DMD-Asturias participará el próximo 21 de julio en la Junta General del Principado de Asturias, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ante la Comisión Especial no Permanente de estudio de la gestión de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19. La asociación presentará una serie de reflexiones sobre la forma en que se ha aplicado la Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de vida, en vigor desde octubre de 2018. Asimismo, ofrecerá propuestas de mejora sobre las actuaciones llevadas a cabo.
La Comisión en la que intervendrá DMD-Asturias tiene como finalidad que los diferentes Grupos Parlamentarios de la Junta del Principado de Asturias recopilen información sobre lo ocurrido durante el periodo de alerta sanitaria en la región para así poder, en primer lugar, ofrecer un diagnóstico en base al cual poder elaborar propuestas que permitan buscar soluciones a los problemas detectados.
La intervención de DMD se centrará en cuatro aspectos:
El derecho a una muerte digna, definida ésta como una ‘buena muerte’ en la que se respeten los valores y creencias, sean estos los que sean, y en la que la persona tenga control sobre las propias decisiones a lo largo de todo el proceso. Se trata de un derecho reconocido por la ley y por tanto de obligado cumplimiento en todas las circunstancias, incluidas las generadas por una situación de crisis como la provocada por la COVID-19.
Los derechos no pueden ser ejercidos cuando se desconocen; es obligación de las administraciones darlos a conocer a la ciudadanía y, especialmente, a quienes tienen una mayor dificultad de acceso a este conocimiento. Las personas de mayor edad (y en este grupo especialmente las mujeres), menor poder adquisitivo, dependencia o extranjería, van a necesitar recibir información específica y que se les facilite la comprensión de los términos de una ley que intenta asegurar algo que todo ser humano desea, pero que es difícil de gestionar desde que los procesos de la vida se han tecnificado tanto. Creemos que es necesario programar de forma sistemática actividades de formación/información que lleguen tanto a la ciudadanía en general -muy especialmente a los grupos más vulnerables por las causas señaladas anteriormente- como al personal sociosanitario.
La Atención Primaria es quien debe salir reforzada de esta crisis. Son las y los profesionales cercanos a quienes sufren algún tipo de patología quienes mejor pueden atender procesos sobrevenidos como el que hemos vivido. El cuidado a quien enferma no es sólo técnico, sino que tiene unas variables de relación humana que deben ser tenidas en cuenta. Conocer los valores y creencias ante la muerte de una persona no es algo que se improvise, exige una relación cercana y prolongada en el tiempo que sólo una Atención Primaria a cargo de profesionales con la dotación y disponibilidad adecuadas pueden atender.
La urgencia de la situación sobrevenida obligó a la elaboración de protocolos de acompañamiento que deben ser revisados de inmediato, en especial aquellos que se refieren a las Residencias de personas Mayores. La edad no puede ser vista como un factor discriminatorio y de pérdida de derechos; las personas que han optado por pasar su última etapa de vida en instituciones comunitarias de cuidado deben conservar sus derechos ciudadanos y en especial los que aquí se reivindican.
Finalmente, vamos a insistir en la urgente necesidad de poner en funcionamiento el Observatorio de la Muerte Digna de Asturias que es el órgano encargado de ir haciendo un mapa de los lugares y condiciones en los que se produce el proceso de final de vida en Asturias, de evaluar la calidad asistencial y de evitar la variabilidad geográfica, temporal y sociocultural de aplicación de los derechos que reconoce la ley.
Puedes ver la comparecencia pinchando aquí
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