Revista de prensa internacional – 1ª quincena de septiembre de 2021

La Fiscalía holandesa parece volver a la carga en su empeño para imponer una aplicación más rígida de la ley de eutanasia. A consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2019, que absolvió a una médico acusada de asesinato por haber fundamentado la eutanasia de una anciana con Alzheimer avanzado en la interpretación de su testamento vital, las Comisiones de Control de la Eutanasia publicaron nuevas directrices que, según la Fiscalía, dejan demasiada autonomía de decisión a los médicos. El periódico Trouw revela la existencia de correos de la Fiscalía al Ministro de Justicia reclamando una investigación independiente sobre las decisiones de las Comisiones de Control, dando lugar a una reacción airada de la Asociación Holandesa para el Final Voluntario de la Vida (NVVE).

El debate sobre la muerte voluntaria ha vuelto a la actualidad en Holanda este verano a raíz de la detención en Eindhoven de un joven –miembro de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW)– acusado de vender un producto letal por internet, y por la denuncia presentada contra CLW por la familia de una chica joven que se suicidó con un producto letal. Recordemos que el suicidio asistido sin presencia médica está penado en los Países Bajos con 3 años de cárcel y multa.La NVVE recalca:

“Estos hechos confirman lo que ya sabíamos desde hace tiempo: que hay un grupo considerable de personas con deseo de morir (bien meditado o no) y que no pueden o no quieren acudir a un médico”

La asociación reclama una respuesta de parte de los políticos, “en lugar de dejar la cuestión en manos del mercado.” Sin embargo, se trata de un tema políticamente difícil, que constituye uno de los motivos de bloqueo en las negociaciones para la constitución de un nuevo Gobierno de coalición. El partido liberal progresista D66 – segundo partido más votado con el 15% de los votos, después del Partido Popular por la Libertad y la Democracia de Mark Rutte que consiguió el 21,9% de los sufragios– incluyó en su programa para las últimas elecciones de marzo su proyecto de ley de Vida Cumplida. El partido democristiano CDA se opone categóricamente a este proyecto de ley.

Exit International publica en su página web las declaraciones de un médico holandés jubilado que critica la ley de eutanasia aprobada en 2002 en los Países Bajos y se pronuncia a favor del suicidio asistido tal como se practica en Suiza, donde el papel del médico se reduce a la prescripción en vez de ejercer como filtro:

“la posición central de los médicos al final de la vida es innecesaria y debe dar paso al suicidio asistido, sin un papel médico activo”. Analiza que “el método de administración intravenosa de la eutanasia y la preferencia asociada por la eutanasia sobre el suicidio asistido constituyen un error histórico que ha provocado que la terminación activa de la vida haya sido innecesariamente medicalizada”.

La entrada del blog de Philip Nitschke de principios de agosto presenta un resumen detallado de los debates alrededor de la muerte voluntaria en los Países Bajos: desde finales del siglo pasado con las declaraciones del antiguo presidente del Tribunal Supremo Hub Drion que pensaba que el acceso a una píldora letal para una persona anciana era un derecho fundamental independientemente de su estado de salud, hasta los debates actuales sobre el proyecto de ley de “vida cumplida” y las actividades de información y asesoramiento de la cooperativa CLW creada en 2017.

Un enfermo tetrapléjico ha presentado una demanda en los tribunales contra las autoridades sanitarias de su región que no responden desde hace un año a su solicitud de evaluación para acogerse a la ayuda a morir tal como la autorizó el Tribunal Constitucional de 2019. Apoya también la campaña de firmas a favor de un referéndum para eliminar del código penal la figura del “asesinato consentido” (art.579) lanzada por la asociación Luca Coscioni y que ya ha recogido 850.000 firmas. Con esta campaña se espera vencer el inmovilismo de los políticos y avanzar hacia una ley de eutanasia.

