A finales de enero de 2024, una pareja de ancianos octogenarios se quitó la vida en Alemania. Ambos inhalaron helio a través de un artefacto que su hijo les ayudó a conseguir. La madre de 80 años padecía alzheimer, y el padre, debido a su salud frágil, no podía seguir cuidándola. Siempre habían declarado querer morir juntos y rechazar el ingreso en una residencia. La colaboración del hijo se limitó en ayudarles a conseguir el artefacto utilizado: mascarillas, tubos y bombona de helio. No estuvo presente en el momento de los suicidios. El padre primero le puso la máscara de helio a su esposa y luego se suicidó con el mismo procedimiento. El hijo informó después a la policía. “Hice lo que mis padres querían; estoy en paz conmigo mismo”, declaró en el tribunal que pronunció una condena considerada leve: 18 meses de libertad condicional. En su razonamiento el juez presidente abordó los cambios de valores en torno a la gestión de la muerte voluntaria. Sin embargo, aclaró: «Quedan claramente prohibidas las medidas de acortamiento activo de la vida por parte de terceros». El padre era completamente consciente de sus actos; judicialmente, lo problemático es el caso de la mujer que no estaba en estado de tomar decisiones debido a lo avanzado de su enfermedad.
Próximamente se incluirá la eutanasia en la cartera de servicios de la sanidad belga con una tarificación específica del proceso. Se añadirá el acto de «practicar la eutanasia» a la nomenclatura. Este servicio incluirá cuatro elementos: los gastos materiales (excluidos los medicamentos), la práctica de la eutanasia, la certificación del fallecimiento con la constancia del acto, así como la cumplimentación del documento de declaración previsto en la Ley de Eutanasia. El servicio estará cubierto íntegramente por la seguridad social, sin copago para el paciente. «El servicio podrá combinarse con una consulta. La tarifa asciende a 180,24 euros (precios de 2025)», anunció el ministro de Sanidad. El presupuesto previsto es de 635.000 euros a precios de 2025. El ministro estimó el número anual de servicios en 3.479, basándose en datos de 2023 y un factor de crecimiento del 5%.
El parlamento esloveno legalizó el suicidio asistido el 18 de julio pasado. Sin embargo, la aplicación de la ley podría retrasarse si la petición para solicitar un referéndum vinculante sobre su derogación, lanzada por un grupo opositor llamado Coalición contra el Envenenamiento de Pacientes, consigue recoger 40.000 firmas en un plazo de 35 días.
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), responsable de garantizar la aplicación de la convención del mismo nombre ratificada por Francia en 2010, fue contactado el 30 de mayo por el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), -una especie de Abogados Cristianos a nivel europeo-, que considera que el proyecto de ley transmite una visión capacitista de la vida. En consecuencia, el 23 de junio, el Comité de la ONU solicitó información a Francia sobre varios puntos de la ley, en particular sobre las garantías contra la presión o posible abuso de debilidad; la asimetría en las sanciones, ya que se penaliza las presiones para renunciar a la eutanasia, pero no para recurrir a ella; el plazo considerado demasiado breve (dos días) entre la decisión del médico y la realización del acto.
Con la caída del gobierno de François Bayrou el pasado 8 de septiembre, la actividad parlamentaria se paraliza de nuevo y la tramitación del proyecto de ley de ‘Fin de la vida’, como de varios otros, podría quedar en suspenso una vez más. El texto aprobado por los diputados en mayo pasado iba a empezar su andadura en el Senado, conjuntamente con el proyecto de ley sobre cuidados paliativos, a partir del 7 de octubre. Ya en junio de 2024, la tramitación de un proyecto de ley similar sobre el final de la vida, que creaba asistencia activa para morir y desarrollaba los cuidados paliativos, aprobado en primera lectura por la Asamblea, se vio interrumpida por la disolución del parlamento decidida por el presidente francés Emmanuel Macron.
La tramitación del proyecto de Ley sobre el Final de la Vida de Adultos con Enfermedades Terminales de la diputada laborista Kim Leadbeater comenzará el 12 de septiembre en la Cámara de los Lores. El texto fue aprobado en una votación muy ajustada en junio pasado en la Cámara de los Comunes con 314 votos a favor y 291 en contra. En la Cámara de los Lores, los pares opositores ya han anunciado su intención de hacer todo los posible para revertir la decisión de la Cámara Baja. En teoría, los pares podrían rechazar el proyecto de ley en cualquier etapa, aunque la legitimidad democrática de esto levantaría sospechas ya que los miembros de la cámara alta no son electos, y que, según todas las encuestas, una gran mayoría de la población apoya el proyecto de ley. Mientras el proyecto de ley sigue su tramitación las personas que acompañan a un familiar a Suiza siguen enfrentándose a denigrantes investigaciones policiales cuando vuelven a su país.
