el personal sanitario es un deber, que nos pone en una situación difícil”, anotó Tuca; y aludió a que los sentimientos, los sistemas de valores, las condiciones de cada persona, la tradición cultural y una mochila de respuestas automáticas, hace que se enfrenten ante el escenario de la prestación de ayuda para morir, eutanasia, como una oportunidad de crecimiento y otras veces como una barrera ética y moral.
Para Tuca, la muerte es parte de la vida y destacó que “igual que no se puede vivir sin libertad, no se debe morir sin libertad” y subrayó que el personal sanitario no estábamos preparados, hasta ahora, para entender la vida y la muerte como un proyecto vital, un proyecto en continua construcción y de libertad hasta la muerte.
Asimismo, abogó para que las y los profesionales de la salud trabajen para “construir oportunidades de crecimiento y no barreras”, aunque reconoció el derecho a la objeción de conciencia que tiene toda profesional cuando se produce un conflicto insalvable con su sistema de valores. Sin embargo, sostuvo que también dentro del grupo de la objeción existe una pseudo-objeción u objeción de conveniencia (por falta de tiempo, sobrecarga laboral, desconocimiento del procedimiento, enfado con la administración sanitaria…) y una cripto-objeción en la que una persona no se declara objetora y dificulta y retrasa el procedimiento hasta que decide declararse objetora. Esto último es lo que relató, en la mesa de testimonios, una persona que ocurrió en los primeros días de la solicitud de su padre.
Existe una pseudo-objeción u objeción de conveniencia y una cripto-objeción, en la que la persona no se declara objetora y dificulta y retrasa el procedimiento hasta que decide declararse objetora.
Por otra parte, apuntó al complejo proceso administrativo que se debe llevar a cabo para dar respuesta a la solicitud de eutanasia, “necesario para cumplir un procedimiento con garantías;” a la alta implicación de la Atención Primaria y a la “sobrecarga asistencial,” en un entorno sanitario muy tensionado; y a la “sensación de soledad y de no reconocimiento institucional” de algunos profesionales. También, señaló la indefinición del papel de personal sanitario no médico, en la normativa legal: enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogos. Esta indefinición fue relatada por una enfermera en la mesa de testimonios.
De la misma forma, anotó que el personal sanitario se siente a veces insuficientemente preparado para la comunicación con su paciente y sus familiares y también recordó el impacto emocional y el duelo que viven durante estos procesos.
Sin embargo, destacó que, a pesar de todas estas controversias, la gran mayoría de las y los profesionales sanitarios, implicados en el proceso, manifiestan satisfacción por dar respuesta a la libertad, la determinación y la valentía de la persona; sienten paz, serenidad y armonía; y la reconocen como una experiencia enriquecedora personal y profesionalmente. Por último, apuntó que España es ya el primer país del mundo con más donaciones de órganos por muerte por eutanasia; y que más de 456 personas se han beneficiado de los órganos donados tras la prestación de ayuda a morir.
begona Pérez Eransus, vicerrectora de la Universidad junto a Manuel Eciolaza, presidente de DMD Navarra.
La presentación de la jornada corrió a cargo de la vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social de la UPNA, Begoña Pérez Eransus, y de Manuel Eciolaza, presidente de DMD Navarra. A continuación, intervinieron la profesora jubilada de la UPNA, Camino Oslé, y el psicólogo Iosu Cabodevilla, quien habló sobre los miedos al morir.
Camino Oslé, profesora jubilada de la UPNA, y el psicólogo Iosu Cabodevilla.
Mesa técnica: garantías y dilemas ante la eutanasia
La jornada continuó con una mesa técnica en la que se abordaron las garantías y los dilemas en la aplicación de la Ley Orgánica de la Regulación de la Eutanasia (LORE), y en el que se explicó el papel de los y las profesionales de la sanidad ante el final de la vida y la eutanasia.
En ella participaron, Leticia Jericó, profesora de Derecho y Penal de la UPNA y miembro de la Comisión de Garantías de la LORE en Navarra; Geno Ochando, directora del Servicio de Humanización del Departamento de Salud; y Albert Tuca, doctor en Medicina, especialista en Oncología, coordinador del Área Soporte Integral del Cáncer del Hospital Clínic de Barcelona, presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de Catalunya del Departamento de Salud y profesor asociado de Medicina de la Universitat de Barcelona.
Por último, tuvo lugar una mesa con testimonios, moderada por el sociólogo Pablo Echeverría, donde participaron una médica y una enfermera, el hijo de una persona y la viuda de otro. En este caso, la solicitud de eutanasia se solicitó a través del testamento vital. El cierre estuvo a cargo del profesor de Antropología Social de la UPNA, Txema Uribe.
Comparte este artículo