El Comité de Bioética presiona la Cámara para que apruebe un proyecto de ley que permitiría ampliar el acceso a la eutanasia a las personas dementes a través de un testamento vital.
La legislación actual sobre eutanasia no permite que las personas que han perdido la capacidad de decidir puedan solicitar la eutanasia. El Comité propone que, a través de una declaración anticipada, se pueda definir qué tipo de fin de vida se desea, y que en procesos evolutivos exista un diálogo continuo entre el médico y la persona para poder revisar estas decisiones. El Gobierno ha decidido juntar este tema con otros dossieres éticos como el aborto, sobre los que la ministra de Justicia deberá hacer una propuesta de aquí al 10 de diciembre.
La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado el 15 de julio la loi relative au droit à l´aide à mourir por 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones.
Ha sido validada por el Consejo Constitucional el 14 de agosto, pero con tres reservas:
- Oligación de tener en cuenta la opinión del tutor en casos de personas tuteladas.
- Extensión de la cláusula de conciencia a los farmacéuticos.
- Reconocimiento del derecho de objeción a las instituciones privadas cuyo ideario está en contra de la ayuda a morir. Este último punto, fuertemente reivindicado por las entidades católicas, es el más controvertido en la medida en que puede abrir la puerta a una zona de no-derecho en la aplicación de la ley y a una desigualdad entre pacientes.
La ley promulgada por Macron y publicada en el 19 de agosto podría entrar en vigor a principios de 2027, después de la aprobación por el Ministerio de Sanidad de los decretos de aplicación. Es una ley muy garantista, que prioriza la auto-administración del producto letal (suicidio asistido) antes que la eutanasia, no siendo aplicable ni a menores ni a enfermos con trastornos psiquiatricos. En este sentido, es probable que siga habiendo franceses que busquen en Bélgica o en Suiza una solución a sus problemas de fin de vida.
A petición del Parlamento neerlandés, un estudio a gran escala buscó responder a esta pregunta. La tasa de eutanasias en relación con el total de los fallecimientos pasó del 1,6 % en 1999 al 5,8 % en 2024. Se considera mayoritariamente una evolución lógica debida al envejecimiento de la población y al aumento de los cánceres y de las enfermedades crónicas. En respuesta a las teorías que atribuyen a las deficiencias del sistema sanitario el aumento importante de la tasa de eutanasia, los autores piden que se investigue con seriedad el tema, añadiéndo que no se puede afirmar sin pruebas que una mala atención provoca más eutanasia.
Milou, una joven de 17 años con graves problemas psicológicos consiguió la eutanasia hace tres años. Fue el primer caso de una menor con enfermedad mental en recibir la eutanasia. Las comisiones de evaluación de la eutanasia consideraron que se habían cumplido todos los requisitos legales, pero seis meses después, un grupo de catorce psiquiatras y médicos solicitaron en un escrito dirigido al Ministerio de Sanidad la apertura de una investigación penal sobre el caso. En este escrito ponían en cuestión la influencia ejercida por los padres y dos psiquiatras que llevaron el caso. Los padres acaban de contraatacar solicitando a la fiscalía los nombres de los firmantes para poder presentar una demanda disciplinaria. El tribunal debe pronunciarse el 3 de septiembre.
La Asociación Neerlandesa de Psiquiatría acaba de modificar, endureciéndolas, las directrices para la eutanasia, posiblemente a raiz del caso de Milou.
Los opositores a la eutanasia suelen citar las conclusiones de un informe del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para apoyar sus afirmaciones según las cuales el procedimiento de eutanasia neerlandés sería defectuoso, o que se concedería la eutanasia con demasiada facilidad por sufrimiento mental por ejemplo. En un análisis bien argumentado, una jurista de la NVVE demuestra que esas campañas tergiversan el contenido del documento.