Es difícil conseguir datos coherentes relativos a la proporción de suicidios asistidos sobre el total de fallecimientos en Suiza ya que los datos del Instituto de Estadísticas y de las diferentes asociaciones que acompañan el suicidio no coinciden, y que algunas como Pegasos no publican datos. Este artículo publicado en Alemania, un poco confuso, da sin embargo algunas informaciones. Por otra parte, un abogado inglés ha creado una página web que se titula ‘The Switzerland alternative’ (La alternativa suiza) que informa sobre las diferentes asociaciones de acompañamiento al suicidio y su funcionamiento, y publica también noticias sobre el tema.
Un análisis fino, exhaustivo y no ideológicamente distorsionado de los datos desmonta el bulo ampliamente difundido en medios de todo el mundo según el cual muchos ciudadanos canadienses recurrirían a la eutanasia por sentirse solos y sin apoyos. Presentar la soledad y el aislamiento como el motivo principal de una solicitud de la ayuda médica para morir es rotundamente falso: detrás de cada solicitud hay una persona que vive con la realidad de una enfermedad grave, un deterioro irreversible y un sufrimiento que no puede aliviarse de una manera que considere aceptable.
En la entrada del 20 de julio de su blog Medicalfutility, el profesor de Derechos de la Salud Thaddeus Mason Pope informa de que el estado de Washington suspende la publicación de los informes anuales relativos a la aplicación de la ley de suicidio asistido debido a los actuales recortes de presupuesto en todas las administraciones de los Estados Unidos. Un daño colateral de la política trumpista.
El proyecto de ley que recoge el derecho a acceder a la muerte médicamente asistida en caso de enfermedad terminal, anunciado en 2024 por el presidente chileno Gabriel Boric, está en proceso de discusión en el Senado donde han empezado las audiciones en agosto. Según declaración de la ministra de Sanidad, «el proyecto que tramita el Senado no es fruto de una agenda ideológica, sino la refundición de cuatro iniciativas presentadas por congresistas de todo el espectro político. Reconocer el derecho a una muerte digna trasciende las divisiones tradicionales y refleja la madurez de una sociedad que valora la autodeterminación». Varios senadores han cuestionado públicamente el carácter prioritario dado por el presidente al debate sobre este proyecto de ley. La cuestión es saber si la tramitación podrá culminar antes de las próximas elecciones generales, a mediados de noviembre.
El diario The New York Times publica un extenso reportaje sobre el final de la vida de la colombiana Tatiana Andia: desde el diagnóstico de cáncer pulmonar hasta la eutanasia, detallando sus tomas de decisiones y su lucha para dar visibilidad a todo el proceso. “Deberíamos poder hablar del derecho a morir dignamente. Eso es esencial para el derecho a la salud”, decía Andia, de 44 años, profesora y exfuncionaria del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
Samara Martínez es periodista y tiene 30 años de edad. Se encuentra en la actualidad en la etapa terminal de una insuficiencia renal crónica y un lupus eritematoso. Ha lanzado una campaña que se está viralizando en Tik Tok, -donde tiene 188.000 seguidores-, a favor de la regulación de la eutanasia que acumula casi dos millones de likes. Por otra parte, contestando a la pregunta de un periodista, Claudia Sheinbaum se refirió por primera vez desde su elección al tema de si es posible o no que se abra el debate sobre la regulación de la eutanasia en México. Opinó que no se debía cerrar la posibilidad, matizando que se trata de «un tema polémico».
El pasado 13 de agosto, el parlamento uruguayo aprobó la ley de eutanasia con 64 votos a favor y 29 en contra. El texto está ahora en la Comisión de Salud del Senado. El Frente Amplio —que en el Senado tiene la mayoría que le falta en la Cámara de Diputados— propuso que el proyecto de ley de eutanasia sea prioritario entre los doce asuntos que la Comisión tiene pendientes. El objetivo es que la ley se apruebe antes de que esa cámara tenga que abordar el presupuesto, es decir, antes del 15 de octubre.
El primer ‘festival de alfabetización sobre la muerte’ (death literacy festival) de la India, titulado Good To Go, se ha celebrado en Bengalore y atrajo a participantes de todos los estados vecinos. El evento de dos días busca fomentar conversaciones abiertas sobre la muerte, las directivas médicas anticipadas y los cuidados paliativos. Se celebra en un momento crucial, ya que Karnataka se ha convertido en el primer estado de la India en implementar las directrices de la Corte Suprema de 2023 que legalizan las directivas médicas anticipadas y la retirada del soporte vital a pacientes terminales.
El Ministerio de Sanidad neozelandés ha publicado en julio su informe anual sobre la aplicación de la ley de muerte asistida. Cubre el período que va del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025. Se realizaron un total de 472 ayudas médicas a morir lo que supone un aumento del 37,21% con respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 344 casos, y representa el 1,25% del total de los fallecimientos. La Ley de Elección del Fin de la Vida se aprobó en 2019 y entró en vigor a partir del 7 de noviembre de 2021. Permite tanto la eutanasia como el suicidio asistido.
Comparte este artículo