Apenas elegidos todos los miembros de la mesa del nuevo parlamento, el diputado Olivier Falorni anunció el viernes 19 de julio que había presentado el primer proyecto de ley de la 17ª legislatura de la Asamblea Nacional: el proyecto relativo al “apoyo a los enfermos y al final de la vida”. “Este texto pretende continuar el camino brutalmente interrumpido por la disolución. Por lo tanto, retoma íntegramente el texto votado por la comisión, así como todas las enmiendas adoptadas durante la sesión anterior”, escribe el diputado en la red social X.
El Festival de Aviñón, dedicado a las artes escénicas, es el de más solera en Francia. Fundado en 1947, se celebra todos los años en julio y atrae a muchísimos grupos teatrales que presentan sus producciones, y a miles de espectadores de todo el país. Este año, una obra titulada Exit logró un gran éxito. Se inspira en un documental del mismo título, multipremiado cuando salió en 2006. Basado en la experiencia de la asociación suiza Exit, la obra presenta el punto de vista de las personas que solicitan la ayuda a morir y también la de los acompañantes voluntarios de la asociación. De forma casi unánime, la crítica ha saludado una obra que “celebra la vida, la vida que elegimos y la libertad que conlleva”.
Tras un mes de espera, y a pesar de las presiones ejercidas por la abogacía del Estado en contra de los militantes de la Asociación Luca Coscioni investigados por acompañar pacientes a Suiza, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ampliando la posibilidad de acceso a la ayuda voluntaria a morir. El alto tribunal no aceptó la petición de la asociación de eliminar el criterio de dependencia de un tratamiento de soporte vital para acceder a la ayuda para morir, pero sí amplió el concepto de tratamiento de soporte vital para incluir los cuidados necesarios, en muchos casos proporcionados por familiares y personal no médico (por ejemplo, la evacuación manual o la aspiración de mucosidades de los conductos bronquiales).
Según las conclusiones del gobierno, la ley de terminación de la vida a petición propia (WTL en sus siglas neerlandesas) es una ley excelente: ofrece seguridad jurídica a los médicos y todas las garantías deseables. En consecuencia, no habría llegado todavía el momento de dar pasos adelante. Sin embargo, la asociación por la eutanasia NVVE estima que existe todavía mucho margen de mejora, citando las dificultades encontradas por solicitantes cuando su médico no practica la eutanasia o en los casos particularmente complejos de enfermedad mental.
La asociación recuerda que “diversas encuestas de opinión muestran que la mayoría de la población cree que debería haber ayuda disponible cuando las personas sienten que sus vidas están completas. Hay mucho debate social al respecto, en parte como resultado del proyecto de ley D66 que debería permitir que las personas de más de 75 años reciban ayuda si ya no quieren vivir”.
Se ha celebrado el juicio contra varios militantes de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW). En Países Bajos, la participación en una organización criminal conlleva una pena máxima de prisión de seis años y la pena máxima por ayuda al suicidio es de tres años, y en este caso la Fiscalía, en su acusación, calificaba a CLW de ‘organización criminal’. Sin embargo las condenas pronunciadas son muy inferiores a las solicitadas: cuatro miembros fueron absueltos de participación en una organización criminal, y los otros dos fueron condenados a penas de prisión suspendidas por participación en una organización criminal y por facilitar medios para suicidarse. La fiscalía declaró que no recurrirá la sentencia.
En una columna de opinión, la directora de la asociación NVVE recalca que “el juez habló de ‘aficionados bien intencionados’ que a veces habían perdido de vista los límites: ‘personas para quienes el ideal de autonomía a la hora de determinar su propia muerte ha sido primordial”, y emite el deseo de que cese la lucha de retaguardia de la fiscalía contra la libertad de decidir al final de la vida. Espera que “gobierno y políticos finalmente actúen en serio sobre un deseo claramente evidente en la sociedad: poder decidir por uno mismo cuándo, dónde y cómo morir.”
Lord Falconer ha presentado en la Cámara Alta del Parlamento de Westminster un nuevo proyecto de ley de muerte asistida, diez años después de que fuese rechazado un proyecto similar en la Cámara de los Comunes. «Presenté el proyecto de ley hace diez años y fue aprobado por la Cámara de los Lores. Luego pasó a la Cámara de los Comunes y fue derrotado con bastante contundencia», declaró Lord Falconer. «Han pasado diez años desde entonces, tenemos un primer ministro que lo apoya y ahora hay 477 nuevos diputados en comparación con los 650 diputados que estaban presentes en 2015. Creo firmemente que ha llegado el momento de realizar esta reforma, que es muy importante.”
