El Senado uruguayo aprobó el pasado 15 de octubre una ley de eutanasia, lo que sitúa al país sudamericano entre los pocos donde pacientes graves pueden obtener legalmente ayuda médica para terminar con sus vidas. Otro hito histórico de un país que fue el primero de América Latina en conceder el voto a la mujer, en aprobar una ley de divorcio, y ya en este siglo en despenalizar la marihuana, permitir el aborto y los matrimonios del mismo sexo, temas que siguen siendo tabú para la mayoría de sus vecinos. Cuando la ley entre en vigor, Uruguay será el cuarto país en la región en despenalizar la eutanasia, después de Colombia, Cuba y Ecuador, pero el primero en concederlo a través de una ley. En este sentido, podemos decir que Uruguay vuelve a ser referente en materia de derechos en América Latina.
En Uruguay, el debate en torno al proyecto de la Ley de Muerte Digna fue avanzando con sobresaltos durante los últimos cinco años. La primera propuesta la presentó en 2020 el entonces diputado Ope Pasquet, del Partido Colorado de centro derecha. En 2022, el Frente Amplio (coalición de izquierdas) presentó un nuevo proyecto de ley de regulación de la eutanasia que pese a haber sido aprobado en la Cámara de Representantes se estancó en el Senado, quedando el proyecto aparcado en la Comisión de Salud por la oposición del bloque conservador (Partido Nacional). Después de la vuelta al poder en 2025 de la coalición de izquierdas, la ley se convirtió en una prioridad de la legislatura, combinando el nuevo proyecto elementos de los dos anteriores.
El proyecto de ley permite el acceso al procedimiento a adultos mentalmente capaces que sufren una o más enfermedades crónicas, incurables e irreversibles que conllevan sufrimiento y afectan su calidad de vida. La legislación permite la eutanasia, pero no el suicidio asistido. El procedimiento incluye la evaluación de dos médicos y la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento. Federico Preve, médico neurólogo y diputado del FA que defendió el proyecto en la Comisión de Salud, resaltó como características de esta ley que es “potente” porque abarca un abanico amplio de condiciones físicas que permiten solicitar la eutanasia (no tiene que ser enfermedad terminal), “sensata” porque tiene un sistema de garantías que se apoya en legislaciones de países que tienen más de 20 años como la de Países Bajos o Bélgica, y “transversal” porque ha recibido el apoyo de partidos de todo el arco parlamentario.
Si bien Uruguay cuenta con una opinión publica mayoritariamente favorable (un 62 % de los uruguayos respaldó la aprobación de la ley) y una separación clara entre Iglesia y Estado, sin embargo este proyecto suscitó mucho debate en el seno de la sociedad. Como en toda América Latina Uruguay cuenta con una oposición fuerte de la Iglesia Católica. Organizaciones y grupos conservadores se han unido en el colectivo “Prudencia Uruguay” que entiende que la ley es demasiado ambigua, no es garantista porque no incluye evaluaciones previas de psiquiatras o de trabajadores sociales, y no garantiza un acceso real a los cuidados paliativos. Frente a ellos, se ha movilizado un grupo de uruguayos favorables a la legalización, apolíticos, en un colectivo Empatía, cuya principal motivación es que se escuchen las voces de los pacientes y de los familiares. El rostro visible de este colectivo es Florencia Salgueiro, una mujer de 31 años, cuyo padre Pablo Salgueiro, aquejado de ELA, murió el 19 de marzo de 2020, pocos días después de la presentación del primer proyecto de legalización. El debate sobre los derechos al final de la vida encontró en la figura del expresidente “Pepe” Múgica un respaldo de gran proyección popular cuando, aquejado de un cáncer terminal, manifestó que no quería alargar su vida de cualquier manera y que deseaba morir. Su muerte, en mayo de 2025, con su gran impacto emocional en la sociedad uruguaya, fue sin lugar a dudas un hito que hizo avanzar el debate sobre muerte digna.