En una entrevista, Mario Riccio, médico que ayudó a morir a Piergiogio Welby en 2006 y que lucha con la Asociación Luca Coscioni por un cambio legislativo, expresa sus temores a que se llegue, debido a la falta de voluntad política y a la “cobardía de los médicos”, a una “ley estafa” que daría cobertura a un número muy restringido de casos.

Los partidos políticos que consensuaron un proyecto de ley de eutanasia –PS, Bloco de Esquerda, PAN e Iniciativa Liberal–, que fue rechazado por el Tribunal Constitucional por la inconcreción de los requisitos de acceso a la prestación, han elaborado durante el verano un nuevo texto que incorpora, siguiendo el modelo español de la LORE, un glosario de términos y definiciones. Se debería debatir en el Parlamento antes de fin de año, pero no está todavía en la agenda debido a las elecciones locales el 26 de septiembre y el posterior debate de presupuesto.

La cámara baja del Oireachtas (Parlamento irlandés) aprobó el año pasado la toma en consideración de un proyecto de ley de muerte digna que permitiría el acceso al suicidio asistido a pacientes con un pronóstico de 6 meses o menos de vida. El texto pasó entonces a la Comisión de Justicia del Parlamento que, después de varios meses dedicados a la audición de expertos, médicos, juristas y asociaciones de la sociedad civil, acaba de pronunciarse: reprocha al proyecto lo que considera su inconsistencia, el incluir varios puntos de dudosa constitucionalidad y sus múltiples incoherencias. Preconiza un examen más a fondo de la cuestión por una comisión parlamentaria especial, lo que consigue retrasar el cambio legislativo.

El Partido Popular Austriaco (ÖVP) proyecta presentar una ley que prohíba la “comercialización de la eutanasia” y la publicidad de las asociaciones pro-eutanasia, ley que iría en contra de la sentencia pronunciada en diciembre 2020 por el Tribunal Constitucional que afirmaba el derecho a la autodeterminación al final de la vida e instaba al parlamento a legislar en el plazo de un año. “Los tiempos en los que las minorías católicas podían imponer leyes deberían terminar”, declara el portavoz de la Sociedad Austriaca por un Final de Vida Humano (ÖGHL). Este proyecto de ley es además contrario al sentir de una gran mayoría de ciudadanos austriacos que, como lo muestra una encuesta reciente, apoya la autodeterminación al final de la vida.

Más del 58% de la ciudadanía austriaca apoya que se amplíe el acceso a la muerte asistida, según una encuesta elaborada por Gallup.

El Tribunal Constitucional de Colombia reconoció el derecho a la eutanasia en una sentencia de 1997, instando al parlamento a regular este nuevo derecho. Sin embargo, todos los intentos de regulación realizados hasta hoy han sido rechazados por la Asamblea; el último en el pasado mes de abril. Las barreras al ejercicio del derecho a la ayuda médica a morir se han ido eliminando a golpe de sentencias judiciales. La última sentencia, fechada el 23 de julio pasado, amplía el acceso a la ayuda médica a morir eliminando el requisito de terminalidad. El paciente debe “padecer un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.

La Ley de Opciones al Final de la Vida (End of Life Option Act), aprobada en California en 2016, permite el acceso a una receta de producto letal a los pacientes adultos con un pronóstico de vida limitado de seis meses o menos. Las disposiciones de la ley fueron diseñadas para dar garantías de que no pudiese producirse “abusos”, pero estas salvaguardias se convirtieron obviamente en obstáculos para los pacientes que en muchos casos no pudieron acceder a la receta que tanto anhelaban.La Asamblea Estatal acaba de aprobar, por 26 votos a favor y 8 en contra, una nueva legislación que reduce el período de espera de 15 días entre las dos solicitudes a solo 48 horas, y alarga el plazo de validez de la ley a 2031, en vez de 2025 como previsto inicialmente. Para su aprobación definitiva falta la firma del Gobernador.