El anuncio de la posible primera utilización en el mes de julio del dispositivo Sarco por la recién creada asociación Last Resort —asociación creada por Exit International a tal fin— ha suscitado muchísimas reacciones. El dispositivo consiste en una cápsula en la cual se introduce la persona que desea morir; el fallecimiento ocurre muy rápido y de manera indolora, por asfixia por nitrógeno. El cantón del Valais, donde se iba a utilizar el aparato ha prohibido su utilización. Juristas opinan que se trata de un dispositivo médico ya que “modifica un estado fisiológico o patológico” y por ende necesitaría una autorización de Swissmedic, la autoridad de vigilancia sanitaria, al contrario de lo que sostiene Exit International. Por su parte las asociaciones Exit-ADMD (francófona) y Exit Deutsche Scheweize han criticado públicamente la posible utilización de Sarco.
El 4 de junio de 2024 se presentó en la Cámara de Diputados de la República Argentina el proyecto de ley titulado “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”. Se trata de un texto mucho más permisivo que los presentados anteriormente. Permitiría la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en caso de “sufrir de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento físico o psíquico grave, crónico e imposibilitante, que afecta significativamente la calidad de vida del paciente, diagnosticada por el médico responsable”. No se requiere que la persona se encuentre en la fase final de una enfermedad terminal o esté experimentando sufrimiento extremo al momento de efectuar la solicitud, a excepción de los pacientes menores de edad. Permitiría también la asistencia al suicidio.
Un senador demócrata cristiano presentó en el Senado un proyecto de reforma constitucional que busca legalizar en Chile la eutanasia. Apoyándose en los planteamientos del teólogo Hans Küng, plantea que se reconozca el derecho “de toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley, a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir”. La iniciativa busca modificar la Constitución Política de la República mediante la incorporación de un nuevo artículo: “Toda persona tiene derecho a una muerte digna. La Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida. (…) Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir”.
El Senado de Uruguay desestimó la posibilidad de tratar como grave y urgente el proyecto de ley que busca regular la eutanasia tras no alcanzar los votos necesarios para hacerlo. El proyecto de ley se registró en la Cámara de Representantes en 2022, y en octubre del año pasado fue aprobado con 57 votos a favor y 39 en contra. Pasó inmediatamente al Senado donde quedó bloqueado hasta hoy en la Comisión de Salud.
Los “ángeles de la guardia” de Delta Hospice Society —uno de los pocos hospicios totalmente pro vida de Canadá— son “visitantes amigables con la misión de garantizar que los pacientes reciban la atención médica y los cuidados paliativos adecuados y evitar que se les presione para que recurran a la eutanasia”, según la directora de la institución. Están actualmente buscando “clientes” (¡!). Estos ‘ángeles´ permanecerían al lado de la ‘persona vulnerable’ que haya solicitado su apoyo, desempeñando el papel de ‘defensor personal’ en nombre de la “santidad de la vida”.
En este artículo un psiquiatra norteamericano reflexiona sobre las falacias que sustentan el argumento del riesgo de ‘pendiente resbaladiza’, tantas veces esgrimido contra la regulación de la ayuda médica a morir:
https://www.psychiatrictimes.com/view/medical-aid-in-dying-and-the-slippery-slope-argument
Daniel González, mexicano acusado en los tribunales de Illinois de distribuir Nembutal a través de internet podría ser sentenciado, en un juicio ante gran jurado, con 60 años de cárcel. La operación policial que culminó con su arresto en 2021 empezó en 2015 y fue llevada a cabo por el HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional).
A principio de julio un diputado del Partido Democrático (PDK) en la oposición presentó un proyecto de ley titulado ‘Ley de Muerte Asistida con Dignidad’. «La esencia de la Ley de Muerte Asistida es permitir que los pacientes terminales elijan cuándo poner fin a sus vidas», declaró el diputado. «Los vivos son mortales y la muerte llega a todos. Haremos todo lo posible para que el proyecto de ley sobre la muerte asistida con dignidad se apruebe en la 22.ª Asamblea Nacional«, es decir en el actual período legislativo que arrancó en abril de este año.
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