«Muchos neerlandeses tienen ideas claras sobre cómo quieren poner fin a sus vidas», afirma Tamar de Leeuw, directora de Coöperatie Laatste Wil (Cooperativa de la Última Voluntad). «Pero lo que muchos desconocen es que sus deseos personales y lo que es legalmente posible suelen estar muy alejados”. Por esta razón, la cooperativa ha lanzado una campaña en redes y en la calle titulada “¿Cuándo es suficiente para tí?”.
Dos artículos interesantes, uno sobre el tema del sufrimiento en la demencia y otro publicado en Relevant (revista de la NVVE) y firmado por una médica SCEN (ejerce el papel de consultora en procesos de eutanasia).
Jersey es el primer territorio del Reino Unido en tener una ley de muerte asistida. Fue aprobada en el parlamento de la isla en febrero pasado y acaba de recibir la aprobación real. Se prevé su entrada en vigor a finales del año próximo, una vez aprobada su reglamentación.
En lo relativo a Inglaterra y Gales, se volvió a presentar en junio en la Cámara de los Comunes del parlamento de Westminster la ley de muerte asistida que no pudo ser aprobada en la anterior sesión parlamentaria por el obstruccionismo de la Cámara de los Lores. El debate en los Comunes se celebrará el 11 de septiembre. Luego pasará a la Cámara de los Lores que, según las reglas del Parlamento, esta vez no podrá bloquearla.
El Ministro de Salud de Mendoza, Roberto Montero, y la Ministra de Energía han aplaudido la decisión francesa, y piden un “debate civilizatorio” a nivel nacional. En Argentina, existe una Ley de Muerte Digna de 2012 que solo permite rechazar determinados tratamientos, y ya desde Mendoza se promovió una iniciativa legal hace unos años, sin éxito.
Apoyándose en casos de personas que luchan por obtener una muerte dulce (“ninguna persona merece agonizar”), la prensa refleja el debate actual y los frenos que impiden la legalización de la muerte asistida.
Ninguno de los proyectos de ley anteriores ha llegado a ser debatido en el Congreso Nacional, y Montero, que es miembro de la Comisión de Bioética, reconoce que no existe actualmente un clima favorable en la Comisión para abordar el tema.
Un vacío normativo y bloqueo institucional rodea al suicidio médicamente asistido (SMA) en Colombia. Aunque este procedimiento fue despenalizado por la Corte Constitucional en mayo de 2022 (Sentencia C-164), el Ministerio de Salud no lo ha reglamentado ni el Congreso ha expedido leyes específicas, impidiendo que se aplique en la práctica médica real.
Catalina luchó más de 10 meses para acceder al suicidio asistido, pero al final renunció y pidió la eutanasia, que está regulada. Ahora, la Corte Constitucional deberá examinar el problema de fondo, y determinar si la falta de reglamentación y de acceso al suicidio asistido vulneró el derecho a morir dignamente de la paciente.
Para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional el gobierno ecuatoriano estudia un proyecto de ley de eutanasia para el cual ha convocado un comité de expertos del que forma parte, como jurista experta, Polonia Castellanos de la asociación Abogados Cristianos.
Esta iniciativa promovida por Samara Martinez, tiene como objetivo la despenalización de la eutanasia. Convocó para finales de agosto una marcha hacia el Palacio Nacional para entregar a la presidenta un informe con todo lo realizado en los últimos diez años en favor de la legalización. La iniciativa ha sido presentada en el Congreso, pero el debate está congelado en el Senado. Esta iniciativa se suma al proceso de amparo iniciado en la Corte Suprema de Justicia el mes pasado, y a la campaña desarrollada en la Ciudad de México de recogida de firmas a favor de la legalización.
Desde la asociación Empatía Uruguay se analiza los retos a los que se enfrenta la aplicación de la ley de eutanasia como son las ambigüedades del protocolo, la falta de transparencia en las decisiones de rechazo, y la cuestión de la objeción de conciencia institucional.