Cinco años después de su aprobación, Canadá evalúa y revisa su ley de eutanasia. La Ley C7, que entró en vigor en marzo y eliminó el requisito de terminalidad, excluye durante 2 años a los canadienses que padecen una enfermedad mental, aunque cumplan con todos los demás requisitos. Con la perspectiva de permitir a estos enfermos el acceso a la muerte asistida, se acaba de crear una comisión de expertos, a iniciativa de los ministerios de Sanidad y de Justicia, encargado de elaborar, en el plazo de un año, recomendaciones sobre los protocolos, guías y salvaguardas relevantes para estos casos complejos. Los resultados de las elecciones federales, convocadas para el día 20 de septiembre, pueden condicionar la evolución de las políticas sobre muerte asistida. De momento, las comisiones, que se formaron en abril para la revisión parlamentaria de la legislación de muerte asistida, se disolvieron con la convocatoria electoral.

Quebec tiene su propia Ley de Opciones al Final de la Vida y se encuentra en el mismo proceso de evaluación y revisión que la ley federal de eutanasia. La Comisión Especial para la Evolución de la Ley, organismo nombrado para asesorar al gobierno en estos temas, después de realizar una amplia ronda de audiciones, prepara un informe que se publicará a mediados de noviembre. Dos temas están a examen: el de la validez de directrices anticipadas en el caso de personas con pérdida cognitiva, y el del posible acceso a la eutanasia para los menores de edad. Este último supuesto ha adquirido más visibilidad con el caso mediatizado de un niño de cuatro años que padece una enfermedad genética rara.

La cuestión de si los problemas planteados por los determinantes sociales de la salud pueden afectar la toma de decisiones y justifican denegar la elegibilidad para la muerte asistida ha pasado a primer plano recientemente en los debates para enmendar la ley de muerte asistida de Canadá.Determinar si los cambios en la legislación sobre muerte asistida de un país conducen a pendientes resbaladizas también ha pasado a primer plano, como sucede cada vez que una jurisdicción cambia sus leyes.El artículo explora estas dos preguntas a través de la lente de la experiencia de Canadá, tanto para informar sobre las discusiones en curso de Canadá como porque otros países enfrentarán las mismas preguntas si contemplan cambiar su ley de muerte asistida.

Este estudio examina las diferencias entre, por un lado, los defensores de las opciones para el final de la vida y, por otro, las personas con afecciones de salud irremediables que ya tomaron la decisión de acelerar su muerte, en cuanto a lo que cada grupo considera importante para el deseo de acelerar la muerte. Los factores psicosociales son más importantes que los físicos para ambos grupos, pero aquellos que reflexionan sobre lo que podría influir en ellos para acelerar su muerte en el futuro piensan que el dolor y la sensación de malestar serán factores mucho más importantes de lo que resultaron ser para aquellos que ya decidieron hacerlo. Estos últimos citaron la falta de tratamientos médicos viables y el tener que vivir en una residencia de ancianos como factores más importantes.El artículo defiende que la mayoría de las personas que solicitan ayuda para morir no cumplen con los criterios que definen la depresión. E incluso cuando los pacientes tienen un trastorno mental diagnosticable, eso no los incapacita legal o psicológicamente para tomar una decisión racional y competente sobre si quieren acelerar su muerte ante condiciones de salud irremediables. Cita investigaciones que validan estas posiciones.Concluye finalmente que en este momento no existe la “pendiente resbaladiza” pero sí una tendencia a querer una mayor autonomía y autocontrol al final de la vida.

Con la creciente legalización de la ayuda médica a morir en todo el mundo, la cuestión de si los pacientes psiquiátricos con enfermedades mentales refractarias deberían tener acceso a este servicio de salud es un tema de debate ético. Con la consideración actual de la autonomía y el derecho a morir, un diagnóstico psiquiátrico nunca debería impedir automáticamente que un paciente tome decisiones sobre su tratamiento e incluso solicite la ayuda médica a morir.