Una ciudadana gallega, según ha informado la asociación Derecho a Morir Dignamente, ha decidido postergar su proceso de eutanasia, inicialmente previsto bajo la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia.
Semanas atrás, una denuncia presentada en un juzgado de Santiago de Compostela buscó interrumpir este proceso, cuestionando gravemente las actuaciones médicas involucradas. Sin embargo, tras las diligencias judiciales correspondientes, la denuncia fue archivada, según informan desde la asociación, y no se puso en duda la capacidad de decisión autónoma de la persona afectada.
Esta decisión de postergación, según indican desde Derecho a Morir Dignamente, no es un hecho aislado y no cuestiona el proceso de eutanasia. En palabras de la asociación, «es algo relativamente frecuente en el ejercicio de este derecho y tiene múltiples motivos». Además, enfatizan que «la decisión libre de la persona es la base de todo el proceso».
El caso ha sido objeto de controversia por parte de sectores confesionales extremistas, que han intentado capitalizar ideológica y políticamente la situación, según indican desde la asociación. Afirman que estos grupos han sido acusados de «distorsionar hechos, sobreactuar y sembrar dudas y confusión» acerca de los métodos y procedimientos de valoración de la eutanasia.
Desde Derecho a Morir Dignamente recuerdan que la evaluación de la capacidad de la persona que solicita la eutanasia es parte fundamental del proceso, asegurando que se respeten los derechos del solicitante. Critican duramente a las entidades confesionales por sus valoraciones públicas contra el procedimiento seguido, acusándolas de ignorar lo estipulado por la ley y de desconsiderar el esfuerzo emocional de todos los intervinientes en el proceso.
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