El Territorio del Norte fue pionero al adoptar una ley de muerte asistida en 1995, pero fue derogada por el parlamento federal dos años más tarde. En julio pasado por fin se registró en el parlamento del territorio un proyecto de ley de muerte asistida más restrictivo que la ley de 1995: el Rights of the Terminally Ill Bill. Se prevé que sea aprobado en esta sesión parlamentaria. Para acceder a la prestación, se exige un pronóstico vital inferior a 12 meses. El texto incluye una cláusula que prohíbe a los médicos iniciar la conversación sobre la muerte asistida.
Tras tres meses de investigación parlamentaria, en la que se escucharon a 44 testigos y se revisaron 32 informes, la Comisión compuesta por un grupo de funcionarios electos y senadores llegó a una única recomendación: “excluir definitivamente” a los pacientes con enfermedad mental de la prestación de ayuda médica para morir. Sobre este tema se espera también la decisión judicial relativa a la demanda presentada por una paciente apoyada por la asociación Dying with Dignity.
La web Maid in Canada, que publica informaciones sobre la práctica de la ayuda médica a morir en Canadá y desmonta sistemáticamente los numerosos bulos que circulan en los medios y en las redes alerta de la utilización torticera del informe publicado por el Comité de revisión de los Fallecimientos por Ayuda Médica a Morir de Ontario: los opositores seleccionan algunos casos entre los más complejos, los presentan como representativos, y sobre esta base endeble y poco rigurosa, infieren que todo el sistema es poco fiable y está fallando.
En Quebec la muerte médicamente asistida representa aproximadamente el 8 % de todas las muertes anuales, la tasa más elevada entre todos los territorios en el mundo donde esta práctica es legal. Dos películas recientes quebequenses abordan la cuestión:
“125 Rue des Malaises” (Calle de los Malestares, 125)
La premisa de esta película es explorar el tema de la asistencia médica para morir. Las complejidades de las relaciones familiares son fundamentales en esta tragicomedia. En el ocaso de su vida, Laurent Perrier, quien pasó gran parte de su vida detrás de las consolas de grabación en estudios de música, decidió solicitar asistencia médica para morir. Laurent no está enfermo ni deprimido, y disfruta mucho bailando al son de las canciones en su cabaña. Sin embargo, siente que ha vivido una buena vida y no desea convertirse en una carga para sus seres queridos a medida que envejece. La película ha tenido un enorme éxito de taquilla este verano en Quebec.
.Presentación en el festival de Locarno de la película quebequense “Nobodie’s violence”.
La película gira alrededor del personaje de Mira, una joven que habla poco y de la que sabemos aún menos, solo que su trabajo parece consistir en suministrar un veneno mortal a las personas que lo solicitan.
La ley, firmada por la gobernadora en febrero pasado, entró en vigor el 5 de agosto. Permite a los neoyorquinos con enfermedades graves y una esperanza de vida inferior a seis meses poner fin a sus vidas mediante asistencia médica. Limita la asistencia médica para morir a los residentes de Nueva York y exige una evaluación de salud mental del paciente.
A finales de julio, un juez federal desestimó la demanda en contra de la ley presentada por un grupo de defensores de las personas con discapacidad.
Ya son 12 los Estados de EE. UU. donde se puede acceder al suicidio asistido.
En Hong Kong entró en vigor una ley de cuidados al final de la vida que permite a los adultos con capacidad mental elaborar directivas médicas anticipadas vinculantes para rechazar tratamientos de soporte vital. No equivale a la muerte asistida, pero se considera un paso relevante en esa dirección.
Petición impulsada por Eumans y la World Federation of Right to Die Societies para pedir la inclusión del derecho a la muerte asistida en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Hoy solo un puñado de países de la UE permite a sus ciudadanos elegir una muerte asistida. Basta con cruzar una frontera para perder ese derecho de un día para otro. Una libertad fundamental no puede depender del código postal.”
Con esta petición se solicita también el reconocimiento del testamento vital más allá de las fronteras del país donde se otorga y la convocatoria de una asamblea ciudadana europea para debatir y proponer medidas al respecto.
AFDMD y DMD-Cat apoyan la petición.
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