La discusión parlamentaria sobre la legalización de la eutanasia en Uruguay tuvo nombres propios. Tanto el diputado Luis Gallo en la Asamblea como Ope Pasquet, promotor de la legalización en la anterior legislatura, llevaron el nombre y el testimonio de Pablo Cánepa a la discusión parlamentaria. La historia de Cánepa es muy dura: pasó de ser un joven que dibujaba, hacía deporte y salía con amigos a estar inmovilizado por completo por una enfermedad rara (ataxia cerebelosa) que le afectó a los 35 años. La parálisis avanzó con extrema rapidez por todo su cuerpo dejándole en una situación de extrema dependencia. Hoy en día solo puede mover un poco los dedos de la mano derecha. Hace un año, le pidió a su madre que le ayudara a morir a pesar de haber accedido a cuidados paliativos. “Nada puede ser peor que mi estado actual. Así que imagino la muerte como la paz. Como el blanco. Como la ausencia del color que da el descanso. Quiero descansar.” En su alocución ante el Senado Pasquet hizo este alegato: “Pienso ahora en Pablo Cánepa. Ese hombre de 39 años que desde los 35 está postrado en una cama a causa de una enfermedad del cerebelo desconocida, pero implacable. Y que repite desde hace mucho tiempo que lo que quiere es morir… Al final del día, qué le vamos a decir? ¿Que se prepare para seguir viviendo así como está hoy, quien sabe por cuanto tiempo, porque el Senado entiende que él no tiene derecho a decidir su propia muerte?”
Otro nombre propio es el de Beatriz Gelos, una docente de 71 años que sufre de ELA desde hace 19 años, que le fue deteriorando y paralizando el cuerpo progresivamente. Ella ha contado en televisión que su vida se ha convertido en un infierno, y especialmente sus noches. A pesar de su condición (tiene dificultades para moverse y para hablar) hizo el esfuerzo de acudir al Senado, para poder seguir desde la tribuna el debate sobre el proyecto de ley. Siguió atenta el debate y hasta dio una breve entrevista al boletín de noticias Telemundo del Canal 12 uruguayo. “Hoy se gana un derecho para muchos enfermos que están sufriendo mucho y esperan esta ley con esperanza”, dijo Gelos.
El pasado 15 de octubre el proyecto de ley superó su último obstáculo en el Senado, con el voto a favor de 20 de los 30 senadores. La normativa fue respaldada por toda la bancada del Frente Amplio, así como por dos senadores del Partido Colorado y uno del Partido Nacional. El 24 de octubre, el presidente Yamandu Orsi firmó la promulgación de la ley, cerrándose así la etapa del proceso legislativo, e iniciándose otra igualmente decisiva: la reglamentación que el Poder Ejecutivo deberá aprobar en un plazo máximo de 180 días. De su contenido dependerá que la Ley conserve su sentido y eficacia.
Porque una cosa es la aprobación de la ley, y otra su aplicación. En un artículo publicado en el semanario Brecha, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Lucía Giudice Graña advierte sobre la relevancia de esta próxima etapa y los retos que tiene que afrontar. Uno de los factores que van a condicionar, lo mismo que en España, el acceso igualitario a la prestación es la cuestión de la objeción de conciencia reconocida en Uruguay no sólo a los médicos a nivel individual sino también a las instituciones, en un modelo parecido al que impera allí para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ley protege la libertad de conciencia y garantiza la continuidad del servicio, en un equilibrio de derechos muy razonable sobre el papel, pero su efectividad dependerá de la capacidad del sistema para impedir que la objeción se convierta en una forma de veto o dilación. Si bien es cierto que la ley da autonomía a la persona como dueña de su vida, sigue necesitando de la anuencia de la ciencia médica. El Colegio de Médicos de Uruguay no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la ley, pero su presidente reconoció que existen posiciones antagónicas en el seno del colectivo. En palabras de la profesora, “el reconocimiento jurídico de la eutanasia no resuelve, por sí mismo, la tensión entre libertad y acompañamiento, entre voluntad individual y responsabilidad colectiva. Lo que está en juego no es solo el derecho a morir dignamente, sino la posibilidad de construir una sociedad cuyas instituciones se hagan cargo de cómo quieren participar de la vida de las personas, incluso en el momento de su muerte”.
Imagen: Freepick
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